En el oscuro y a veces confuso mundo de la legislación española, hay cambios que pueden pasar desapercibidos, como un gato precioso en una tienda de mascotas. En esta ocasión, la reciente modificación del artículo 14 de la ley orgánica 7/2014, que se está discutiendo en el Senado, ha suscitado un verdadero aluvión de reacciones. Y no es para menos: la ley, que inicialmente buscaba adecuarse a la normativa europea sobre el intercambio de información de antecedentes penales, ha puesto en tela de juicio la justicia y la seguridad en el país. Pero, ¿qué está ocurriendo realmente?

Una reforma que llegó sin hacer ruido

Primero lo primero. La ley que se debate, y que ha pasado por el Congreso casi sin que nadie se diera cuenta, propone eliminar la disposición que limitaba la acumulación de condenas cumplidas en otros países. ¡Sí, así como lo escuchan! Según la nueva normativa, las condenas penadas en otros países de la Unión Europea podrán ser tenidas en cuenta en España. Hasta aquí parece que todo puede tener sentido, ¿no? La idea es hacer justicia y abarcar todo el historial judicial de un individuo. Pero no nos dejemos engañar por las apariencias.

El trasfondo del artículo 14

Al profundizar un poco más, descubrimos que esta «mejora» tiene su lado oscuro. Antes de la modificación, existía una salvaguarda que pactaba que las sentencias dictadas antes de 2010 no se podían acumular. Esa cláusula, en términos sencillos, era un filtro legal, un paraguas que protegía a las víctimas de posibles ventajas para quienes ya han sido condenados en el pasado. Ahora, con su eliminación, se abre la puerta para que condenas previas de terroristas, o de cualquier otro recluso en similares circunstancias, puedan influir y posiblemente reducir su tiempo de prisión en España.

El efecto domino de la reforma

Y aquí es donde la historia se complica. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha señalado que al menos 44 reos, y según algunas cifras, siete de ellos podrían ser excarcelados prácticamente de forma inmediata con la nueva ley. ¿Te imaginas la sensación de los afectados y familiares de las víctimas? Es como si, después de todo lo que han vivido, el sistema legal les diese un deja vu desagradable, como ese momento en el que te das cuenta de que olvidaste hacer algo en la oficina justo antes de salir de vacaciones.

¿Qué tienen que decir los actores involucrados?

Las reacciones no tardaron en llegar. El Partido Popular (PP), que inicialmente había apoyado la ley, ahora habla de «artimañas» y de un «error generalizado». Por otro lado, Vox ha exigido que se retrase la tramitación de esta controvertida norma. ¡Qué giro de guion! Pero al margen de las diferencias políticas, lo que resalta es el sentir de una parte de la población que teme por la seguridad en las calles de su país.

La perspectiva de Sumar y del gobierno

Por su parte, los miembros de Sumar argumentan que esta modificación busca corregir una discriminación. «Los vascos también son españoles», dice uno de sus representantes con cierto tono desafiante. Sin embargo, desde las filas del gobierno, se alzan voces que aseguran que esta tramitación ha sido pacífica y unánime. Me resulta curioso que en un tema tan delicado como este, la “paz” y la “unanimidad” se conviertan en la bandera de un debate que provoca tanto desconcierto. En la vida real, aquí en la calle, la mayoría de la gente no ve las cosas así.

Preguntas que surgen en la mente del ciudadano

La pregunta que cabe hacerse es: ¿realmente se ha tenido en cuenta el efecto de esta reforma sobre las víctimas? ¿Se han considerado los riesgos de una posible desestabilización del orden social al permitir que ciertos individuos, con un pasado delictivo tan cuestionable, se beneficien de forma tan expeditiva?

Un vistazo a la normativa europea

Es interesante notar que España no es un caso aislado. Otras naciones de la Unión Europea también han tenido que enfrentar estos dilemas. La directiva sobre el reconocimiento de resoluciones judiciales en la UE se ha convertido en el marco dentro del cual España ha tratado de encajar su legislación. Pero, como ya hemos mencionado, lo que parecía una reforma para adherirnos a normativas internacionales ha desencadenado unos efectos inesperados. ¿Es realmente la justicia lo que se busca o más bien un «libro de instrucciones» que permite la flexibilidad de las condenas en ciertos casos?

Escucha a las víctimas

No olvidemos que tras cada número, tras cada legislación fría, hay vidas, historias y familias que siguen sufriendo. La voz de las víctimas debe ser el núcleo de cualquier discusión sobre reformas que tengan una implicación tan grave en su bienestar. En esta línea, invito a reflexionar sobre las palabras de un familiar de una de las víctimas del terrorismo que decía: “No podemos olvidar ni a los que se fueron ni a los que aún luchan por esta sociedad”.

En conclusión, la eliminación de esta disposición legal podría ser uno de esos momentos cruciales en los que el destino social de un país se redefine. La reforma, como hemos visto, ha generado un auténtico vendaval de reacciones. Hemos de ser conscientes, por lo tanto, y más aún, empáticos ante la realidad de quienes luchan cada día contra las sombras del pasado que afectan a su presente y futuro.

Reflexiones finales

Así que, querido lector, la próxima vez que escuches sobre una reforma legal, pregúntate: ¿qué hay detrás de este cambio? ¿A quién afecta realmente? Y recuerda, la justicia no es solo un concepto abstracto; es, ante todo, una experiencia vivencial que se manifiesta en el día a día de la sociedad.

¿Y tú, qué piensas de esta reforma? ¿Te atreverías a plantear tu opinión en una conversación acalorada sobre el tema? ¡Recuerda que a veces lo que parece lejano termina por tocarnos de forma personal!