Es curioso cómo a veces olvidamos lo fundamental. Hablando de derechos, existe uno que a menudo parece pasar desapercibido en las salas de los tribunales: el derecho a ser escuchado de los niños. A veces me pregunto, ¿cuántas decisiones importantes se toman sin siquiera preguntarle a los más pequeños lo que piensan? ¿Es que en la sociedad en la que vivimos realmente creemos que su voz no importa? Si te parece inquietante, no serías el único. Hoy vamos a explorar un tema que debería estar en la conversación de todos: la falta de consideración hacia los menores en el ámbito judicial, utilizando como hilo conductor el complejo y controvertido caso de Juana Rivas.

El caso de Juana Rivas: un laberinto judicial

Para quienes no estén familiarizados, el caso de Juana Rivas se refiere a una madre que ha estado luchando por la custodia de sus hijos frente a su expareja, quien ha sido acusado de maltrato. Lo que debería haber sido un proceso de protección y consideración hacia los menores implicados se ha convertido en un campo de batalla judicial que dura ya casi una década, e increíblemente, hasta la fecha, su hijo menor no ha sido escuchado por ningún juez. Suena absurdo, ¿verdad?

Imagina estar en los zapatos de ese niño. Tener una experiencia llena de tensión y miedo, y que, en vez de ser escuchado, se le haya ignorado en tantas ocasiones. ¿Es realmente así como se protege el «interés superior del menor»? Esa frase que suena tan bien en teoría, pero que en la práctica parece estar a años luz de convertirse en realidad.

El derecho a ser escuchado: ¿un lujo o una necesidad?

Esta situación nos lleva a la amarga verdad de que es habitual que los jueces ignoren el derecho de los niños a ser escuchados. Una parte esencial de la protección de sus derechos debería incluir no solo su opinión, sino también un espacio donde sus voces sean valoradas. Te invito a reflexionar: ¿cómo puede un juez determinar el interés superior de un niño sin escuchar lo que este tiene que decir? Es como intentar resolver un rompecabezas sin tener todas las piezas.

Según el artículo 2 de la LOPIVI (Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia), esta normativa es aplicable a todos los niños en España, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa. Sin embargo, la desafortunada realidad es que muchos jueces y abogados no están al tanto de esta legislación, o incluso peor, eluden su aplicación.

La falta de conocimiento y su impacto en los menores

No sé tú, pero a veces me siento como un detective privado con una lupa, tratando de encontrar la lógica detrás de estas decisiones judiciales. ¿Cómo es posible que, a pesar de contar con una normativa clara y precisa, aún estemos lidiando con estos problemas?

Desde 2015, se ha ignorado que los niños en contextos de violencia machista son víctimas de violencia de género, incluso si no son testigos directos de dicha violencia. Entonces, ¿cuántas veces se han sentido invisibles en un contexto que debería protegerlos? Esto no solo es una cuestión de justicia; es una cuestión de empatía.

La LOPIVI de 2021 debería ser un faro que ilumina el camino correcto; sin embargo, parece que muchos se han perdido en la niebla de sus prejuicios y falta de formación. En un entorno donde el miedo debe ser reemplazado por la comprensión y el respeto, no podemos permitir que la falta de conocimiento siga afectando a nuestros menores.

Más de una víctima en el entorno familiar

Es esencial entender que cuando una madre sufre violencia, sus hijos también son víctimas. La LOPIVI establece que estos menores tienen derechos y, de hecho, tienen derecho a contar con asistencia letrada gratuita. Esto es crucial, porque cada niño que ha sido afectado por la violencia tiene una voz que merece ser escuchada.

Hablando de derechos, a menudo pienso en esos días en los que mi madre me dejaba elegir qué ver en la televisión. Un pequeño gesto que me hacía sentir importante, como si mi opinión realmente importara. Ahora imagina, en lugar de elegir entre un programa o otro, el derecho de un niño a ser escuchado en algo tan significativo como su futuro. ¿No es una forma de amor y protección?

La obligación de denunciar: el papel de las instituciones

Cuando un niño denuncia maltrato, hay una obligación crujiente que pesa sobre los hombros de las instituciones y profesionales involucrados: deben informar y asegurar que se investigue. No es suficiente con escuchar; se necesita acción. Este proceso debe ser claro y garantizar que el derecho a ser escuchado de los niños esté en el centro de cualquier decisión. No se trata de ser testigos de un procedimiento legal, sino de promover un entorno seguro y respetuoso.

Pero aquí viene un pequeño giro irónico en la historia: mientras algunos han de ser formados para ser escuchados, otros simplemente se niegan a hacerlo. ¿Por qué? Bueno, en esta era de información, aún hay una falta alarmante de formación y conciencia en torno a cómo tratar con menores en situaciones de vulnerabilidad. Que triste pensar que, en una era donde le damos mucha importancia a los derechos humanos, aún estamos haciendo caso omiso a las voces más jóvenes.

Formación y especialización: el camino hacia el cambio

Es impresionante cómo la formación y la especialización pueden marcar la diferencia entre un proceso judicial que protege los derechos de los menores y uno que, por el contrario, los vulnera. ¿Te imaginas un tribunal donde el derecho a ser escuchado de cada niño sea tratado con la misma seriedad que el derecho a un abogado? Es posible, y debería ser la norma.

Los tribunales deben implementar pautas que garanticen que no solo se escuche a los menores, sino que se les dé un tratamiento adaptado a su situación y edad. Por ejemplo, un niño de 5 años no se expresa de la misma manera que uno de 12. Las habilidades necesarias para navegar estos océanos emocionales son cruciales y, sinceramente, ¡un poco de empatía nunca viene de más!

Un cambio de mentalidad es urgente

Volviendo al caso de Juana Rivas, su historia ha abierto un debate crucial sobre la necesidad de que los jueces reconozcan el derecho a ser escuchado. Esperemos que llegue el día en que ningún juez se atreva a tomar decisiones sin garantizar la voz de cada niño involucrado. Todos hemos oído la frase «el interés superior del menor», pero, ¿cuántas veces realmente se aplica en la vida real?

Los niños no son objetos en un tablero de ajedrez, movidos a voluntad de adultos en conflicto. Son sujetos de derechos, con sentimientos, miedos y esperanzas. Para ellos, un tribunal debería ser un lugar seguro, un santuario donde su voz es valorada y respetada. ¿Podemos, como sociedad, permitirnos seguir ignorando este derecho fundamental?

Conclusión: una responsabilidad compartida

¿Y ahora qué? La clave para cambiar la narrativa está en nuestras manos. Como sociedad, debemos exigir a las instituciones que se comprometan a formar a jueces, fiscales y abogados para que entiendan que la voz de un niño no es simplemente un eco; es un grito por reconocimiento y justicia.

Como alguien que ha tenido el privilegio de trabajar con niños en diferentes contextos, puedo asegurar que su visión y perspectiva no solo son valiosas, sino esenciales. La lucha del caso Juana Rivas es solo una de muchas, pero cada caso es un espejo que refleja nuestras responsabilidades hacia la infancia.

Recordemos siempre que escuchar no es solo oír; es validar y proteger. No dejemos que la historia de Juana Rivas caiga en el olvido, y sigamos luchando para que cada niño tenga la oportunidad de ser escuchado. En un mundo que a menudo puede parecer caótico e injusto, asegurémonos de que la voz de los más vulnerables nunca quede silenciada. ¿No crees que cada niño merece ese derecho?