La pandemia de Covid-19 puso a prueba a todos los sistemas de salud de los países y, por si fuera poco, también sus sistemas de contratación pública. En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se vio envuelto en un mar de incertidumbres y cuestionamientos debido a unos contratos de emergencia que han despertado no solo la atención de los medios, sino también la de la justicia. El juez Javier Santamaría ha comenzado a investigar si hubo un delito de prevaricación en los contratos del SAS entre 2020 y 2024, lo que ha generado un intenso debate sobre la legalidad, la transparencia y la eficacia en la gestión de la crisis sanitaria. ¿Pero qué es lo que realmente está detrás de este escándalo?

Un cambio controversial en la fiscalización de contratos

El 6 de octubre de 2020, el Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó un acuerdo que excluyó la fiscalización previa que regía para los contratos de emergencia, permitiendo un control posterior. Este cambio fue respaldado por la entonces interventora general de la Junta, Amelia Martínez Sánchez, quien ahora ocupa otro cargo administrativo. Aunque en medio de una crisis sanitaria es comprensible la prisa por gestionar recursos y fondos, el argumento utilizado para justificar este cambio no menciona la pandemia y carece de especificidad. ¿Es posible que la necesidad de rapidez haya echado por la borda la transparencia y el control necesarios?

Establecer un único procedimiento de auditoría anual para estos contratos a posteriori sonó a muchos como un pasaporte libre para firmar y ejecutar contratos sin el debido escrutinio. Después de todo, si un auditor revisa lo hecho dos años después, ¿cuál es el efecto disuasorio inmediato para quienes pueden tener intenciones dudosas?

Las consecuencia de una gestión «ágil»

La suavización de los controles permitió al SAS firmar contratos “a dedo” con clínicas privadas que sumaron más de 240 millones de euros de fondos públicos en apenas un par de años. Un desastre, según los informes de la Intervención General, que denuncia que la gestión fue “indebida” y que se abusó de la tramitación de emergencia incluso cuando la pandemia ya había empezado a desacelerarse. ¿No resulta irónico que en un momento donde se esperaba lo mejor de nuestros gestores, estaban abriendo la puerta a posibles abusos?

Los contratos de emergencia se diseñaron para responder a crisis inminentes. Sin embargo, cuando la situación se estabilizó, el SAS continuó aplicando procedimientos que ya no tenían justificación. Esto es un punto que ha desencadenado la acción legal por parte del PSOE, que sostiene que el acuerdo del 6 de octubre de 2020 fue una parte de un plan más amplio para facilitar contrataciones irregulares.

De la intervención a la viceconsejería: un viaje intrigante

La historia se complica aún más cuando consideramos a la protagonista de la cuestión: Amelia Martínez. Su transición de interventora a viceconsejera de Hacienda ha generado desconfianza y preguntas sobre su papel en el proceso. ¿Subió de rango a la vista de las decisiones controversiales que tomó o, al contrario, se vio atrapada en un entramado donde se priorizó la velocidad sobre la responsabilidad?

La memoria justificativa que ella firmó, que acompañó el acuerdo que eliminó el control previo, ha resultado ser más un documento de vacío que uno de sustento. “Las gestiones masivas de control pueden ralentizar la operación”. Si alguna vez te has encontrado atrapado en un embotellamiento de tráfico, comprenderás perfectamente lo que significa un retraso innecesario. Pero, ¿es esa razón suficiente para renunciar a la supervisión necesaria de la administración pública?

La reacción del PSOE: una marcha larga hacia la verdad

El PSOE andaluz ha captado la atención del público al emprender acciones legales, buscando que se abra una investigación por prevaricación. Los socialistas basan su acusación no solo en la eliminación de la fiscalización previa, sino en la aparente inacción del Gobierno andaluz para corregir el rumbo una vez que los informes de la Intervención comenzaron a cuestionar la legalidad de los procedimientos elegidos.

La historia no termina en un solo expediente o informe. En este contexto, diversos entes están excluyendo y acusando: desde el propio SAS hasta el Consejo de Gobierno andaluz entran en el punto de mira de la justicia. A medida que se desarrolla la investigación, queda en evidencia que la falta de control no solo ha afectado al uso de los recursos, sino que también pone en jaque la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

El costo de decisiones apresuradas

¿Y cuál es el costo real de estas decisiones? Hablamos de la pérdida de confianza de un ciudadano que ve cómo el dinero de sus impuestos se utiliza de manera poco clara. En tiempos de pandemia, donde la ciudadanía confiaba en que su salud estaba en manos de estos organismos, el descubrimiento de estas irregularidades ha creado una brecha que no será fácil de reparar.

Las repercusiones pueden ser devastadoras no solo para la administración pública, sino también para aquellos quienes realmente necesitan servicios de salud de calidad. Mientras tanto, los responsables no solo enfrentan declaraciones, sino que también se observan con recelo las futuras asignaciones de fondos para el sistema sanitario en Andalucía. La próxima vez que alguien se atreva a decir que “la burocracia es un mal necesario”, recordaré que a veces es un mal excesivamente necesario.

¿La lección que no estamos aprendiendo?

Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿es esto una lección que realmente estamos dispuestos a aprender? ¿Vamos a permitir que la falta de controles en la administración perpetúe un círculo vicioso donde la ineficiencia y la corrupción sean la norma? La mayor parte del tiempo, la historia se repite, y la corrupción prospera cuando la vigilancia se debilita, tal como lo demuestran estos casos.

Es un momento delicado, pero no es insalvable. La clave estará en la respuesta que den no solo los partidos políticos, sino también la sociedad civil. Las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación y los ciudadanos deben mantener el foco en este asunto, asegurándose de que estos escándalos no queden en meras anécdotas del pasado, porque, créanme, nadie quiere que se repita la historia.

Conclusión: ¿hacia dónde vamos desde aquí?

Hasta ahora, la investigación que se desarrolla promete sacudir los cimientos de la administración pública en Andalucía. Pero la pregunta sigue abierta: ¿se perseguirá la verdad o este será otro escándalo que, en unos meses, será olvidado entre nuevos titulares sensacionalistas?

La temporada de elecciones se acerca y es un momento crucial para exigir respuestas claras y acciones contundentes. Para renacer de este oscuro capítulo, necesitamos más que reformas superficiales; necesitamos un compromiso real hacia un sistema que valore la fiscalización y la transparencia.

Es hora de que, como ciudadanos, tomemos el papel de fiscalizadores y asegurémonos de que la próxima vez que se necesiten decisiones rápidas en tiempos de crisis, nuestras instituciones no repitan los mismos errores. Porque, al final del día, la correcta gestión de la salud pública no es solo una cuestión de números, sino de vidas.

Así que, ¿qué tal si empezamos a exigir más? La historia de la gestión de la pandemia en Andalucía puede que apenas esté comenzando. Y lo que logremos exigir hoy, determinará el legado que dejaremos para el futuro.