La justicia es un concepto tan amplio y complejo que parece que se ha convertido en el «pan del pueblo», como bien reza el dicho. El hambre de ella jamás cesa, y tal vez por eso el tema de la acusación popular sigue generando tanto debate en nuestro país. Este panorama se complicó aún más recientemente con las declaraciones del ministro de Justicia, quien no dudó en poner sobre la mesa la posibilidad de limitar la acusación popular, especialmente en relación con ciertos grupos ideológicos. ¿Un asunto menor o una verdadera amenaza a la democracia? Vamos a desgranarlo.

Un vistazo a la acusación popular

Historia y significado

La figura de la acusación popular en España es única y, podríamos decir, algo entrañable. Se remonta a épocas del Derecho Romano, donde la acción popular permitía a cualquier ciudadano ejercer la acción penal. En nuestro país, tuvo una resurgencia significativa en el siglo XIX, y desde la ley de enjuiciamiento criminal de 1872 se ha mantenido como una constante, incluso desde la actual Constitución de 1978.

Imagina, solo por un momento, que tu vecino, el que siempre se queja del volumen de tu música a las dos de la madrugada, pudiera presentar una acusación formal en un caso de corrupción que involucra al concejal del barrio. Él tiene el poder de hacer que se escuche la voz del pueblo en la sala de juicios. Esto otorga a los ciudadanos un papel fundamental en el sistema judicial, ya que ¡quién mejor que ellos para asegurarse de que se haga justicia!

El papel del Ministerio Fiscal

Si el papel del Ministerio Fiscal es crucial para el funcionamiento de la justicia, la acusación popular actúa como un contrapeso. En términos más sencillos, es un poco como el amigo que te dice cuando estás a punto de meter la pata en una conversación. Esta figura permite que otros actores, incluso ciudadanos comunes, puedan cuestionar y desafiar las decisiones que tomen los poderes del Estado.

Pero cuidado, porque no es oro todo lo que reluce. La realidad es que la acusación popular ha sido utilizada en muchos casos para hacer del sistema judicial un espectáculo mediático. Si bien hay ejemplos de su uso responsable, es indiscutible que también ha habido excesos. ¡Ah, la política! Ese gran teatro donde todos parecen actuar y la vida de los ciudadanos es a menudo una mera copia.

La propuesta de Bolaños

Su declaración en el cierre del año judicial

El ministro de Justicia, con la sutileza de un elefante en una cacharrería, sugirió que podría ser una mejor opción limitar el alcance de la acusación popular, y lo hizo en un momento en que muchos esperaban más candados para proteger la integridad de la justicia. Es como si te estuvieran diciendo que vigilarán el barómetro del tiempo, pero sin mirar al cielo. Lo raro es que esta inquietud no es nueva.

¿Qué sucedió en 2017?

Retrocedamos hasta 2017, un año lleno de promesas e ilusiones (o caos, según el lado en que estés). En aquel entonces, fue el Partido Popular quien intentó restringir la figura de la acusación popular, ¿te suena? ¡Hay que ver cómo giran los vientos! De repente, todo parece depender de quién esté en el poder. Pero, ¿acaso eso no es parte del juego de la democracia?

La cuestión no se trata solo de la ideología política. No, no, aquí hay algo más. La acusación popular ha sido un dolor de cabeza para aquellos en el poder, ya que el control que puede ejercer sobre las acciones del Gobierno es, en sus mismas palabras, «un problema democrático». ¿Pero no es esa la esencia de la democracia, el tan ansiado «poder para el pueblo»? ¿O estamos hablando solo de un «poder para algunos privilegiados»?

La voz del pueblo

La importancia de la acción popular en la justicia

La acción popular ha demostrado su valía en varios casos emblemáticos, incluyendo aquellos que involucraron a grandes nombres y escándalos financieros. ¿Quién no recuerda el caso de Bankia o las tarjetas Black? A menudo, el poder parece escapar del control del ciudadano. En tiempos pasados, había una especie de pacto entre los poderosos: «Si no nos acusas, tú no serás acusado.» Pero hoy, la historia puede ser diferente gracias al esfuerzo de organizaciones que han ejercido la acusación popular.

Una historia personal

Hablemos de una anécdota que presencié en mi propio vecindario: hace años, un grupo de ciudadanos se unió para acusar a un constructor que estaba arrasando un parque para edificar un nuevo edificio. Fue increíble ver cómo la comunidad se unió y logró que el caso llegara a juicio. La constructora pasada de moda terminó en la cuerda floja gracias a la acción popular. ¿Qué habría pasado si no existiera esta figura? Simplemente, continuaríamos teniendo varios edificios y familias molestas a la vez. Un claro peligro de limitar el acceso a la justicia.

Consecuencias de limitar la acusación popular

Un camino espinoso

La declaración del ministro de Justicia plantea más preguntas que respuestas. Muchos se preguntan si limitar la acción popular no sería un paso hacia un estado de derecho con menos control. Si se empieza a poner en tela de juicio la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda acusar, ¿qué será lo siguiente? ¿Cancelarán el derecho a protestar?

La historia se repite

La historia nos dice que los gobiernos, independientemente de su color, han tratado de limitar la acusación popular una y otra vez. En el Caso Botín, la presión sobre los actores judiciales fue inmensa, y el resultado fue que la justicia pareció bailar al ritmo del poder. ¿Podría repetirse esta historia? Sin duda, sí. La tentación de cerrar el paso a la justicia puede ser tan seductora como una pizza a las tres de la mañana.

¿Hay abusos en la acusación popular?

Es cierto, algunas voces han planteado que hay abusos en la utilización de la acusación popular. Pero, ¿acaso no hay abusos en cualquier sistema? Los jueces y tribunales ya tienen herramientas suficientes para evitar que eso suceda. La verdad es que entre algunos excesos y el monopolio del Estado sobre la justicia, muchos preferirían un poco de riesgo. Como se suele decir, ¡es mejor tener un poco de control comunitario que un desierto donde reina el poder absoluto!

Un futuro incierto

Reflexiones finales

Así que, ¿a dónde vamos desde aquí? Estoy seguro de que muchos ciudadanos se están rascando la cabeza y preguntándose: “¿Es realmente necesaria una limitación a la acusación popular?” Me atrevo a decir que la respuesta es un clara y rotunda no. ¿Por qué? Porque los mecanismos de control del poder son fundamentales en una democracia. Si empezamos a cerrar puertas, ¿qué pasará luego?

La acusación popular puede no ser perfecta, pero es uno de los pocos mecanismos que tenemos para asegurarnos de que nuestros líderes rindan cuentas ante el pueblo. Y, si funge como un escenario de conflicto entre las élites y los ciudadanos, tal vez es ahí donde verdaderamente brilla.

Reflexión final

En una democracia, el poder reside con el pueblo. Como ciudadanos, debemos ser los guardianes de la justicia. La acusación popular no solo es una figura legal; es un símbolo del empoderamiento ciudadano. Yo elegiría siempre un poco de caos legal, a un estado donde la élite pueda cerrar paso a la justicia en nombre de la «estabilidad». ¿Estamos dispuestos a permitir que eso ocurra? Sin duda, la respuesta debe ser un rotundo no.

Así que, la próxima vez que escuches a alguien cuestionar el papel de la acusación popular, ¡recuerda al constructor, a Botín y a todos los que luchan para que un poco de justicia no se apague! ¡Porque al fin y al cabo, cada acusación cuenta!

Y, como dice el refrán, «ten cuidado con lo que deseas, porque puede que lo consigas». Así que, mucho ojo con los deseos de limitar la acción popular. ¡Puede que eso termine por afectarnos a todos, amigos!