La educación siempre ha sido uno de esos temas que, cuando se tratan en familia o entre amigos, pueden evocar una amplia gama de emociones. Desde los recuerdos de la infancia en la escuela, hasta las angustias del sistema educativo actual. Y aunque no todos terminamos siendo educadores o pedagogos, a todos nos toca de cerca, al menos en algún momento de nuestras vidas. Hoy, sin embargo, vamos a abordar un caso que ha levantado más de una ceja en Valencia, y no es otro que el de Rosa Pérez Garijo, una exconsellera del Pacte del Botànic, quien ha denunciado lo que ella considera un ataque a los derechos educativos de sus hijas. Pero antes de adentrarnos en las entrañas de esta historia, ¿alguna vez has tenido problemas con la escolarización de tus hijos? Si es así, prepárate para sentirte identificado.

Contexto del suceso

El pasado 29 de octubre, la DANA (depresión aislada en niveles altos) arrasó con diversas localidades de la Comunidad Valenciana, dejando a muchos en situaciones desesperadas. Imagina un día cualquiera, y de repente, tu barrio se convierte en una escena de desastre natural. Esa fue la realidad de Rosa y su familia. Y mientras las casas y calles se recuperan con esfuerzo y trabajo arduo, la vida cotidiana sigue su curso… o al menos debería. Pero, en este caso particular, el sistema educativo parece haber querido jugar un partido que nadie pidió.

Rosa tiene dos hijas gemelas de 14 años, que, al parecer, siempre han sido unas estudiantes aplicadas. Pero cómo olvidar ese momento pavoroso de que, tras la DANA, su instituto en Catarroja “había quedado totalmente arrasado”. ¡Ouch! Ni siquiera un video de TikTok podría captar la magnitud de esa devastación. Para colmo, las clases virtuales dejaron mucho que desear. ¿No es frustrante ir a clase (virtualmente) y no tener ni la conexión adecuada? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el hilo en una llamada por Zoom con instrucción de “pido disculpas, se me cayó la conexión”? Rosa lo ha vivido de primera mano, y su queja se extiende más allá de la simple falta de clases.

La lucha por la educación

Rosa, como madre preocupada, no se quedó de brazos cruzados. Al día siguiente del desastre, envió una solicitud para que sus hijas fueran escolarizadas provisionalmente en el IES de Massanassa. Ciertamente, un movimiento lógico, considerando que su pareja trabaja ahí. Pero, oh sorpresa, la solicitud no fue respondida. ¿Alguna vez has sentido que eres invisible? Esa debe haber sido la sensación de Rosa, al ver que su solicitud se desvaneció en el vacío administrativo.

Pasaron los días, y la situación seguía sin cambios. Después de un tiempo, Rosa logró tener una conversación telefónica con un inspector educativo. Este, con mucha amabilidad (cosa que le sigue faltando a muchos que deben atender al público), le respondió que no podía aceptar la admisión porque no había una normativa clara al respecto. ¡Qué justo! Mientras tanto, sus hijas seguían sin recibir una educación digna, atrapadas en un limbo entre la escuela y la casa.

Las decisiones del Ayuntamiento

Luego de quedarse a la espera de que el sistema reaccionara, Rosa intentó comunicarse con el consistorio, gobernado por el PP. Las respuestas de la concejala de Educación, María José Vázquez, fueron también llenas de tecnicismos. Se justificaban limitaciones a la escolarización de sus hijas, cerrando la puerta, no solo a la educación que merecen, sino a la igualdad de oportunidades que deberían proporcionarse a todos los estudiantes. En otras palabras, que un papá trabaje ahí no les daba derecho. ¿No deberían priorizar el bienestar de las niñas, por encima de la burocracia?

¿Y la normativa?

Para Rosa, era evidente que las urgencias y circunstancias excepcionales pedían una mirada más flexible y compasiva por parte del sistema. Argumentó que su solicitud era completamente válida, ¡y lo es! La normativa educativa generalmente permite la escolarización por razones excepcionales. Si no, ¿dónde queda el derecho constitucional a la educación? Al parecer, más bien parece un derecho compartido solo con ciertas condiciones.

La voz de una madre

Lo que se suma a todo este drama es la experiencia personal de ser madre y preocupaciones por la educación de sus hijos. Rosa ya había servido en el Gobierno, y suponemos que aquella infraestructura pública que solía impulsar a favor del bienestar social parecía estar fallando en su momento más crucial. Uno empieza a preguntarse si se trata de un problema particular de ese municipio o una falla sistémica más amplia. Al final del día, una madre solo quiere que sus hijas tengan las mismas oportunidades que sus compañeros.

En este contexto, se hace imprescindible mencionar que Rosa realizó enormes esfuerzos para salvaguardar el planteamiento educativo que sus hijas merecían. Lo intentó todo: correos y reuniones con instituciones… Se convirtió en una especie de activista desde el living de su casa, con la esperanza de que algún funcionario reconociera sus derechos.

Pobre Rosa, imaginemos que en uno de esos mensajes, termina apuntando: “Ya sé que suena a queja, pero esto no es una novela de ficción. No debería estar escribiendo esto en pleno 2023, ¿verdad?”.

Un fallo en la comunicación

La realidad es que hay una apreciable desconexión entre las normas educativas y la aplicación en casos de emergencia. Al parecer, la burocracia se mueve lento, muy lento. Mientras las familias buscan opciones y caminos alternativos, el sistema se aferra a procedimientos obsoletos que no dan respuesta a una situación actual y delicada. La frase “a veces la respuesta más sencilla es la correcta” nunca ha sido tan cierta.

En este punto, imagina un equipo de fútbol que se queda parado mientras genera una jugada de gol. El balón va al centro del área y todos los jugadores miran, dudando de si deben hacer un movimiento o no. Así es el panorama de la educación en ocasiones. No se entiende que, incluso en la dificultad, un mínimo esfuerzo puede abrir puertas.

La verdad es que se necesita cambiar

No debería sorprendernos que haya un número creciente de padres en toda España, al igual que Rosa, enfrentando situaciones parecidas. La educación no debería convertirse en una lucha constante, muchas veces con trasfondos de disputas políticas… ¡Pero claro, hay un viejo dicho que dice que el camino hacia la escuela está lleno de obstáculos!

Rosa Pérez Garijo no solo está luchando por la educación de sus hijas, está abriendo un camino hacia la discusión en un ámbito que debería ser igualitario para todos. A través de su historia, muchos padres se ven reflejados en su afán por exigir sus derechos como ciudadanos de pleno derecho. No es solo un tema político; al final, estamos hablando de los futuros dirigentes que pasarán por las aulas. ¿No sería genial un mundo donde más padres lucharan por una educación digna, como ella?

Conversando sobre la autonomía educativa

Lo verdaderamente interesante aquí es que el caso de Rosa también abre la puerta a una crítica sobre la autonomía educativa en situaciones de emergencia. La norma debe ser capaz de adaptarse. En este sentido, la flexibilidad tiene que estar presente no solo en la respuesta del sistema, sino también en la capacidad de adaptación de quienes ocupan cargos y generan decisiones.

Rosa ha declarado que su trayectoria política podría haber influido en las decisiones que han tomado a la hora de atender su solicitud. Más allá de lo anecdótico, es un tema a reflexionar: ¿hasta qué punto puede el historial de una persona afectar sus derechos? En un mundo ideal, los derechos fundamentales no deberían depender de conexiones previas o de relaciones políticas.

No se trata solo de un pleito legal

El asunto de Rosa es un ejemplo claro de que no se trata de un simple pleito legal, sino de una historia que pone en juego valores profundamente humanos como la justicia, la igualdad y, sobre todo, el derecho a la educación. Y hablando de valores, ¿no te parece que cada vez que leemos este tipo de cosas, nos hace preguntarnos sobre la calidad del sistema que tenemos? Esto se trata de algo más que solo gestionar recursos. Es la futura generación de ciudadanos la que está en juego.

¿Y ahora qué?

De esta manera, la historia de Rosa Pérez Garijo se convierte en un referente de denuncia social y una invitación a dialogar sobre un sistema educativo que, aunque marcado por su complejidad, necesita responder al sentir de una sociedad que busca más que solo formalidades. La lucha continúa, no solo para Rosa y su familia, sino para todos los que se ven reflejados en esta angustia. Porque al final, la educación no debería ser una batalla más en la vida de los padres, sino un camino compartido hacia el futuro.

¿Y tú, qué opinas? ¿Hasta qué punto se debería flexibilizar la normativa educativa ante casos excepcionales? No dudes en dejar tu opinión, porque la conversación apenas comienza. Recuerda, la educación es de todos y para todos.