La educación es uno de esos temas que todos llevamos en el corazón, ya sea porque ávidamente la disfrutamos en nuestra infancia o porque, como padres, nos mantenemos al tanto para garantizar que nuestros pequeños reciban la mejor formación posible. Pero, ¿qué ocurre cuando las luces que deberían iluminar el camino educativo se apagan por la falta de claridad y justicia? Este es el escabroso asunto que ha llevado a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de España a emitir sentencias que han removido los cimientos de un servicio crucial para el alumnado con necesidades específicas de apoyo en las Islas Canarias.

El contexto: Privatización de servicios, cesión ilegal y un largo camino hacia la justicia

La historia comenzó en abril de 2016 cuando Aeromédica, una empresa privada, ganó un contrato para proporcionar servicios de atención a alumnos con necesidades educativas especiales. A pesar de que el contrato fue prorrogado hasta marzo de 2021, la empresa ha seguido operando en un cuestionable vacío legal, facturando miles de euros a la administración pública a través de expedientes de nulidad. ¿Y quién paga el precio? Principalmente, aquellos que trabajan arduamente en las aulas: los educadores y auxiliares.

Imagínate que eres un educador en una de las aulas en Las Palmas, con una carga de trabajo de hasta 400 personas a tu cargo y múltiples centros educativos que visitar. En lugar de recibir instrucciones claras y apoyo, te encuentras zambullido en un sistema que parece más un laberinto que un camino a seguir. Y lo que es aún más irónico, solo puedes comunicarte con tu empresa a través de emails que podrían haberse escrito desde la comodidad del hogar. ¡Me pregunto si hubiera sido más eficaz enviar un mensaje en una botella!

Las sentencias recientes del Tribunal Supremo han validado que hubo una cesión ilegal de trabajadores; es decir, que los empleados de Aeromédica fueron utilizados como mano de obra sin el control adecuado de la empresa. En definitiva, el Tribunal no vio con buenos ojos que los docentes de estos centros recibieran las órdenes del personal educativo de los colegios, en lugar de su propia empresa.

Las implicaciones de las sentencias: reconocimiento y reparaciones

Uno de los resultados más importantes de estas sentencias es que el personal afectado de Aeromédica adquiere la condición de personal laboral indefinido no fijo dentro de la consejería. Esto significa que, después de que la neblina del caos y la confusión se disipe, estos educadores finalmente recibirán la consideración y los derechos laborales que merecen. En un mundo donde tantas cosas parecen temporales, ¿acaso no es un alivio tener un trabajo más seguro?

No obstante, esto tampoco es un cuento de hadas. Las sentencias estipulan que tanto Aeromédica como el Gobierno deben abonar las diferencias salariales. En términos sencillos, si una trabajadora de Aeromédica cobraba unos 845 euros al mes por 25 horas lectivas, sus colegas en el sistema público ganaban entre 1,049 y 1,164 euros por el mismo trabajo. ¿Por qué alguien querría hacer el mismo trabajo por un sueldo inferior? Lamentablemente, en la educación, la precariedad laboral parece ser el nombre del juego.

Una mirada crítica a la gestión del servicio educativo

Desde aquellos años en los que empezamos a ir a la escuela, todos hemos escuchado propuestas sobre “los derechos de los trabajadores”, pero parece que en el sector educativo todo se complica, especialmente cuando entramos en el terreno de la privatización. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha defendido su proceder alegando que la naturaleza del contrato no estaba en entredicho, sino que había problemas de gestión en ciertos centros. Y aquí viene la típica excusa de “sí, pero no”.

Y mientras los funcionarios del gobierno se pasan la pelota de este escándalo, los estudiantes siguen siendo los que realmente sufren. Muchos padres y madres están preocupados por las habilidades y cualificaciones de los trabajadores que reemplazan a los educadores bajo un sistema en el que los recursos son escasos y los criterios de selección son aún más débiles.

Un comentario de Gerardo Rodríguez, del sindicato STEC-IC, que llega al fondo de la cuestión, señala que «privatizar la educación es igual a precarizar». Y no le falta razón. Al final, todo se reduce a una simple pregunta: Si se les hace un desaire a quienes educan a nuestros hijos y se les priva de condiciones dignas para desempeñar su trabajo, ¿qué tipo de educación se les está brindando?

La voz de las familias: más que un eco

La lucha de los padres y representantes de familias es un eco que resuena fuerte y claro. Muchas voces se han alzado en protesta (que, dicho sea de paso, no hacen otra cosa sino explicitar el sentido común) solicitando un cambio. Jorge Hernández, presidente de una asociación de padres y también coordinador de la comisión de NEAE en Canarias, ha volcado su frustración en sus palabras, alegando que «el Gobierno quiere ahorrar [dinero] y aprovecha el eslabón más débil: el alumnado con necesidades educativas especiales”.

¡Y que nadie se engañe! Lo que buscan padres como Jorge es un sistema en el que sus hijos tengan las oportunidades que merecen. Porque al final del día, el objetivo es claro: Formación, inclusión y un futuro brillante para todos los estudiantes, independientemente de las adversidades que puedan enfrentar.

Reflexiones personales y conclusiones

Mientras todo esto sucede, uno no puede evitar sentirse desilusionado. Como padre, educador o simplemente ciudadano, desearía que nuestro sistema educativo estuviera diseñado para funcionar sin problemas y, lo más importante, que estuviera orientado a servir al alumnado y a sus educadores. Hay una gran cantidad de talento y dedicación en estos trabajadores, y es crucial que se les reconozca y se les brinde el apoyo adecuado.

Es impresionante ver cómo la legalidad puede servir como un baluarte frente a las injusticias. Estoy seguro de que muchos se preguntarán: ¿y el Gobierno de Canarias? ¿Por qué no tomaron medidas preventivas antes de llegar a este nivel de caos? El tiempo dirá si se tomarán decisiones que realmente cambien la dinámica de este asunto.

Así que, mientras esperamos que se publiquen las nuevas bases para la gestión de estos servicios, la pregunta que nos queda es: ¿estamos dispuestos a permitir que las futuras generaciones se enfrenten a un sistema educativo que está anclado a la precariedad y la ambigüedad? La respuesta está en nuestras manos y el cambio comienza con cada uno de nosotros.

Este es un llamado a la acción. Porque la educación, más allá de ser un derecho, es la base sobre la cual construimos un futuro. Y como dice la sabiduría popular: “Educación es lo que queda después de olvidar lo que aprendiste en la escuela”. Espero que ese “algo” que quede sea un compromiso real con la mejora y la equidad. Ánimo a todos. ¡Nos vemos en la próxima!