Cuando hablamos de nuestra salud, lo último que queremos imaginar es que, tras cada consulta médica, pueda haber un trasfondo de irregularidades o corrupción. Sin embargo, el reciente escándalo en torno a los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) está sacudiendo la opinión pública y planteando serias preguntas sobre la integridad de nuestro sistema sanitario. ¿Qué está sucediendo realmente en este laberinto judicial? ¡Acompáñame en este recorrido que promete ser más intrigante que una serie de Netflix!

El origen del escándalo: ¿contratos a dedo?

Todo comenzó cuando se destaparon irregularidades en los contratos tramitados por el SAS durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia. Aunque no es algo nuevo para el ciudadano común, el escándalo ha cobrado fuerza debido a la denuncia presentada por los parlamentarios andaluces del Grupo Socialista. Estos alegan que el gobierno ha estado utilizando procedimientos de emergencia para adjudicar contratos a clínicas privadas sin la debida publicidad y concurrencia competitiva. Vamos, como si estuvieran comprando churros en la puerta de un colegio: rápido, fácil y, quizás, un poco sospechoso.

He de confesar que, como alguien que ha vivido toda su vida en Andalucía, esto me resulta particularmente doloroso. Venir a saber que cada vez que visito a mi médico, hay una sombra de duda sobre la transparencia del proceso, me hace querer cambiar mi doctora por un horóscopo semanal.

Doble negativa y la resistencia del PSOE

A medida que el escándalo se desarrolla, el nuevo juez José Antonio Gómez Díez, del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, ha decidido no abrir una «causa general» para investigar las irregularidades provinciales. Esto provocó un nuevo ataque por parte del PSOE, que busca centralizar la investigación y seguir ahondando en las irregularidades de los contratos. Se podría decir que están tan motivados, que si fueran un grupo musical, estarían en plena gira.

Lo que me resulta curiosamente cómico es que el juez, en un tono casi paternalista, desestimó la ampliación de la querella del PSOE, alegando que no aportaron ninguna evidencia concreta de las directrices provenientes de los servicios centrales del SAS. ¿No les suena a “no tengo pruebas, pero tampoco dudas”?

Estructuras normativas en el SAS: ¿existen realmente?

Otra cuestión que ha surgido del proceso judicial es la necesidad de ver si existen estructuras normativas que dificultan las contrataciones en las provincias. El PSOE, en un movimiento de “más vale tarde que nunca”, ha presentado evidencias normativas y documentos relacionados con cómo se deben manejar estas contrataciones. Sin embargo, el juez parece no estar convencido.

Basta con sumar dos más dos, y uno espera que el resultado llegue a la misma conclusión. Pero, ¿quién se habría imaginado que el sistema sanitario andaluz pudiera parecerse tanto a un rompecabezas? A veces, las piezas parecen encajar, pero luego te das cuenta de que te falta un “bocado” fundamental, y ¿quién no ha tenido esa experiencia buscando en esos antiguos juegos de mesa en el trastero?

Las instrucciones como prueba y la lógica del PSOE

En un intento de reforzar su caso, el PSOE ha contribuido con unas “evidencias normativas”. Argumentan que la contratación de los servicios de salud debería haber sido supervisada por los servicios centrales del SAS. Pero aquí es donde necesitamos sacar nuestra lupa de detectives. Las instrucciones que rescató el PSOE sugieren que las contrataciones debían estar controladas y que el proceso no era tan independiente como se presentaba.

Imagina que un niño intenta tomar un helado del frigo sin que su madre lo vea. Al final, siempre habrá una madre que lo descubra y diga: “Pero, ¿dónde está la lógica en esto?” En el caso del PSOE, parece que también se están cuestionando la lógica, aunque con un trasfondo mucho más complejo que un simple helado.

¿Dificultades por el sistema de información corporativo?

Las instrucciones de 2013 y 2022 sugieren que el procedimiento de contratación en el SAS está repleto de filtros y autorizaciones previas. Aquí es donde ya no puedo más que levantar una ceja. Si las cosas eran tan “complicadas” de llevar a cabo, ¿por qué se implementaron sistemas tan laxos durante una pandemia? Más que un sistema de salud, parece más bien un juego de “quién lo hace peor”.

El papel de la Cámara de Cuentas

Por si fuera poco, el juez también ha decidido aceptar una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para obtener documentación de la Cámara de Cuentas. Me parece tan surrealista que casi puedo imaginarme la escena: un grupo de funcionarios haciendo piruetas acrobáticas en una búsqueda frenética por documentos. La solicitud tiene como objetivo reunir información sobre la legalidad de los contratos que se tramitaron durante 2020. Porque, claro, todos sabemos que la legalidad no es exactamente el fuerte de muchos en el mundo de la administración.

Si vas al supermercado y te das cuenta de que un producto tiene una oferta que no cumplen, ¿no te sentirías estafado? ¿No es esto lo que está sucediendo en la atención sanitaria? Los pacientes, o sea, nosotros, merecemos saber que los contratos no son solo papeleo improvisado.

Conclusiones y reflexiones finales

Mientras el escándalo judicial continúa su curso, las interrogantes sobre los contratos a dedo del SAS son más relevantes que nunca. Hay quienes creen que esto es solo una cuestión administrativa, mientras que otros ven en ello una falta de respeto hacia los ciudadanos que confían en el sistema de salud.

Como persona que ha pasado por la atención sanitaria en Andalucía, me siento atrapado en un juego de Monopoly donde las reglas cambian sin previo aviso. Y, como en cualquier juego, algunos siempre parecen salir ganando mientras que los demás se quedan con nada, excepto por la frustración y, en ocasiones, la irreversibilidad de la salud.

La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿cuánto tiempo continuará este circo en los tribunales? En una región donde la salud es sagrada, cada día que pasa sin claridad es un día más de incertidumbre.

Así que, si hay algo que deberíamos aprender de todo esto, es que la transparencia en el sector público no es solo necesaria; es vital. Porque al final del día, no se trata solo de números ni de contratos; se trata de personas, de pacientes, y de una historia que debe contar con un final más esperanzador. ¿O no?