La saga del programa María Goyri ha tomado un giro inesperado, que haría que incluso las mejores telenovelas de la televisión se sonrojaran. Minutos antes de una reunión crucial con rectores de universidades madrileñas, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció que cambia de rumbo. Después de un rotundo rechazo inicial, ahora están dispuestos a considerar la firma de un convenio que podría significar una inyección de recursos vital para el sector educativo. Pero, ¿qué es lo que realmente está en juego aquí?

Una historia de gastos y regateos

Un poco de contexto: el programa María Goyri, ideado para abordar las críticas de la falta de personal cualificado en las universidades públicas de Madrid, propone financiar la creación de 1,100 nuevas plazas para profesores ayudantes doctor. De estos, el Gobierno central cubriría 656 posiciones, mientras que la Comunidad de Madrid asumiría las 435 restantes. Y como cualquier trato negociado en una conversación de café, la propuesta ha tenido sus altibajos.

Recuerdo cuando en mis años mozos en la universidad, me enfrenté a una situación similar. Mi alma mater estaba tomando decisiones sobre quién podría o no continuar enseñando. Entre discusiones sobre presupuestos y la eterna falta de fondos, era como ver una película de acción sin el desenlace.

Así que, volviendo al tema, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, no se ha quedado callada frente a la zozobra del Gobierno madrileño. Según ella, el convenio es un tema que ya está en el tapete para todas las comunidades autónomas. “Si quiere rectificar, que lo haga de verdad y firme”, ha exclamado con una claridad que me recuerda a aquella vez que mi profesor de matemáticas exigió que entregáramos el examen final como si nos jugáramos el destino de la humanidad.

Un revés que sorprende

Lo que realmente hace que esta situación sea digna de una serie dramática es cómo Madrid pasó de una rotunda negativa a una aceptación titubeante. Después de recibir críticas duras por ser la única comunidad autónoma que decidió no firmar, el Gobierno regional ahora se muestra dispuesto a rubricar el acuerdo.

Sin embargo, aquí es donde se pone interesante: aunque la ministra Morant espera que se firme sin cambios, Madrid está buscando una propuesta alternativa. ¿A quién no le gusta tener la última palabra en un trato? Es como cuando uno está en una reunión de trabajo: llega el momento de la negociación y todos pretenden que tienen el mejor plan.

La flexibilidad es clave… ¿o no?

El Gobierno regional se ha quejado de que el programa es demasiado rígido en cuanto a los tipos de contratación. Quieren una mayor variedad en las figuras laborales que podrían ser contratadas, argumentando que solo priorizar a los ayudantes doctores no resolvía los problemas de plantilla. Con el paso del tiempo, he aprendido que tocar el violín y bailar ballet son dos cosas que no se pueden hacer al mismo tiempo. Lo mismo aplica a este acuerdo; si se busca estabilidad, ¿no tendría sentido diversificar los tipos de contratos?

La Consejería de Educación, que enfatiza su trabajo para adaptar el convenio a la realidad de las universidades de la región, jugará su propia mano en este enredo. Y es que ahora se enfrentan a un tiempo límite; tienen hasta mañana para firmar el convenio si desean que efectivamente se implemente en 2024. De lo contrario, se verán a la cola, probablemente en 2025, como una película que llega tarde a la sala de cine.

169 millones en juego

Es importante destacar que el programa María Goyri no es solo un asunto de burocracia académica; está en juego un total de 169 millones de euros durante los próximos seis años. No es poca cosa. Esta suma representa un esfuerzo considerable para abordar la precariedad en la educación superior y rejuvenecer la plantilla docente. Desde mi experiencia, nada es tan inspirador como saber que estos fondos podrían dar vida a nuevas investigaciones y oportunidades de aprendizaje para los estudiantes.

Imaginen, si se quiere, un aula llena de estudiantes entusiasmados, escuchando a un profesor apasionado que, tras años de arduo trabajo en su especialidad, finalmente puede transmitir su conocimiento. ¿No es eso lo que todos queremos ver?

Críticas y consideraciones

El tema no está exento de críticas. Recientemente, los rectores de las universidades han subrayado que la oferta financiera será exactamente la misma que en 2009, pero con una notable diferencia: la vida ha subido un 34% y, como resultado, la situación es más crítica que nunca. ¿Por qué algo tan vital como la educación debería estar atado a los mismos presupuestos de hace años?

Los rectores argumentan que este nuevo plan no solo es ineficiente, sino también potencialmente problemático a largo plazo. Al priorizar la figura del Profesor Ayudante Doctor, podrían verse obligados a enfrentar desafíos legales al no poder cumplir con otras categorías docentes. Empezamos a preguntarnos si estamos ante un acuerdo que podría generar problemas más que soluciones.

El futuro de la educación superior en Madrid

Así que aquí estamos, en un punto crítico. Un momento que no solo afecta a los líderes, los académicos y los estudiantes, sino a toda la comunidad que depende de una educación sólida y bien financiada. En un momento donde la democracia y la educación son más críticas que nunca, ¿no deberíamos exigir más claridad y compromiso de quienes están en el poder?

Aunque esto puede parecer un espectáculo de tira y afloja, la realidad es que las decisiones que se tomen influirán durante años en el escenario educativo de Madrid. La pregunta es: ¿se resolverá este enredo con la firma del convenio o será solo el inicio de un nuevo episodio de frustraciones y promesas incumplidas?

En la vida, he aprendido que, a veces, la negociación es como un juego de ajedrez. Y en este caso, con tantas piezas en juego, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central tendrán que hacer su movimiento con inteligencia y estrategia. ¡Que empiece la partida!

En resumen, el programa María Goyri no es solo un tema burocrático; es un símbolo del estado actual de nuestro sistema educativo. La atención del Gobierno debe centrarse en soluciones a largo plazo que beneficien a los estudiantes y a los académicos por igual, en lugar de decisiones apresuradas que, en última instancia, pueden hacer más daño que bien. Y tú, ¿qué opinas? ¿Debería el Gobierno reconsiderar su estrategia antes de dar el paso?