En los últimos días, la situación de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias ha tomado un giro inesperado. Para aquellos que piensan que el manejo de la migración es un asunto sencillo, les tengo una noticia: no lo es. A medida que hacemos un recorrido por este complejo entramado, nos encontraremos con políticas, decisiones judiciales y debates que, aunque parecen lejanos, impactan de manera muy real la vida de muchos niños y adolescentes que solo buscan un futuro mejor.

Pero, ¿qué está realmente ocurriendo en las islas? ¿Por qué el Gobierno de Canarias y el Consejo de Ministros están en el centro de esta tormenta política? Agárrate, porque este viaje está lleno de giros inesperados.

La situación actual: un llamado a la responsabilidad

Recientemente, el Consejo de Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria y el PP, ha decidido hacer un llamado al Consejo de Ministros para que cumpla con su obligación de atender a los menores migrantes no acompañados. Esto no es solo un gesto, sino una declaración de que la situación es seria. ¿Acaso alguien ahí afuera no lo ve?

Los menores migrantes no acompañados, aquellos que llegan a nuestras costas sin un adulto que se haga responsable de ellos, tienen el derecho a ser protegidos. Sin embargo, la responsabilidad de su atención, al menos según la ley española, recae en las comunidades autónomas. En este caso, Canarias se encuentra en una situación políticamente delicada.

Un protocolo cuestionado

Justo cuando creíamos que la situación no podía complicarse más, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidió suspender de manera cautelar un protocolo que el Gobierno de Canarias había implementado para alargar los trámites burocráticos previos a la acogida de estos menores. En otras palabras, todo lo que el Gobierno consideraba un paso necesario para la protección de los menores fue considerado por la Fiscalía como una vulneración de sus derechos fundamentales.

Esto no es solo un desacuerdo sobre el papel de un abogado. Implica la vida y el bienestar de niños que, desesperados, arriesgan sus vidas en el mar. Simplemente, eso es algo que no podemos ignorar.

La batalla política: ¿quién tiene la culpa?

Este tema se ha convertido en un escenario de batalla política. El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha mencionado que el protocolo impuesto por su administración podría resultar en una “ausencia de atención inmediata a los menores”. Sin embargo, la Fiscalía ha argumentado que la documentación adecuada debería hacerse después de la acogida, no antes. Se podría pensar que aquí estamos presenciando un juego de «pasa la pelota» entre las responsabilidades del Estado y las de las comunidades autónomas.

¿No suena un poco absurdo que, mientras los menores están en una situación vulnerable, las administraciones se peleen sobre quién debe ocuparse de ellos? En mi opinión, hay que recordar que estos son niños. A veces, tengo la sensación de que los adultos olvidamos que detrás de las cifras y los protocolos existen historias humanas desgarradoras.

¿Qué dice la ley sobre todo esto?

Aquí es donde las cosas se vuelven aún más enredadas. Según el artículo 14 de la Constitución española, todos somos iguales ante la ley. Esto significa que los menores migrantes no acompañados tienen derecho a ser tratados con dignidad y respeto. Por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por España, también protege a estos niños en situaciones de vulnerabilidad. Y aún así, en medio de toda esta normativa, parece que se pierde la esencia del cuidado hacia estos niños.

El informe jurídico de marzo de 2022, elaborado en el contexto de una Conferencia Sectorial de Infancia, puntualiza que la competencia sobre los menores migrantes es un tema que debería ser resuelto. Lo que se lee entre líneas es que, si no hay claridad sobre quién es el responsable, entonces estos niños pueden quedar atrapados en un limbo administrativo. Algo que, por cierto, ya se vivió en el pasado con otros grupos vulnerables.

Un panorama oscuro para los menores

La situación se complica aún más cuando se observa que, según los últimos datos, los centros de acogida en Canarias están a máxima capacidad. Esto significa que no solo hay una falta de recursos, sino que la comunidad se enfrenta a un dilema ético y práctico. ¿A quién debemos ayudar primero? La respuesta debería ser obvia: a los niños, pero las administraciones enfrentan la dura realidad de las limitaciones presupuestarias y estructurales.

Cuando escucho que «los centros de acogida están sobrepasados», no puedo evitar recordar aquella vez que intenté hacer una cena en casa. Tenía once amigos que esperaban una maravilla culinaria, pero yo solo tenía un sueño de chef y un frigorífico vacío. Imagínate, todo el mundo en la mesa, y yo intentando sacar un plato combinado a partir de un poco de pasta y un par de latas de atún. Todos comimos, pero, sinceramente, ninguno fue un crítico gastronómico en ese momento.

¿No es similar a lo que sucede con los centros de acogida? Con recursos inmensos comprometidos y la presión de proporcionar atención inmediata, la calidad del apoyo que pueden proporcionar está claramente comprometida.

La opinión de la Fiscalía: defensa de los derechos

La Fiscalía ha dejado en claro su postura. En su opinión, dado el estado de emergencia en que llegan estos menores, el proceso de documentación debería ser más rápido, priorizando su seguridad y bienestar en lugar de la burocracia. Al final del día, los niños son lo primero. Aún así, desde la perspectiva del Gobierno canario, el temor es claro: un protocolo apresurado podría resultar en un mayor desamparo y falta de protección.

Esto podría verse como un duelo de titanes. Por un lado, el Estado debe armar un sistema efectivo para proteger a estos menores, y por el otro, las comunidades autónomas deben hacer su labores a pesar de un marco legal enmarañado. En esta sombra de autoridad y competencia, lo que se pierde es la voz de los niños que llegan en condiciones precarias.

Conclusión: buscando una solución

A medida que nos adentramos en esta laberíntica situación, se hace cada vez más evidente que necesitamos una solución. Es vital que las administraciones trabajen en conjunto y no se vean atrapadas en un perpetuo tira y afloja legal. Imagina que cada vez que decimos “fiesta” solo nos estamos refiriendo a la fiesta de cumpleaños de tu gato. Triste, ¿verdad? Necesitamos una visión más amplia que integre el más alto bien de la comunidad, centrándonos en aquellos que más lo necesitan: los menores migrantes no acompañados.

La pregunta ahora es: ¿Cómo podemos transformar esta situación? La respuesta comienza con un llamado a la acción, tanto a las autoridades como a la ciudadanía. Acoger una nueva perspectiva sobre cómo tratamos a nuestros niños, independientemente de su origen, es crucial.

La historia de los menores migrantes en Canarias no es solo un tema de noticias; es un tema humano. Hoy, mientras disfruto de un café (mi mejor amigo en días difíciles), reflexiono sobre ello. La acción y la empatía deben ir de la mano, porque al final del día, todos somos responsables de nuestros jóvenes.

Y, por último, si alguna vez te encuentras en una cena atiborrada sin saber qué servir, recuerda lo que aprendí en esa experiencia: a veces, la simplicidad de las cosas es el mejor camino hacia adelante. Y esa debería ser nuestra guía para cuidar a los que más necesitan nuestra atención y cariño.