El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha vuelto a estar en el ojo del huracán tras reactivar, de manera casi clandestina, una serie de contratos a dedo con clínicas privadas. Esto sucede en un momento en que la transparencia en la administración pública es más crítica que nunca. Pero, ¿qué hay detrás de esta historia y por qué deberíamos prestarle atención? En este artículo, nos sumergimos en la controvertida reactivación de estos contratos, las implicaciones legales que arrastran, y el impacto en la sanidad pública de Andalucía.

Contratos de emergencia: un mal necesario?

Desde el inicio de la pandemia, muchos gobiernos han optado por contratos de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria. En teoría, este tipo de contratos permiten agilizar el proceso de contratación ante situaciones excepcionales. Sin embargo, lo que parecía un recurso temporal se ha convertido en una herramienta para saltarse procedimientos estándar, como los contratos a dedo que ahora investiga un juez.

Me acuerdo de cuando, en el colegio, hacíamos un juego en el que uno de nosotros era el «juez». Siempre había uno que intentaba hacer trampa y obtener «favoritismos» para ganar, ¿verdad? La situación del SAS me recuerda a aquellos días de infancia, donde las reglas eran más flexibles dependiendo de quién jugara.

El retorno de un viejo conocido

El SAS ha reactivado estos contratos, que en su origen estaban amparados en una ley de emergencia por la pandemia, a pesar de que dicha ley fue derogada hace tiempo. Son más de 28 millones de euros destinados a clínicas privadas, y esto ha causado un gran revuelo político. En este punto, surge la pregunta: ¿realmente era necesario volver a estos contratos en un contexto donde deberían haber vuelto a las prácticas de contratación estándar?

La lluvia de adendas

Lo que hace aún más llamativa esta saga es la cantidad de adendas que se han firmado. Hasta nueve modificaciones han sido realizadas al mismo expediente administrativo de emergencia. Es como si estuvieras en un restaurante, pidiendo una pizza, y luego decides que la piezas de piña no son para ti, pero acabas pidiendo una porción extra de pollo, otra de champiñones y al final… ¿quién cuenta cuántas veces has alterado el pedido original?

El expediente de 70 millones de euros inicial ha llegado a cuadruplicarse hasta los 243 millones. Y todo esto genera cierta inquietud: ¿tendremos una pizza de emergencia cada vez que haya una crisis, aunque la pandemia ya no sea la razón principal?

Las sombras de la legalidad

¿Es posible que la Junta de Andalucía esté jugando con fuego? La investigación sobre estos contratos a dedo se centra no solo en una aparente falta de transparencia, sino también en posibles delitos de prevaricación y malversación. La situación ha llevado a que la actual gerente del SAS, Valle García, y sus predecesores sean citados a declarar por el juez. Imagina estar en su situación; te levantas una mañana y recibes una carta que dice: “Por favor, presenta tus informes, que tenemos algunas preguntas para ti”. No es precisamente el tipo de sorpresa que te gustaría recibir un lunes por la mañana, ¿verdad?

Mientras tanto, los socialistas han presentado querellas contra estos responsables, argumentando que están perpetuando un sistema de contratación que consideran ilegal. Aquí es donde se complica el asunto: entre las alegaciones de ilegalidad y la respectiva defensa de quienes se aferran a la legalidad de sus actos, se abre un abismo de incertidumbres que claramente afecta la credibilidad del sistema de salud pública.

¿Quién se benefició de todo esto?

Si hay algo que llama la atención en esta historia, es la cantidad de dinero que ha ido a parar a hospitales privados. Según los informes, grupos como Asisa están cosechando la mayor parte de estos contratos. Aportando más del 60% de los 28 millones en adjudicaciones a dedo, Asisa acapara una parte considerable del pastel. Ahora, antes de que te emociones y pienses en invertir en clínicas privadas, recordemos que la salud pública debería ser el esfuerzo conjunto de todos, no solo de aquellos que pueden pagar.

La situación es aún más irónica cuando el exgerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, quien firmó originalmente contratos a dedo por más de 44 millones a Asisa, se reincorporó a la privada poco después de su cese. ¡Eso sí que es saber asegurar un futuro cómodo, eh!

Las respuestas del Gobierno: “No hay de qué preocuparse”

Al ser consultada, la Junta de Andalucía ha expresado que estos contratos están en línea con la legalidad y que están colaborando con la justicia. Pero uno se pregunta: ¿será esta solo una respuesta estándar, típica de la clase política cuando se siente acorralada?

En el fragor de la disputa judicial, el Gobierno afirma que las contrataciones están justificadas basándose en informes del Gabinete Jurídico del SAS que avalan estos contratos, incluso con el marco legal que ya no existe. ¿No te parece un poco como si tuvieran un pie en cada bando?

El impacto en la sanidad pública

Más allá de las repercusiones políticas y legales, lo más alarmante es cómo estos contratos afectan a los pacientes andaluces. Alrededor de las listas de espera han crecido en unas proporciones que hacen que la espera por una cita médica se asemeje a la espera de tu pizza en un viernes por la noche, con el agravante de que, a menudo, el hambre por atención médica puede ser mucho más desesperante.

La lucha por la transparencia

En un momento en el que la confianza en las instituciones es esencial, esta falta de transparencia puede minar lo poco que queda de credibilidad en el sistema de salud pública. La situación de la sanidad pública en Andalucía no es solo un problema local; tiene implicaciones para la salud pública en España en su totalidad. Odiarías que lo que sucede en tu comunidad no solo afectara a tus vecinos, sino que también sembrara desconfianza en todo el país.

Reflexiones finales y un llamado a la acción

La situación que enfrenta el SAS es un recordatorio de que la administración pública debe ser vigilada de cerca. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales para una sociedad sana. No se trata solo de números y procedimientos; se trata de la salud y el bienestar de las personas.

A medida que el caso avanza, es crucial que ciudadanos, activistas y funcionarios permanezcan alerta. La historia aún no ha terminado, y hay lecciones que podemos aprender de lo que ha sucedido. Tal vez un día, cuando estemos en una reunión de la comunidad, podamos mirar hacia atrás y recordar que no solo actuamos como espectadores, sino como agentes de cambio. Después de todo, todos somos parte de ello. ¿Y quién sabe? Tal vez con un poco de humor y una pizca de empatía, podamos encontrar soluciones que beneficien a todos.

El futuro de la sanidad pública en Andalucía y en España depende de todos nosotros, y aunque este viaje puede ser complicado, es importante que nos mantengamos comprometidos y con la mirada crítica. ¡Y quién sabe, tal vez el próximo contrato que controlemos sea uno que realmente beneficie a la comunidad en lugar de a unos pocos privilegiados!

Así que, la próxima vez que escuches sobre contratos a dedo, recuerda: todos somos parte de esta historia, y depende de nosotros que termine con un desenlace más satisfactorio.