En el mundo de la gestión pública, los escándalos de corrupción parecen asomarse más a menudo de lo que nos gustaría. Pero cuando el tema son menores migrantes, la indignación se siente aún más profunda. Hoy, exploraremos un caso que ha sacudido los cimientos de la atención a la infancia en Canarias: el Caso Siglo XXI. Este caso no es solo una serie de cifras alarmantes y nombres relevantes, sino una historia de descontrol, falta de transparencia y, en última instancia, la traición a la confianza de la sociedad.

Contexto del caso: ¿Qué es el Caso Siglo XXI?

El Caso Siglo XXI se centra en la Fundación Siglo XXI, la cual fue encargada de gestionar la atención a menores migrantes en Canarias. Desde 2021 hasta 2023, esta fundación recibió alrededor de 12 millones de euros en fondos públicos para atender a una creciente ola de menores no acompañados que llegan a las islas a través de rutas migratorias. Sin embargo, el resultado de dicha gestión ha sido un tanto escandaloso, ya que se han detectado indicios de malversación, administración desleal y hechos de falsedad en documento mercantil.

Imagínate recibir una asignación de fondos con la responsabilidad de cuidar a quienes más lo necesitan y, en su lugar, destinar ese dinero en tratamientos de belleza, viagra y hoteles de lujo. Suena más a guion de una película de bajo presupuesto que a una realidad. ¿Quién puede responder a tal desatino?

La intervención de la Fiscalía Europea

La Fiscalía Europea asumió el caso debido a la gravedad de las acusaciones y a la implicación de fondos de la Unión Europea. Casi 2 millones de euros de los fondos Next Generation fueron destinados a la fundación, lo que la convierte en un tema de interés no solo nacional, sino también europeo. Al recibir dinero del presupuesto comunitario, hay una responsabilidad compartida que se extiende más allá de las fronteras españolas. La Unión Europea quiere saber: “¿A dónde ha ido ese dinero?” Y, por supuesto, nosotros también.

Es esencial observar cómo un escándalo como este puede afectar la percepción pública sobre la atención a los migrantes. Me viene a la mente una pregunta: ¿cuántas voces de menores migrantes se han quedado ahogadas en este mar de irregularidades?

Un vistazo a las irregularidades

La falta de control y una gestión contable deficiente han sido claves en este escándalo. Según el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, el descontrol en los centros de menores hace que sea «imposible cuantificar al detalle» la malversación de fondos. ¿Lo han oído bien? Imposible. Eso es como ir a cuesta abajo por una pendiente llena de obstáculos y esperar no caer en los baches. Las autoridades deberían establecer un manejo más riguroso y responsable de los recursos, sobre todo cuando se trata de la vida de niños vulnerables.

La gestión de la Fundación: una mezcla de incompetencia y deshonestidad

Entre 2019 y 2022, la Consejería de Derechos Sociales adjudicó varios contratos a la Fundación Siglo XXI. Las decisiones se tomaron «por la vía de emergencia» ante el aumento de llegadas de menores a través de la ruta migratoria hacia Canarias. De repente, ¡pum! El dinero fluía. Pero, ¿a dónde fue realmente?

Los informes de la Fiscalía indican que a cuatro directores de centros en Gran Canaria y dos más en Lanzarote se les investiga por su manejo de estos fondos. Uno de los nombres que resuena entre estas acusaciones es el de María de los Ángeles Barroso, la exdirectora del centro Guiniguada. Durante su gestión, surgieron denuncias sobre su conducta y se dio a conocer que algunos trabajadores del centro no estaban nada contentos. Imaginen tener que trabajar en un ambiente donde la dirección se muestra racista y falta al trato básico a los menores. ¿Qué moraleja se puede sacar de esto? A veces, los que están en el mando no son precisamente los más capacitados.

La versión de la Fundación Siglo XXI

La Fundación ha defendido su posición diciendo que es «parte activa y colaboradora» en la investigación. De hecho, han entregado una impresionante cantidad de 24,709 páginas de facturas y comprobantes digitalizados, casi como si quisieran impresionar a la autoridad fiscal. Pero, por supuesto, eso no es una justificación válida para el manejo irresponsable de los fondos públicos. Entregar papeles no es suficiente para limpiar la tainted reputación.

La reacción de la comunidad

El financiamento de fondos públicos destinados a menores migrantes genera preocupación e indignación entre la sociedad. ¿Cómo es posible que la atención a estos jóvenes vulnerables se haya vuelto un campo de batalla del desprecio y la malversación de fondos? No solo se trata de un asunto administrativo; hay vidas en juego, esperanzas y sueños de un futuro mejor. ¿Qué piensan los ciudadanos de todo esto? ¿Se sienten seguros de que sus impuestos se utilizan de manera responsable?

Es probable que muchos se sientan decepcionados. Después de todo, los problemas de manejo de fondos públicos afectan la percepción sobre el gobierno y quienes están en posición de tomar decisiones. Surgen preguntas incómodas: ¿Qué medidas se están tomando para asegurar que este tipo de incidentes no vuelva a ocurrir?

La respuesta de la administración pública

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia defendió que el centro estaba funcionando correctamente bajo la dirección de Barroso. Pero, ¿dónde queda la responsabilidad en la administración pública cuando las quejas comienzan a multiplicarse? ¿Qué protocolos debe haber para garantizar que esto no se convierta en una norma?

La realidad es que el sistema tiene lagunas. Las autoridades y responsables públicos deben ser responsables y asumir el papel que les corresponde: proteger y servir a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables.

Reflexiones finales: el camino por delante

El Caso Siglo XXI no solo es un llamado a la responsabilidad en la gestión de fondos públicos. También nos lleva a cuestionarnos cómo realmente protegemos a quienes están en situaciones de vulnerabilidad. Una excelente forma de abordar esto es asegurarse de que la transparencia y la rendición de cuentas sean el mantra en la administración pública.

Tal vez es hora de que cada uno de nosotros ejerza una presión adecuada sobre nuestros representantes. No es solo una cuestión de evitar fraudes; es cuestión de construir un país donde todos, incluidos los menores migrantes, tengan una oportunidad justa de prosperar.

La historia de la Fundación Siglo XXI no debe ser solo una anécdota más en el archivo de los casos de corrupción. Debería ser el catalizador para un cambio real, empoderando a la comunidad, mejorando la atención a los más vulnerables y fortaleciendo la confianza en las instituciones.

Y mientras tanto, ¿quién se queda con el resto de la historia? La respuesta es simple: todos nosotros. Permanezamos atentos, informados y comprometidos con un cambio real.

Al final del día, tomar acción no es solo una responsabilidad, sino un deber humano.