El reciente anuncio de un acuerdo entre EE.UU. y El Salvador ha generado un mar de opiniones encontradas y un torbellino de análisis sobre lo que podría ser una de las propuestas más controversiales de los últimos tiempos. El nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, exultante, presentó el pacto que permitiría deportar a migrantes indocumentados y a criminales convictos a las infames prisiones salvadoreñas. «Ningún país nos ha hecho una oferta de amistad como esta», afirmó Rubio. Pero, ¿acaso estamos ante una salida viable o es simplemente un capricho más de la política internacional?

Un pacto digno de una película de acción

Imaginemos por un momento que estamos en un set de filmación, con Marco Rubio como el héroe de acción y Nayib Bukele como el intrigante aliado. Suena a trama de película, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la posibilidad de confinar a criminales, incluso estadounidenses, en las cárceles de El Salvador, un país que ha sido el escenario de violaciones a derechos humanos y condiciones penitenciarias dignas de una pesadilla.

Durante una reunión de tres horas en la residencia presidencial de Bukele, situada en un lugar idílico cerca del lago Coatepeque, ambos discutieron un acuerdo que cambiaría radicalmente las dinámicas de migración y criminalidad. Según Bukele, El Salvador estaría dispuesto a aceptar criminales de otros países a cambio de una «tarifa significativa». ¿Pero qué significa eso en términos reales?

La fantasía legal detrás del acuerdo

Los expertos no han tardado en señalar que las posibilidades de que este acuerdo sea legalmente viable son mínimas. Alguien podría pensar que la lógica y el sentido común deben prevalecer, pero en el mundo del Derecho, la realidad puede ser totalmente diferente. Según Leti Volpp, una experta en leyes migratorias, EE.UU. está absolutamente prohibido de deportar a sus propios ciudadanos, sean o no criminales. Pregunto: ¿se ha vuelto la política migratoria tan absurda que estamos dispuestos a ignorar la Constitución?

Por si fuera poco, el jurista salvadoreño José Marinero apuntó que, desde la perspectiva de la ley salvadoreña, no existe una norma que respalde recibir delincuentes de terceros países. Así que, ¿qué estamos tratando de resolver exactamente con este acuerdo? ¿Una especie de «solución mágica»?

Los peligros de la externalización de la justicia

Hay algo espeluznante en la idea de trasladar prisioneros condenados a otro país. Esta táctica de externalización de la justicia como estrategia de manejo de crisis es, en el mejor de los casos, problemática. Las cárceles en El Salvador han estado bajo constante crítica por las deficientes condiciones de vida, hacinamiento extremo, y falta de acceso a servicios básicos. Alguien podría pensar: «¿Es esto lo que queremos para la justicia?»

Hay un video circulando por internet que muestra a los prisioneros de un centro de confinamiento, conocido como Cecot, donde apenas reciben una comida al día y carecen de derechos básicos. Entonces, ¿realmente va a ser «más seguro» trasladar a criminales allí? La lógica se pierde en la ironía: ¿es la respuesta al crimen transformar otro país en un almacén de presos?

El juego político tras el telón

Lo que emerge de todo esto es una danza política que nos recuerda que la ley no es solo una serie de estatutos, sino también un campo de juego donde los líderes pueden manipular las reglas. Al parecer, Bukele busca acercarse más a la Administración Trump, y puede que por eso esta oferta llegue en un momento tan crítico, donde la presión por la migración y la seguridad interna de EE.UU. está en un punto álgido.

Existen rumores de que este acuerdo es más sobre mantener la imagen de «mano dura» que sobre la efectividad real en la lucha contra el crimen. Tal como señala Marinero, «no hay un beneficio evidente para los salvadoreños con esta medida». ¿Es posible que Bukele solo quiera ser visto como el «héroe» en la lucha contra el crimen, aunque esto signifique jugar con la vida de miles de personas?

¿Una solución o un agrandamiento del problema?

Un aspecto que debería preocuparnos en esta narrativa es cómo un intercambio de criminales podría resultar en un aumento del crimen organizado en El Salvador. Imaginemos que las cárceles locales se convierten en campos fértiles para las bandas que podrían aprender de criminales con más experiencia. Si se traen a los miembros de la banda del Tren de Aragua de Venezuela, lo único que se logrará es incrementar el peligro en un país que, aunque haya reducido sus índices de criminalidad, sigue lidiando con potentes redes criminales.

¿Es realmente el camino que queremos seguir? Al parecer, la ruta hacia la «solución» no es más que un laberinto intrincado lleno de inseguridades y problemas ya existentes.

La respuesta de la comunidad internacional

No hemos escuchado las reacciones de otras naciones sobre este inusual acuerdo. La Comunidad Internacional, por su parte, observa con escepticismo. Los informes sobre la brutalidad del sistema penitenciario salvadoreño son abundantes y no se sumarán al «talento humano» que decidan enviarle por «tarifa» a Rubio. La Casa Blanca, en un intento por manejar la narrativa, anunció que la deportación de ciudadanos estadounidenses a un país con un récord tan controversial sería una tarea monumental y probablemente infructuosa.

El dilema de la juridicidad en un momento crítico

El camino hacia la legalidad de este acuerdo es incierto. Los abogados ya están señalando las batallas legales que seguirían si EE.UU. intentara llevar a cabo esta «estrategia». Los tribunales de EE.UU. no son conocidos por ceder ante presiones políticas, y la oposición, aunque actualmente en cuestiones migratorias podría ser menos crítica, no se quedará de brazos cruzados.

Esta plétora de problemas legales y éticos que surgen del acuerdo internacional debería dar lugar a una reflexión profunda sobre lo que realmente significa la justicia. Nosotros, como ciudadanos, deberíamos preguntarnos: ¿estamos donde queremos estar? ¿Este acuerdo es la solución o solo un parche que cubrirá un sistema roto?

Mirando hacia adelante

Nadie ha dicho que gobernar sea fácil, pero cuando las decisiones se basan en el miedo, la desesperación y el deseo de mantener el poder, los resultados suelen ser devastadores. La política migratoria no debería ser una herramienta para autoflagelarnos, sino una vía para buscar soluciones justas y habitables.

Al final del día, los intereses particulares, los eslóganes y la polarización política no pueden prevalecer sobre el bienestar humano. La comunidad mundial está observando este acuerdo con recelo, y será crucial que el discurso cambie hacia un enfoque más sólido en los derechos humanos y la justicia. El Salvador merece algo mejor, y los ciudadanos estadounidenses también.

En una era donde el diálogo y la empatía parecen estar en retirada, esperemos que las voces que claman por la justicia y la humanidad nunca se apaguen. ¿Quién sabe? Tal vez un nuevo camino surja entre tanto desvarío. ¡Mantengamos la esperanza!