Recientemente, el Congreso de los Diputados ha dado un paso importante en la memoria histórica de España al autorizar un acceso parcial a las actas de la comisión que investigó el asesinato de Manuel José García Caparrós, un joven malagueño cuyo trágico destino se entrelaza con la lucha por la autonomía de Andalucía. Si bien la decisión es un hito en la búsqueda de justicia y transparencia, deja mucho que desear, y surgen preguntas que invitan a la reflexión. ¿Realmente estamos más cerca de conocer la verdad sobre lo ocurrido aquel 4 de diciembre de 1977?

Al recordar este evento, en el que 200,000 andaluces se manifestaron por la autonomía plena, no puedo evitar sentir cómo resuena en mi memoria la pasión con la que la gente demanda justicia. Me acuerdo de una vez, durante una charla en la facultad, cuando un amigo mío—un apasionado de la historia—se lanzó en una defensa acalorada de las manifestaciones en busca de autonomía. En su voz resonaba la urgencia de recordar a aquellos que lucharon y perdieron su vida. ¿Hay algo más digno que honrar la memoria de los que lucharon por sus derechos?

Contexto histórico: La Andalucía de 1977

La historia de la autonomía andaluza está llena de momentos que marcan la lucha por el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. La manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Málaga fue un punto de inflexión que evidenció el deseo colectivo de una región por definir su propio destino. García Caparrós, un miembro activo del sindicato CCOO y trabajador de la Fábrica de Cervezas Victoria, se convirtió en un símbolo de esa lucha cuando un disparo de un policía acabó con su vida.

La situación política de aquel periodo era compleja. La dictadura estaba dando sus últimos estertores y, en su lugar, la transición a un sistema democrático aún tropezaba con muchos escollos. La Ley de Amnistía de 1977 se aprobó para cerrar una herida profunda, pero al mismo tiempo, se ocultaron muchos crímenes del franquismo que aún claman por justicia. Ahí es cuando el caso de García Caparrós se torna relevante nuevamente.

Desclasificación parcial: Un avance o un engaño?

Ahora, con la decisión del Congreso de autorizar un acceso parcial a las actas, muchos han aplaudido el esfuerzo, mientras que otros se sienten frustrados. ¿De qué sirve abrir un expediente que mantiene el anonimato de los protagonistas y oculta información vital? Es como si te prometieran una deliciosa pizza, solo para servirte una rebanada sin queso, sin tomate y sin ingredientes. Solo la masa. ¡Qué decepción!

La mesa del Congreso ha decidido que la desclasificación total de los documentos relacionados con García Caparrós es demasiado arriesgada, según su interpretación legal. La respuesta de la mesa ha sido típicamente diplomática, argumentando que la confidencialidad protege a los testigos que dieron declaraciones en su momento. ¿Pero tenemos realmente que seguir defendiendo esa confidencialidad casi medio siglo después? En un país donde muchos de los protagonistas ya han desaparecido, ¿no sería más justo dar espacio para que aflore la verdad y se haga justicia?

La voz del pueblo: Sumar entra en acción

El grupo parlamentario Sumar ha sido uno de los principales actores en esta lucha por la apertura total del expediente. Su líder en Málaga, Toni Valero, no ha escatimado en palabras para desafiar la decisión del Congreso. Valero advierte que “en caso de considerarse sin competencias para hacerlo, que inste al Ministerio de Interior a que desclasifique en el plazo de un mes toda la documentación sin meter ningún tachón”.

La insistencia de Sumar es un claro testimonio de que el tema no ha dejado de ser relevante ni ha sido olvidado. La memoria histórica es un asunto que toca cada fibra de nuestro ser; habla no solo del pasado, sino de cómo queremos enfrentar el futuro. ¿Deberíamos permitir que el miedo a las repercusiones del pasado siga afectando nuestras decisiones actuales? Nadie quiere revivir los fantasmas de la historia, pero a veces, enfrentar esos fantasmas es necesario para avanzar.

Proyectos de ley e implicaciones políticas

Una de las preguntas que surgen es: ¿por qué el Gobierno no ha impulsado una ley robusta que promueva la desclasificación de estos documentos? La respuesta es compleja y revela la lucha de poder en las instituciones políticas de España. Los esfuerzos por restablecer la memoria histórica requieren no solo la voluntad de algunos, sino un consenso que a menudo parece inalcanzable.

El hecho de que la mayoría progresista del Congreso, compuesta por miembros de PP, PSOE y Sumar, haya votado a favor de la desclasificación parcial plantea interrogantes sobre el estado de las relaciones políticas en el parlamento. ¿La falta de apoyo a la desclasificación total es un síntoma de miedo al pasado o una política deliberada?

Una mirada al futuro: lo que podemos aprender

En mi experiencia como bloguero y observador de la política, he visto cómo el silencio puede ser tan poderoso como la acción. La transparencia es clave en toda democracia saludable; sin ella, las heridas del pasado no cicatrizan, sino que se convierten en llagas abiertas que afectan a las generaciones futuras. La lucha de García Caparrós por la autonomía y la búsqueda de justicia no debería ser un eco olvidado, sino un faro que guía nuestras decisiones.

Las experiencias de vida nos enseñan que la historia no está destinada a repetirse, a menos que ignoremos las lecciones aprendidas. ¿Realmente queremos vivir en un país que se muestra indiferente a los ecos del pasado? Las manifestaciones de las últimas décadas nos han demostrado que un pueblo unido tiene el poder de exigir justicia y acceso a la verdad. ¿Por qué no aprovechamos esa historia como lección y como impulso para unificar nuestras voces?

La importancia de los testimonios

Desde que se autorizó el acceso a las actas, muchos han comenzado a buscar testimonios de quienes estuvieron presentes en la manifestación del 77. Algunos incluso han publicado libros y ensayos que ponen en evidencia el dolor de la pérdida y el valor de la lucha. Uno de estos textos es «Las muertes de García Caparrós» de la secretaria judicial Rosa Burgos. Este tipo de relatos son fundamentales para mantener viva la memoria colectiva y ayudan a contextualizar lo que ocurrió aquel día fatídico.

Sin embargo, no podemos depender únicamente de la memoria de unos pocos. Muchas voces han sido olvidadas, y se debe actuar proactivamente para preservar su legado. Las nuevas generaciones tienen el deber de sumar sus voces a la historia. Y, ¿qué mejor manera de hacerlo que apoyando los esfuerzos por hacer accesible la verdad sobre nuestras memorias colectivas?

Conclusión: Una batalla que no termina

La reciente decisión del Congreso es solo un pequeño avance, un paso en el camino hacia la verdad. La lucha por la desclasificación de documentos vitales y el reconocimiento de hechos históricos no es nueva, pero cada acción cuenta. Cuando un grupo como Sumar se levanta para abogar por estos derechos, nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la defensa de la memoria histórica.

Así, se nos presenta un dilema: ¿nos quedaremos callados mientras los secretos del pasado siguen ocultos, o seremos valientes al exigir justicia por quienes pagaron el precio más alto por la libertad? Como decía alguien muy sabio: “La verdad te hará libre, pero primero te podría enojar”. Así que, irónicamente, quizás necesitamos un poco de enojo para poder avanzar al camino hacia la justicia.

Es hora de alzar nuestras voces y mantener viva la memoria de quienes han luchado antes que nosotros. Honramos su legado no solo recordándolos, sino exigiendo que la verdad salga a la luz. Y lo más importante, nunca olvidemos que cada uno de nosotros también tiene una historia que contar. ¿Y tú, qué historia quieres que se escuche?