En un país donde las decisiones judiciales pueden cambiar el rumbo de la política y la sociedad, resulta crucial entender la situación actual que enfrenta el Tribunal Constitucional (TC) en España. Recientemente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emitido dos autos relevantes que ponen en tela de juicio la posibilidad de juzgar a magistrados del TC por prevaricación. ¿Estamos ante una crisis judicial, o simplemente un nuevo capítulo en la compleja narrativa del sistema legal español?

Contexto: ¿Qué está pasando realmente?

Primero, pongámonos en contexto. Las emociones alrededor del TC están a flor de piel, especialmente después de las sentencias relacionadas con los ERE en Andalucía. Este escándalo político ha dejado cicatrices profundas en la confianza pública hacia las instituciones. Con el TC asumiendo un papel tan central, la pregunta es: ¿pueden sus jueces actuar sin miedo a represalias legales? Parece que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado un paso crucial al establecer que la inviolabilidad de los magistrados del TC no es tan absoluta como muchos creen.

Los autos del Tribunal Supremo: ¿Un rayo de esperanza?

Los autos 21.353/2024 y 20002/2024 han sido el foco de atención reciente. Con un tono casi magistral, los ponentes Andrés Palomo del Arco y Vicente Magro Servet nos recuerdan que la impunidad no es una opción en un Estado de Derecho. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que los magistrados pueden ser responsables por prevaricación si actúan de forma arbitraria. Una vez más, el sistema legal quiere recordar a todos que, a pesar de la política, la justicia debe prevalecer.

Al leer acerca de estos autos, no pude evitar pensar en mis días de estudiante de Derecho. Era común en las clases de ética legal debatir si la justicia podía realmente ser ciega, o si, en realidad, había muchas sombras detrás de cada veredicto. A veces me sentía como un activista en potencia, soñando con un sistema perfecto y justo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que el sistema a veces juega más con cartas marcadas de lo que debería?

La cuestión de la prevaricación en el TC

¿Qué es la prevaricación?

Antes de continuar, es fundamental que aclaremos qué entendemos por prevaricación. Este delito ocurre cuando un funcionario público actúa en contra de la ley de forma intencionada, algo que no debería ocurrir, especialmente entre quienes tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar esas leyes. El artículo 404 del Código Penal español establece que la prevaricación es una falta grave que puede acarrear penas severas. Esto nos lleva a la pregunta, ¿pueden los magistrados del TC ser considerados funcionarios públicos en este sentido?

Los autos mencionan que la inviolabilidad de un magistrado del TC no lo coloca por encima de la ley. Esto es un mensaje claro: no se trata de tener salvaguardias además de la ley, sino de vivir según ella.

La dualidad del poder político y judicial

Parece que el viento ha comenzado a cambiar, y con él, también la percepción de cómo el poder judicial se relaciona con el poder político. Históricamente, ha habido tensiones entre ambos poderes en España, a menudo alimentadas por decisiones judiciales que parecen jugar en favor del partido en el poder, como si un árbitro rehúye pitar en un partido que da ventaja a un equipo. ¿Por qué nos resulta tan inquietante esta idea de un tribunal que puede estar influenciado? Por la sencilla razón de que la justicia debería ser ciega, no solo en la teoría, sino también en la práctica.

Tal vez, en un mundo ideal, deberíamos borrar la línea en la arena que separa a ambos dominios. Pero aquí estamos, en un escenario donde todos miran a los magistrados del TC con el ceño fruncido, esperando su próximo movimiento. ¿Se puede confiar en ellos para proteger los derechos de los ciudadanos? La respuesta, aunque desconcertante, es que solo el tiempo y el trabajo de buenas prácticas judiciales podrán aclarar este punto.

Implicaciones de los autos del Tribunal Supremo

Una advertencia a los magistrados del TC

La noción de que el TC podría enfrentar enjuiciamiento penal si se determina que sus decisiones son arbitrarias es un cambio de juego. El Tribunal ha dejado claro que, si bien el enjuiciamiento no será común, la posibilidad está sobre la mesa. En términos simples: ¡Cuidado, jueces! La justicia está vigilante.

Me acuerdo de un debate que tuvimos en mi grupo de amigos sobre el poder de los jueces. Uno dijo en broma: «Quizás deberían llevar un GPS que les diga cuándo se están alejando de la ley». Todos reímos, pero, en el fondo, esa idea refleja cómo queremos que funcione la justicia: como un sistema que nunca pierda el rumbo.

La politicización del TC

Mientras tanto, la politización del TC sigue siendo un tema candente. Existen opiniones divergentes sobre cuán influenciados pueden ser los jueces por el establecimiento político. ¿Estamos a punto de entrar en una era donde los magistrados del TC se convierten en marionetas de un partido político? Este temor es válido, pero esperemos que el sistema de pesos y contrapesos contenga cualquier intento de abuso.

La acción popular y el futuro

La proposición de ley para suprimir la acción popular en el Congreso podría cambiar drásticamente la dinámica entre el TC y el Tribunal Supremo. Si se aprueba, será crucial estar atentos a cómo esto influye en la rendición de cuentas. En tiempos de incertidumbre legal, la voz del pueblo parece apagarse, y eso nunca debería ser el caso. La capacidad de la acción popular es un rasgo fundamental de un sistema democrático saludable, y ocultarla bajo la alfombra sería un error monumental.

Reflexiones finales

Al final del día, la lucha por la justicia en España es un camino lleno de baches. Nos movemos de un escándalo a otro, al ritmo de los autos y las decisiones judiciales que parecen más bien un poeta escribiendo un drama sin fin. A veces, me parece que la justicia se comporta como un mal actor en una obra de teatro que ha olvidado su papel.

Es cierto que nuestra democracia enfrenta desafíos. Pero, mientras haya voces que se levanten en defensa de lo justo y lo correcto, siempre habrá esperanza. Tal como dijo el ministro de Justicia Eugenio Montero Ríos: «Sois inamovibles en vuestros cargos porque sois responsables de vuestros actos». Estas palabras son la esencia misma de lo que debería ser el sistema judicial: una balanza que equilibra la justicia y la ética.

Por último, recordar que, cuando las luces del escenario brillan con fuerza, todos, desde los jueces hasta los ciudadanos comunes, necesitamos prestar atención. La justicia no es un espectáculo, sino un deber y una responsabilidad. Así que, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que aquellos con poder actúen con rectitud? Tal vez es hora de que todos asumamos nuestro papel en esta trama y nos mantenemos atentos. La justicia no espera, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo.