En las últimas semanas, el PSOE ha desatado un nuevo torbellino en el panorama político español al registrar una proposición de ley en el Congreso que ha puesto en jaque la relación entre el Gobierno y la Justicia. Esta iniciativa no ha pasado desapercibida, y la reacción ha sido casi instantánea. La modificación de leyes como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial parece ser un intento de restringir la acción popular en causas penales y prohibir procesos «basados en recortes de prensa». Así que, sin más preámbulos, vamos a desmenuzar esta noticia como si de un plato gourmet se tratara.

Lo que se cuece en la cocina política

Imagina que un día decides cambiar la receta de tu plato favorito, asegurándote de que solo tú puedas disfrutar de los ingredientes más sabrosos. Esto es básicamente lo que el PSOE parece estar tratando de hacer con las normas que rigen la acción popular en España. La proposición parece tener un diseño a medida, elaborado específicamente para beneficiar a ciertas personas, y en este caso, a aquellos que se encuentran en la órbita del Gobierno.

A veces me pregunto, ¿por qué es tan complicado dejar de ver la política como un juego de estrategia donde las reglas se cambian a mitad del partida? Una de las declaraciones de Juezas y Jueces por la Democracia refleja este sentimiento. Han expresado su repudio a la reforma, argumentando que parece estar orientada a proteger a ciertos nombres que están actualmente bajo investigación. ¿Entonces, estamos hablando de justicia o simplemente de un truco bien fundamentado para asegurar que algunos sigan fuera del alcance de la ley?

La acción popular: un instrumento democrático vital

Antes de entrar en detalles sobre la controvertida proposición del PSOE, es crucial comprender la finalidad original de la acción popular. Este mecanismo, como lo establece el artículo 125 de la Constitución Española, permite a cualquier ciudadano participar en la administración de justicia, incluso si no fueron perjudicados directamente por un delito. Por lo tanto, si se limita esta acción, efectivamente estamos hablando de poner un candado al acceso que los ciudadanos tienen a las herramientas judiciales.

Lo curioso es que, a pesar del uso indebido que algunos partidos políticos, incluido el propio PSOE, han hecho de esta figura, el valor de la acción popular es incuestionable. Imagínate que la acción popular fuese una puerta a la que todos pudiéramos llamar para hacer que los procesos judiciales sean más democráticos. Al restringir el acceso a esta puerta, el PSOE está no solo cerrándola, sino borrando el número de la casa.

En mi experiencia personal como ciudadano curioso que busca entender cómo funcionan las cosas, siempre he considerado que una justicia accesible es una justicia más justa. ¿Acaso no deberíamos tener la capacidad de exigir, como ciudadanos, que aquellos que cometen delitos enfrenten las consecuencias?

La ley de la selva: ¿legalizar la injusticia?

Al introducir la disposición transitoria que establece que la reforma «será aplicable» a los procesos en curso, se da un paso inusitado que despierta preguntas desconcertantes. Por ejemplo, ¿realmente estamos hablando de una reforma general o se trata simplemente de un ajuste diseñado para beneficiar a ciertas figuras políticas del Gobierno? Si la razón detrás de esta reforma es proteger a los ciudadanos de la «instrumentalización de la Justicia», entonces ¿por qué este enfoque parece favorecer a quienes ya están en el ojo del huracán?

Es como si en una situación de modo «salvaje», un crocodrilo se molestara cuando otro depredador intentara apropiarse de su presa. En ese sentido, no sería raro que algunos piensen que el Gobierno busca mantener su posición de poder a toda costa, incluso si eso significa socavar la acción popular a través de modificaciones cuestionables.

Pretextos y argumentos: ¿es realmente necesario?

Según el PSOE, su propuesta busca restaurar el propósito original de las leyes penales y procesales. Esto suena muy bonito en teoría, como una de esas campañas de marketing que nos hacen sentir que estamos comprando un producto superior, pero, ¿realmente lo es? La necesidad de «neutralizar los mecanismos de acoso» que se dicen usar las herramientas del Estado de Derecho como vehículos para objetivos políticos se presenta como un argumento central. Sin embargo, uno podría preguntarse, ¿no es precisamente el papel de la prensa y la acción popular informar al público y mantener un control sobre el poder?

En un mundo ideal, las acciones del Gobierno deberían ser como el aceite en una ensalada: ligeras y fáciles de mezclar, sin abrumar los otros sabores. Pero parece que la propuesta del PSOE añade un fuerte aderezo que puede cambiar todo el plato por completo.

La dualidad de la acusación popular

La acción popular tiene la función de actuar como contrapeso ante el Ministerio Fiscal, cuya independencia siempre ha sido motivo de debate. En un sistema donde el fiscal puede tener la apariencia de estar controlado políticamente, la acción popular se convierte en un salvavidas para asegurarnos de que no todo se convierta en un juego de «quien tiene más amigos en el poder».

Sin embargo, lo que se propone con la reforma es que se excluya la «participación plena» de la acusación popular durante la fase de instrucción, reduciéndola a un mero rol en el juicio oral. Esto significaría, en esencia, despojar a los ciudadanos de su poder para proporcionar vigilancia justa sobre las acciones del Gobierno. Realmente, ¿es este el legado quieren dejar las figuras políticas actuales?

Las posibles consecuencias de esta reforma

Una de las consecuencias más notables de esta reforma podría ser su impacto en los procesos judiciales relacionados con figuras políticas controversiales, como es el caso de Carles Puigdemont. La reducción de la acción popular podría sentar un precedente que permita mayores obstáculos para mantenerlo bajo investigación. Imagínate que un día te encuentras con un viejo amigo de la infancia que te invita a la casa de su mamá, que tiene esa tarta de chocolate que tanto te gusta. Pero al llegar, descubres que alguien había decidido cambiar la receta y, en lugar de chocolate, te ofrecen tofu. Eso es lo que podría suceder con la justicia; podríamos terminar aceptando una versión diluida que no satisface nuestro anhelo por una resolución clara y justa.

¿Y qué hay del interés público? Con el PSOE estableciendo restricciones, es como si se estuvieran poniendo unas gafas de sol negras en medio de un día soleado; pudieran ser cómodas, pero definitivamente no te permiten ver con claridad.

Una mirada al futuro

Todo este escenario plantea preguntas cruciales sobre el futuro de la democracia en España. ¿Estamos dispuestos a aceptar que nuestros representantes modifiquen las leyes para moldearlas a su conveniencia? ¿O más bien debemos ser vigilantes y activos en la defensa de nuestras herramientas democráticas, esenciales para salvaguardar nuestros derechos?

Si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que a menudo somos nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos que alzar la voz cuando creemos que se rebasan los límites. La acción popular es nuestra herramienta, y como ciudadanos, tenemos el deber de recordarle a aquellos que nos representan que su trabajo es proteger, no restringir.

Reflexión final

A medida que navagamos por estos tiempos inciertos, es vital cuestionar si la intención detrás de esta reforma es realmente el bienestar común o simplemente un intento más de mantener el poder. La democracia requiere de los ciudadanos, no de muros y reformas que buscan silenciar nuestras voces.

Así que la próxima vez que alguien te hable de políticas complejas o reformas aparentemente inofensivas, pregúntate: ¿quién se beneficiará realmente de esto? En última instancia, es responsabilidad de todos nosotros estar alerta y actuar para proteger lo que hemos logrado. La justicia no debe estar reservada solo para aquellos que tienen el poder, sino que debe ser un derecho accesible para todos. ¿Estamos listos para luchar por ello? ¡Eso espero!