El sistema fiscal español es tan diverso como su gastronomía. Cada comunidad autónoma tiene su propio «plato» fiscal, pero el régimen foral vasco-navarro es como ese menú que, al leerlo, te sientes un poco confundido, y quizás un poco asustado. Pero no te preocupes, aquí estamos para desmontarlo, analizarlo y, con un poco de humor (pero sin perder la seriedad), desentrañarlo.

La historia detrás del concierto económico

Para entender el régimen foral vasco-navarro, primero tenemos que viajar en el tiempo hasta 1878, cuando el País Vasco recibió el famoso concierto económico. Este sistema, creado después de la abolición de los fueros en 1876, ha estado en el corazón de las finanzas vascas desde entonces. Mientras que muchas comunidades autónomas lucharon por establecer su autonomía fiscal en la década de 1970, el País Vasco y Navarra ya tenían dibujada su carta de derechos mucho antes.

Sin embargo, aquí es donde empieza el lío. ¿Cuáles son esos «derechos históricos»? ¿Son los que existían en 1978, 1936 o incluso 1876? La ambigüedad está en el centro del debate, y esa falta de claridad puede ser más problemática que un examen de matemáticas en bachillerato: lleno de preguntas difíciles y respuestas que no parecen importar.

Cómo funciona el sistema foral vasco-navarro

El sistema se basa en que las cuatro provincias forales (Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra) disponen de administraciones fiscales propias que recaudan todos los impuestos en su territorio. Excepto en contadas ocasiones, como lo son los aranceles, que van a parar a la Agencia Europea. Entonces, ¿qué necesita el País Vasco y Navarra del resto del país? Ah, aquí entra en juego el «cupo», que es el coste que estas comunidades pagan al Estado por los servicios que no gestionan, como la defensa o las embajadas. Podríamos decir que es un poco como pagar el alquiler de un espacio donde solo puedes usar el 10% de la casa.

Pero, ¿realmente es justo? Muchos expertos creen que ese sistema crea una serie de asimetrías en el ámbito del gasto público. Por ejemplo, las tres diputaciones vascas gastaron, en un año, 155 millones de euros en administración tributaria. ¡Eso se traduce en 71 euros por cada vasco! En comparación, la Agencia Tributaria del resto del país gastó solo 32 euros por español. La eficiencia parece haberse ido de vacaciones a Ibiza mientras el resto del país intenta encajar las cuentas.

El problema del fraude

Ya que hablamos de números, no podemos ignorar un aspecto crucial: la lucha contra el fraude fiscal. La Asociación de Inspectores de Hacienda ha hecho sonar las alarmas señalando que los sistemas forales funcionan a manera de agujeros negros en la batalla contra la evasión. A raíz de la falta de comunicación entre las distintas administraciones tributarias, muchos fraudes, como las tramas del IVA, se vuelven más fáciles de implementar. Es como si le dieras a un niño un trozo de chocolate y le dijeras que no se lo cuente a nadie. ¿A qué niño le vas a pedir que no lo haga?

Asimetrías en el poder político

Otro punto a considerar es la representación política. Los ciudadanos del País Vasco y Navarra eligen a 23 representantes en el Congreso, que posteriormente votan sobre los impuestos que afectan al resto del país. Sin embargo, ¿cómo se siente el resto de las comunidades autónomas? Porque mientras 327 diputados del resto del país no pueden tocar nada relacionado con el régimen foral, los representantes vascos y navarros tienen un poder de decisión que puede afectar a la mayoría. Esto crea una situación política un tanto desequilibrada. Sencillamente, es como jugar al Monopoly y darte cuenta de que uno de tus amigos tiene dos tableros para él solo.

La negociación del cupo: entre la técnica y la política

Ahora, vamos a entrar en el tema del cupo y su determinación. Aquí, las cosas se complican. Cuando se trata de decidir cuánto debe pagar el País Vasco al Estado, la política entra en acción, casi como un mal actor en una película de serie B. La negociación no sigue reglas claras, sino que se basa en un tira y afloja donde la situación política influye directamente en los resultados.

¿Sabías que el Gobierno Vasco y el estatal pactan previamente cualquier modificación que afecte al sistema? La situación se presenta como un game show, donde ambos lados están tratando de salir de la sala con la mayor cantidad de premios. El resultado ha sido, en ocasiones, un aumento en el cupo que ha llegado a ser beneficiado por el favor del Gobierno en el poder. Esto, por supuesto, ha generado un malestar en comunidades que
sienten que están subvencionando, entre otras cosas, la buena vida en el País Vasco.

Tras los números: el déficit de pensiones

Una de las críticas más contundentes al régimen foral es su relación con el déficit de pensiones. En resumen, el sistema español de pensiones se basa en un modelo de reparto. Por cada trabajador, hay parejas que esperan recibir su parte. Sin embargo, los números ya no cuadran. En 2022, el déficit en pensiones fue de 33.438 millones de euros, y el País Vasco, con su demografía particular, también contribuye a esta cifra. Sin embargo, ¿dónde entra el cupo aquí?

El cupo que se establece no tiene en cuenta esos déficits, lo que hace que el País Vasco pueda sentir que no tiene que poner de su parte al sistema. Esta situación es un poco como invitar a un amigo a cenar y luego enterarte de que él pone del 20% de la cuenta mientras que tú pones el 80%.

La doble vida del IVA

El IVA, uno de los impuestos más importantes en España, entra en juego en este panorama. La recaudación del IVA no se distribuye simplemente en función de la producción, sino más bien del consumo. Lo que significa que las empresas que venden bienes y servicios deben liquidar el IVA a la Administración donde tienen su sede. El problema surge cuando empresas grandes tienen operaciones en múltiples comunidades, lo que genera un sistema complejo donde el País Vasco en ocasiones recibe más de lo que realmente le corresponde. Es como si compraras una camiseta de una marca especial y, en lugar de que el dinero se mantenga en la tienda, parte de él se va a una tienda competidora.

En 2022, por ejemplo, el País Vasco recibió un ajustado de 2.692 millones de euros por el IVA, algo irreal si lo comparamos con lo que se espera de un ajuste justo. ¿Es este ajuste miel sobre hojuelas para unos, y un problema para otros? Totalmente.

Las complicaciones a futuro y posibles soluciones

La realidad es que este sistema no se sostiene solo con excusas y derechos históricos. Mientras que puede haber justificaciones sobre las ventajas del sistema, ¿realmente están justificados estos privilegios? Hay quienes sugieren que se necesita un ajuste en todo el sistema, donde se considere su relación con el gasto de pensiones, el IVA y otros aspectos impositivos.

Una opción sería llevar a cabo una reforma que busque reducir estas asimetrías. Pero como hemos visto, esto ha sido históricamente un terreno poco frecuentado. Otra opción sería mantener el sistema tal y como está, lo que solo seguirá generando más rencor y desconfianza entre las comunidades autónomas. Un juego al que ninguno de los involucrados quiere jugar.

Conclusión

El régimen foral vasco-navarro no es un simple rompecabezas; es un laberinto lleno de giros y sorpresas que deja a muchos preguntándose si realmente vale la pena mantener un sistema que crea más problemas que soluciones. Con la posibilidad de una mayor extensión de estos privilegios a otras comunidades, como Cataluña, es crucial considerar las implicaciones de estos «beneficios» y si realmente son sostenibles en el largo plazo.

En última instancia, es posible que estemos viendo cómo un plato bien servido se convierte en una comida fría, y quizás, solo quizás, es tiempo de revalorizar el menú. Pero para eso, necesitamos un enfoque más colaborativo y menos político en la formula del sistema. Porque al final del día, ¿quién no quiere que todos tengamos una buena comida en la mesa, sin excepciones?