En el teatro de la vida, a menudo se dice que los aplausos son para los actores, pero a menudo hay un telón que se cierra para las historias menos glamorosas. Historias como la de Luis Mari, un hombre cuya vida se apagó por el amianto, y de quienes, como su viuda, Mª Carmen MenDizábal, ahora deben enfrentar la cruda realidad de un sistema que se ha mostrado indiferente ante su sufrimiento. El retraso de más de dos años en la creación de un fondo público para las víctimas del amianto, que depende de la Seguridad Social, no es solo un número en un reporte; es un golpe profundo para familias que claman justicia y dignidad.

Un fondo tan necesario como inexistente

En 2022, tras una lucha que le costó más de una década a la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) y a los sindicatos CCOO y UGT, se aprobó por unanimidad un fondo público destinado a compensar a las víctimas de esta sustancia cancerígena. ¿No debería ser esto un motivo de celebración? Todo lo contrario. En lugar de brindar consuelo y ayuda, este fondo está en un limbo burocrático completamente innecesario. La Seguridad Social debió haber aprobado su reglamento en enero de 2023, y sin embargo, lo único que ha llegado a las familias afectadas es la desilusión y el desamparo.

Un sistema que olvida a sus héroes

Luis Mari se convirtió en una de las muchas víctimas que enfrentaron con valentía la lucha contra una enfermedad causada por el amianto, pero su historia no es única. La viuda de Luis, Mª Carmen, expresa la frustración palpable que muchos sienten: «Nos han abandonado». Es esa sensación de ser dejado de lado lo que resuena en el corazón de innumerables familias que ahora se enfrentan a una espera interminable por unas indemnizaciones que, legalmente, tienen todo el derecho a recibir.

La investigación del Defensor del Pueblo

Recientemente, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, decidió investigar esta situación alarmante. En un encuentro con representantes de FEDAVICA y los sindicatos, subrayó que «resulta imprescindible agilizar la compensación a las víctimas». ¿Acaso no parece que deberíamos haber hecho esto ya? Sin embargo, aquí estamos, como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable de burocracia que ignora la urgencia del dolor humano.

La respuesta del Defensor fue contundente: se dirigirá al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para exigir una respuesta rápida y efectiva. Es ese tipo de acciones que generan un rayo de esperanza en un panorama sombrío. Pero como dije antes, estamos en un teatro donde a menudo las luces se apagan cuando la trama se vuelve oscura.

La voz de las víctimas

Los representantes de las organizaciones de víctimas y sindicatos han denunciado ante el Defensor del Pueblo el «bloqueo» de este reglamento. En la misma reunión, se discutió la triste realidad de un juicio que se estaba llevando a cabo en Barcelona, donde un extrabajador del Metro, enfermo de amianto, exigía una indemnización a su empresa debido a la falta de medidas preventivas. Este juicio, que podría haberse evitado con acciones del Gobierno, ilustró la urgencia de una solución real y justa.

Una lucha que continúa

«Confiamos en que el Defensor sea una palanca para obtener esta legislación lo más pronto posible», afirmó Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CCOO. Y eso inspira cierto optimismo, ¿no es así? Pero el tiempo no espera, y mientras tanto, cada día que pasa sin una respuesta equivale a otro día de angustia y resentimiento para las víctimas y sus familias.

Comparaciones que duelen

Una de las cuestiones más críticas es que el último borrador presentado por la Seguridad Social, que fue rechazado en junio de 2023, fue considerado mezquino e insuficiente. Las víctimas y sindicatos están en desacuerdo con las cuantías y las reglas fiscales en el borrador que los compara con otras indemnizaciones. «Las víctimas del amianto no pueden ser víctimas de segunda», enfatizó Patricia Ruiz, responsable de Salud Laboral de UGT. ¿Por qué, en este mundo, seguimos permitiendo que algunas vidas valgan menos que otras?

Un llamado a la acción

El problema va más allá de la burocracia; es un problema de dignidad humana. Las víctimas se enfrentan a una batalla ya complicada por el simple hecho de haber sido expositoras de un veneno que se esconde en materiales de construcción, en estructuras antiguas y en trabajos que se consideraban seguros. La sensación de abandono es abrumadora, y cada retraso en el reglamento sólo ahonda en su desesperación.

A la espera de justicia

Es increíble que, a medida que avanza la tecnología y la sociedad, algunos aspectos críticos de la vida, como los derechos de las víctimas, sigan atrapados en un laberinto burocrático. Imagínate a ti mismo, buscando justicia. Esperas una respuesta clara, objetiva y humana. Y en su lugar, te encuentras con respuestas vagas y una falta de acción palpable. Las historias de las víctimas y sus familias revelan la necesidad urgente de un sistema más eficiente que reconozca sufrimientos pasados y ofrezca una compensación justa.

Reflexiones finales

En la relación entre el Estado y sus ciudadanos, uno esperaría que el primero funcione como un protector, un faro de luz en medio de la tormenta. Pero en este caso, la oscuridad sigue acechando. Si bien la búsqueda de justicia es un viaje largo y arduo, las esperanzas se mantienen vivas gracias a organizaciones que no se rinden. La lucha de la FEDAVICA, de CCOO, de UGT y de innumerables familias es también nuestra lucha. Porque mientras haya vida, siempre habrá razón para esperar que la justicia –por pequeña que sea– prevalezca.

¿Podremos imaginar un futuro donde se escuche la voz de estas víctimas sin el ruido ensordecedor de la burocracia? Una vida donde la compensación no sea un lujo, sino un derecho. Pero, como siempre, solo el tiempo lo dirá.

Así que, por el momento, mientras aguardan respuestas, sigamos hablando. Al fin y al cabo, cuando el telón se levanta, somos nosotros quienes debemos asegurarnos de que sus historias se cuenten.