La situación de las empresas energéticas en España jamás deja de ser un tema candente, y el caso de Cepsa es un claro reflejo de ello. La reciente amenaza de la compañía petrolera de “ralentizar” sus planes de inversión en nuestro país en favor de proyectos de hidrógeno verde en otros países arroja luz sobre la complejidad del panorama económico actual. Así que, ¿qué está en juego exactamente aquí?

Desde la perspectiva de un observador casual, podríamos pensar que toda esta narrativa se asemeja a un melodrama empresarial. Después de todo, ¿no deberían las empresas asumir sus responsabilidades y adaptarse a un entorno fiscal cambiante? Pero, mientras lo pienso, también recuerdo aquella vez que me topé con un café “artesanal” que prometía ser “la experiencia del café en tercera dimensión”. Spoiler: solo era café muy, muy caro. Así que aquí estamos, asistiendo a otro episodio de “Los ricos también lloran”, pero en un escenario completamente diferente.

Un impuesto que sacude la industria energética

Todo comenzó con los planes del Gobierno de mantener de forma permanente el impuesto extraordinario a las empresas energéticas. Este gravamen fue introducido como respuesta a la crisis provocada por la guerra en Ucrania, y su objetivo era evidente: ayudar a recaudar fondos para gastar en servicios públicos tan necesarios como la sanidad y la educación. Pero, como es común en la política, buena parte de la propuesta fue recibida por la industria como el lobo que llega a la granja de Caperucita.

¿Y quién podría culparlos? Después de todo, Cepsa ha sido clara al afirmar que un aumento en la carga fiscal podría “provocar un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno”. Hasta ahora, su ambitioso plan, denominado “Positive Motion”, busca que más de la mitad de sus beneficios provengan de actividades sostenibles para el año 2030. Pero, ¿qué pasaría si el dinero destinado a esos planes se desviara hacia un impuesto que podría desincentivar las inversiones?

La respuesta del gobierno: mantener la calma

María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, se mostró bastante despreocupada ante las advertencias de Cepsa. Sus palabras tenían un tono casi zen: “vivamos con normalidad estas reacciones del sector empresarial” y “que sobreactúen es un ejercicio de justicia social”. Claramente, busca que las grandes empresas se adapten a un entorno de impuestos más altos.

Sin embargo, encontramos un punto interesante aquí: ¿es realmente justo pedir a las empresas que acaben pagando más, cuando en muchos casos, sus márgenes de ganancia ya son significativos? En su defensa, Montero argumenta que la recaudación tributaria resultante beneficiaría a servicios públicos esenciales. Pero esta convicción debe equilibrarse con la necesidad de que las empresas se mantengan operativas y competitivas.

El dilema del ‘hidrógeno verde’: entre España y el mundo

Hablando del hidrógeno verde, el proyecto emblema de Cepsa, el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, es una inversión monumental de 3.000 millones de euros. Este proyecto promete ser uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde en Europa. Sin embargo, si Cepsa ve que el entorno fiscal en España se vuelve demasiado opresivo, podría priorizar proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil o Estados Unidos.

Dicho esto, empieza a preguntarme: ¿Cuándo alguien podrá abrir un proyecto innovador sin tener que mirar hacia las leyes fiscales de su país? Imagínate, planificar tu vida, tus sueños e inversiones, y la principal preocupación es un formulario de impuestos. La vida de un empresario, ¿cierto?

Resistencia del sector frente a la incertidumbre fiscal

La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a gigantes del sector como Cepsa y Repsol, ha mostrado su rechazo frontal a un impuesto permanente. Su preocupación radica en que este tipo de gravamen podría desincentivar las inversiones que las empresas han proyectado realizar para descarbonizarse hasta el año 2030, una suma nada despreciable de 16.000 millones de euros.

Es que no se trata solo de un impuesto; es un juego de dominó: la incertidumbre fiscal puede generar un vacío que lleve a las empresas a repensar su estrategia de inversión. Pero hay quienes argumentan que esta resistencia muestra que el sector energético está más preocupado por sus utilidades que por la transición hacia energías sostenibles. Y, bueno, ¡esa es una conversación incómoda!

La dicotomía entre beneficio y sostenibilidad

Uno de los puntos que más resuena en toda esta discusión es la diferencia entre beneficio y sostenibilidad. Cepsa y otras petroleras tienen el reto de navegar a través de un mundo donde se exige que sean más responsables con su impacto ambiental. Su transformación hacia un modelo más sostenible es una necesidad imperiosa, pero eso no debería arrastrarlas a un precipicio financiero.

Recordemos las palabras de Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, quien hace poco anunció una inversión de 15 millones de euros en un nuevo proyecto de hidrógeno renovable en Portugal. Es un movimiento inteligente, pero ¿qué pasaría si las condiciones de inversión en España fueran más atractivas? Tal vez podríamos ver fluir esas inversiones en lugar de verlas esfumarse en el aire como un mal truco de magia.

Un futuro incierto: ¿Inversiones en España o el extranjero?

Lo que queda claro es que, aunque Cepsa deje claro que está comprometida con la sostenibilidad y el hidrógeno verde, también hay un ojo puesto en otros países donde las condiciones fiscales sean más amables. Y aquí es donde la ironía entra en juego: mientras se intenta fomentar la sostenibilidad, el panorama fiscal podría estar empujando a las empresas a abandonar sus inversiones en el país.

El Gobierno, en su afán de incrementar los ingresos, podría estar alejando a las grandes empresas que juegan un papel crítico en la transición energética. Pero, ¿quién puede encontrar el equilibrio perfecto entre beneficio y responsabilidad social sin perder la cabeza? Este es el desafío al que se enfrenta no solo Cepsa, sino el conjunto de la industria energética en España.

Reflexiones finales: el equilibrio necesario

Así que, aquí estamos, unos meses después de que el Gobierno diera su primer golpe en la mesa y Cepsa respondiera con su advertencia. A medida que avanzamos hacia un futuro lleno de incertidumbres fiscales y cambios climáticos, la solución requiere diálogo y cooperación, no simplemente amenazas de un lado o del otro.

Si las empresas pueden encontrar un espacio donde aún se sientan incentivadas a invertir, y donde la sostenibilidad y el beneficio puedan coexistir, habríamos dado un gran paso. Al final de cuentas, todos queremos un mundo mejor: quizás solo necesitemos encontrar esas palabras amables que logren un acuerdo razonable… ¡más que un precio justo!

Es un dilema que podría hacerle sombra a cualquier telenovela, pero en este caso, toca a las partes involucradas encontrar una solución antes de que toda la trama se vuelva insostenible. ¿Te imaginas a Cepsa trasladando su sede a un país con mejores incentivos fiscales? Sería como ver a un águila en busca de un nuevo hogar al recibir malas noticias de su nido.

Antes de cerrar, ¿te queda claro que la energía del futuro no solo se mide en hidrógeno verde sino también en diálogo y entendimiento? Esa es la verdadera fuente de poder.