Cuando escuchamos la palabra “emergencia”, nuestros instintos nos llevan a pensar en situaciones críticas, donde el tiempo es oro. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esa señal de emergencia se convierte en una excusa para la falta de control y transparencia? Eso es precisamente lo que ha sucedido en Andalucía, o al menos eso es lo que nos indican los números en un reciente reporte que dejó más preguntas que respuestas.

En este artículo, haremos un recorrido por el escándalo de los contratos sanitarios de emergencia que han sido concedidos a dedo por un montante de 31 millones de euros entre 2021 y 2022. Y sí, ese es el tipo de cifra que debería hacernos levantar una ceja (y probablemente también hacer sonar una alarma, o dos).

¿De qué hablamos cuando hablamos de contratos sanitarios de emergencia?

Vamos a ponernos en contexto. Imagina que eres un médico en medio de una crisis sanitaria, intentando salvar vidas, y de repente, llega una notificación que dice que, debido a la pandemia, ciertas normativas de contratación se flexibilizan. ¡Por fin! Podrás conseguir el equipo que necesitas sin las tediosas licitaciones. Esto puede sonar como un sueño hecho realidad, pero como muchas cosas en la vida, este sueño tiene sus sombras.

Desde el inicio de la pandemia, muchas comunidades autónomas en España han estado utilizando la figura de contratos sanitarios de emergencia para asegurar la atención adecuada a sus ciudadanos. Superficialmente, parece una medida lógica y necesaria, pero a medida que la burbuja se fue desinflando, comenzaron a salir a la luz ciertas irregularidades. En Andalucía, al menos cuatro contratos han sido concedidos sin el necesario proceso de oposición, en un periodo en el que ya no había declaratoria de emergencia, lo que ha llevado a la crítica y a la sospecha.

El caso de Juan Manuel Moreno y Jesús Aguirre

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el popular Juan Manuel Moreno, se dio por enterado de estas adjudicaciones después de que el exconsejero de Salud y Familias, hoy presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, presentara la documentación correspondiente. Como mero espectador en esta dramática obra de teatro, uno se pregunta: ¿cómo es posible que tales decisiones se tomen con toda la calma del mundo? ¿Acaso los números no hacen ruido en oídos sensatos?

Ah, pero esperen. La historia se complica aún más. Imagina que, en un intento por defender lo indefendible, uno de los funcionarios pudiera decirte que todo estaba relacionado con la rapidez que requería la situación. La cosa es que, a lo largo del tiempo, los ciudadanos suelen tener la memoria corta, pero en este caso, hay documentos que no se olvidan tan fácilmente.

La opacidad como norma: ¿por qué debería preocuparnos?

Si te tomas un momento para pensar en la magnitud de lo que está pasando, la preocupación es completamente justificada. La falta de un proceso transparente en la adjudicación de contratos puede dar pie a los favoritismos y a una mala gestión de los recursos públicos. En un momento donde cada euro cuenta, esto debería hacer que a cualquiera se le erice la piel.

¿Te imaginas que tú o yo, en nuestra vida cotidiana, pudiéramos lidiar con dinero público de esta manera? Sinceramente, estoy convencido de que nos perderían en tiempo récord. Por eso, entender por qué este tipo de cosas sucede en el ámbito político, puede avergonzarnos a todos. Las reglas que deberían estar con nosotros, los ciudadanos, en un lugar seguro, de repente parecen ser un mero juego de azar para esos que se encuentran en posiciones de poder.

Casos similares en otras comunidades

Por si todo esto no fuera lo suficientemente alarmante, no estamos hablando de un caso aislado. Recientemente, hemos visto que otros gobiernos autónomos también han estado sacudiendo la alfombra de la transparencia en sus propias adjudicaciones. Así que, si alguien se siente tentado a pensar que esto es un problema andaluz exclusivamente, piénsenlo de nuevo. Las sombras parecen alargarse por todo el país.

Por ejemplo, algunas noticias recientes han revelado irregularidades en la contratación de servicios de salud en comunidades como Cataluña y Madrid. El patrón parece claro: en pleno caos, se fuerza la mano y se eligen soluciones rápidas que, a la larga, pueden tener un coste devastador tanto para la economía regional como para la confianza pública.

La necesidad de una regulación más rigurosa

Así que, ¿cuál es la solución? Todos concordaríamos en que es crucial establecer un marco normativo más fuerte que impida que situaciones como esta se repitan. Pero, ¿qué haríamos para que se escuchen nuestras voces?

La sociedad civil tiene un papel fundamental que desempeñar. Ya sea a través de movimientos ciudadanos que exigen mayor transparencia y rendición de cuentas, o simplemente participando activamente en los procesos electorales, cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en la dirección política y administrativa del país.

También debería ser una prioridad para los órganos de control y supervisión. No basta con hacer informes; debe existir un compromiso genuino para actuar y exigir respuestas. A veces, parece que se necesita una gran tragedia para que las cosas cambien, y eso debería ser una razón suficiente para que todos tomemos acción.

Reflexiones finales: la importancia de la transparencia

Al final del día, estamos hablando de un asunto que trasciende lo económico y administrativo; se trata de confianza. La confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes es lo que cimenta la democracia. Cada vez que se destapa un caso como este, sentimos que esa confianza se erosiona. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto?

Podemos empezar por informarnos y educar a la sociedad sobre estos temas. Porque la verdadera emergencia en Andalucía, como en muchas otras partes, no es tanto la falta de recursos, sino la falta de una gobernanza decente y responsable.

En un mundo donde los mecanismos de control se activan solo después de que la tormenta ha pasado, ¿acaso no deberíamos reimaginar nuestra noción de “emergencia”? ¿No deberíamos abogar por un marco más claro y transparente que prevenga que estas situaciones se repitan? Porque, al final, no se trata de un juego de “mientras tanto”; se trata de la vida de miles de personas.

Así que la próxima vez que escuches sobre contratos de emergencia, espero que no solo te haga pensar en números, sino también en el impacto que tienen en la vida real. Porque detrás de cada cifra hay historias personales, familias y realidades que deberían estar en el corazón de cualquier discusión.

La historia de los contratos sanitarios de emergencia debe ser un llamado a la acción. Ríete, infórmate, participando en el cambio. Porque, al fin y al cabo, somos nosotros quienes definimos si esta más que una emergencia: simplemente, debería ser un camino hacia una mayor transparencia y equidad. ¿No crees?