En la actualidad, las grandes ciudades españolas se enfrentan a un dilema que podría compararse con esas situaciones en las que intentamos meter nuestra vida entera en una maleta de mano antes de un viaje. ¿Alguna vez te ha pasado? Estás ahí, tratando de cerrar la cremallera mientras te preguntas si realmente necesitas tres pares de zapatos para un fin de semana. Pues bien, así se siente el mercado de la vivienda en España. Con un déficit proyectado de 2,7 millones de viviendas para dentro de 15 años, la situación se vuelve crítica. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto y qué posibles soluciones existen?
La presión demográfica y la escasez de viviendas
En el estudio Necesidad de suelo en España 2024 presentado por la patronal de promotores españoles APCE y la consultora Colliers, se pone de manifiesto que el crecimiento de la población, en gran parte impulsado por la inmigración, está superando con creces la oferta de viviendas. En 2023, se construyeron alrededor de 87.565 viviendas, mientras que la creación neta de hogares se acerca a las 230.000 anualmente. Las cuentas no cierran, y parece que la única opción que queda es una serie de elecciones erráticas entre los ayuntamientos, en un juego en el que nadie quiere perder.
¿Dónde se siente más la presión?
La falta de vivienda asequible afecta especialmente a Madrid, Barcelona, Málaga, las Islas Baleares y Canarias. Imagínate que en Canarias, por cada nueva vivienda construida, se generan siete nuevos hogares. En Valencia, el ratio es de cinco, y en Barcelona de cuatro. Sin embargo, hay ciudades como Cáceres y Ciudad Real, donde la situación es diametralmente opuesta, con un crecimiento de hogares más lento que el de la construcción. ¡Qué alivio sería mudarse a una de esas ciudades y pagar un alquiler que no te haga cuestionar tu decisión de ser adulto!
Burocracia: el enemigo silencioso
La rápida evolución demográfica se topa con un muro burocrático que podría rivalizar con las murallas de la ciudad de Ávila. En España, la aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) puede tardar entre seis y ocho años, y no contentos con eso, el proceso de ratificación del plan en sí puede llevar otros tres a siete años. ¡Y eso solo si todo sale bien! Puede que al final de este proceso, la ciudad haya cambiado, la población se haya movilizado y, por supuesto, la presión de la necesidad de vivienda se haya duplicado.
Las causas de este retraso
Los promotores atribuyen este estancamiento a varias razones, como la complejidad regulatoria, la inseguridad jurídica, la lentitud burocrática, y la falta de financiación. Honestamente, cuando te hablan de todos estos obstáculos, parece más fácil construir un castillo en el aire que levantar una vivienda en el suelo.
Recuerdo que, cuando estaba buscando piso en Madrid, me pasé meses haciendo malabares con agentes inmobiliarios y visitando propiedades. Y lo que me quedaba claro es que, aunque la demanda era alta, la oferta era un auténtico gato en el agua: difícil de agarrar y resbaladiza.
La política se convierte en un obstáculo
La falta de interés de los ayuntamientos en desarrollar suelos ha generado un vacío que es aprovechado por el sector privado. Xavier Vilajoana, presidente de la APCE, ha señalado que es esencial la aprobación de una nueva Ley del Suelo que elimine la inseguridad jurídica en los procesos de desarrollo. Sin embargo, esta legislación aún espera el apoyo político necesario para su aprobación.
De hecho, hemos visto que la propuesta de reforma fue retirada al carecer de aliados políticos. Me pregunto, ¿acaso es demasiado pedir que las decisiones sobre el suelo se tomen con un poco más de agilidad en este siglo XXI?
Viviendas más costosas: un ciclo difícil de romper
Uno de los hallazgos del mencionado estudio es que los largos plazos urbanísticos no solo retrasan la construcción, sino que, además, incrementan el precio del suelo. ¿Quién no ha sentido en su propia piel cómo la presión inflacionaria afecta su capacidad para alquilar o comprar? Este aumento en los precios se traduce en un sobresfuerzo económico para las familias españolas y, a menudo, en la difícil decisión de prescindir de gastar en cosas esenciales para poder pagar el alquiler.
El llamamiento a la acción
Vilajoana también comentó que es necesario que la Administración pública asuma un rol proactivo en la construcción de vivienda social. En un país que forma parte de la Unión Europea en pleno siglo XXI, esto debería ser un hecho. La comparación resulta odiosa: en ocasiones parece más fácil conseguir una mesa en un restaurante de moda que encontrar un hogar asequible.
Un reciente estudio de la consultora JLL ha cifrado en 400.000 millones la inversión necesaria para mitigar el déficit de vivienda asequible. ¡Pero, claro, esas cifras son más complicadas de digerir que un plato de espaguetis sin salsa!
Una solución en el aire
En esta encrucijada, la propuesta de la nueva Ley del Suelo busca solventar problemas puntuales sin tener que reiniciar el proceso desde cero. A la espera de su implementación, la presión se acumula, y mientras tanto, las familias continúan buscando un lugar llamado hogar. Me resulta impresionante cómo, a pesar del creciente peligro de un déficit, la burocracia puede llegar a ser un exuberante arbusto que impide el paso.
En busca de un compromiso
El camino por delante es complicado. Si bien hay un consenso sobre la necesidad de crear más viviendas, también es cierto que la voluntad política aún no ha aparecido en el horizonte. Los ciudadanos habituales, como tú y como yo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es esencial que, como sociedad, exijamos soluciones efectivas. Después de todo, eso podría suponer el salto de calidad que el mercado de la vivienda necesita urgentemente.
Conclusión: la vivienda como derecho
La situación actual se asemeja a un juego complicado de ajedrez, pero la realidad es que, al final del día, se trata de un asunto de derecho humano. Tener un hogar asequible debería ser una aspiración común en cualquier nación. La crisis de la vivienda podría parecer una tormenta lejana para algunos, pero para muchos, es una tormenta que ya ha desatado.
Como dice el dicho, “no hay peor lucha que la que no se hace”. Es momento de que, colectivamente, nos levantemos y exijamos cambios. Después de todo, al fin y al cabo, todos merecemos un lugar al que llamar hogar. Y si eso significa esperar a que la burocracia se ponga las pilas, podemos añadir un poco de humor a la mezcla, porque, al fin y al cabo, ¿qué sería de la vida sin unas buenas risas?
