Recientemente, un problema de gran envergadura ha sacudido el ámbito de los contratos públicos en España: cientos, si no miles, de actas de adjudicación han desaparecido de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con esta plataforma, se trata del portal oficial donde se publican las licitaciones y contratos de las instituciones públicas. Así que, tal vez se están preguntando: ¿cómo es posible que un recurso tan crucial sufra un apagón informático? ¡Vamos a desentrañarlo!
Una actualización que se vuelve una pesadilla
El Ministerio de Hacienda ha calificado esta situación como un “hecho puntual” derivado de una “actualización” de la plataforma. Como si fuera un programa que necesita ese «update» que nunca parece llevarse a cabo sin problemas. Este tipo de justificaciones me llevan a una anécdota personal: recuerdo cuando actualicé el software de mi viejo ordenador y, en vez de mejorar, se volvió más lento que una tortuga con resaca. La cuestión es que, aunque Hacienda asegura que la información sigue allí “con su sello de tiempo que garantiza la integridad”, a la hora de la verdad, muchos ciudadanos quedaron en la oscuridad, incapaces de acceder a información vital sobre contratos públicos.
La plataforma experimentó una “interrupción temporal” el pasado septiembre, anunciando tareas de mantenimiento. Sin embargo, días después, miles de documentos siguen en paradero desconocido. Más allá de la broma de que el mantenimiento se haya alargado como una serie de televisión sin final, la situación es seria. Estoy seguro de que a muchos no les haría gracia saber que no pueden acceder a la información que les corresponde como ciudadanos.
La falta de transparencia: más que un problema técnico
La naturaleza de este bache no es solo algo técnico; toca el núcleo de la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. En un contexto donde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está empleando inteligencia artificial para combatir posibles irregularidades, la falta de información publica significa que estamos en un juego sin reglas, donde los tramposos pueden tener más oportunidades de salir airosos.
Piensa en esto: ¿cómo podemos confiar en que existe una competencia justa cuando no podemos revisar los contratos adjudicados? ¿Qué ocurre con las adjudicaciones de grandes proyectos, como los contratos de emergencia durante la pandemia? Son temas complejos que exigían claridad, y ahora, en lugar de eso, nos encontramos con más preguntas que respuestas.
Un presupuesto de 360.000 millones de euros
A lo largo de los años, la web ha visto un aumento impresionante en el volumen de contratos publicados. En 2018, se registraron 82.179 adjudicaciones; en 2023, esa cifra superó las 198.967. El volumen asciende a más de 360.000 millones de euros, ese es el símbolo del tamaño que involucra la actividad de contratación pública en España.
Pensar en esos números me deja un poco aturdido. Es como tratar de imaginar cuántos gatos cabrían en una habitación. Pero, a medida que la plataforma crecía, sus cimientos tecnológicos no estaban a la altura. Es un fenómeno que muchos de nosotros podemos reconocer: cuando algo crece rápidamente, a menudo hay un costo oculto. En este caso, se traduce en una infraestructura digital que no puede manejar la carga.
¿Dónde está la información que necesitamos?
El problema se extiende más allá de los documentos no visibles. Si alguna vez has intentado buscar un contrato en la PLACSP, sabes que puede resultar un ejercicio de paciencia extrema. En palabras del ingeniero de datos Manuel García, la plataforma es “muy opaca” y “vetusta”. Para colmo, si quisieras buscar información utilizando el CIF de una empresa, te llevaría mucho tiempo y esfuerzo debido a la manera ineficaz en que la información está organizada.
¿No es irónico que, en una era donde la información fluye como un torrente, estemos atrapados en un laberinto digital que haría sonrojar a un antiguo egipcio? La falta de acceso a datos claros y organizados no solo genera frustración; también socava la confianza pública.
Un esfuerzo por mejorar: ¿pero a qué costo?
Pese a la reciente interrupción, el Ministerio ha afirmado que una «renovación tecnológica» está en marcha, con un horizonte de 4-6 años. Esto vuelve a traer a la memoria las historias de las promesas de actualización en mi propio ordenador. La anticipación de que alguna vez se convierta en algo usable es suficiente para sentir un escalofrío.
Lo que me preocupa, y debería preocuparnos a todos, es que este sistema no es solo para facilitar información: es crucial para garantizar una competencia saludable en el sector público. Cuando los ciudadanos no pueden acceder a información transparente, lo que estamos viendo es un retorno a una situación donde la opacidad puede florecer.
El daño de la corrupción
Dado que la corrupción puede prosperar en un clima de opacidad, nuestra situación resulta alarmante. España aún no ha implementado una estrategia nacional contra la corrupción, a pesar de las demandas del Tribunal de Cuentas y otros organismos. Esto pone en evidencia un problema sistémico más profundo que necesita ser abordado urgentemente.
La falta de información pública puede ser vista como un síntoma de una enfermedad más grave: la ausencia de una cultura que valore la transparencia y la responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido impotentes ante un sistema que parece ignorarnos? Esta situación no solo nos afecta a nivel individual, sino que también socava la confianza que debería existir entre el ciudadano y el estado.
A modo de conclusión: el camino hacia la transparencia
Volviendo a la crisis de la PLACSP, hay que reconocer que la situación es un microcosmos de problemas más amplios que afectan a nuestro sistema financiero y gubernamental. Un sistema que debería facilitar la transparencia y la competencia justa en su lugar parece perderse en un mar de burocracia y fallos técnicos.
¿Qué necesitamos, entonces? Un compromiso firme por parte de los gobiernos para fortalecer sus sistemas, asegurarse de que la información sea accesible y de que los ciudadanos no deban luchar para obtener datos que deberían ser de acceso público.
La pregunta que queda es: ¿estamos dispuestos a aceptar que el gobierno funcione de esta manera, o vamos a exigir cambios auténticos? La respuesta a esa pregunta podría determinar la transparencia del futuro en la contratación pública española. ¡Así que saquemos nuestras antorchas digitales y exijamos claridad!
Eso sí, no podré prometer que el camino será fácil. Pero, si todos cortamos las cadenas de la opacidad, entonces el futuro podría brillar un poco más.
