La reciente controversia en torno a la nueva norma de control de datos de viajeros en España ha generado un torbellino de opiniones y reacciones en el sector turístico. ¿Qué ocurre cuando la seguridad nacional entra en conflicto con la sostenibilidad económica de las pymes? Acompáñame en este recorrido por la enrevesada maraña de decretos, agencia de viajes y la eterna danza entre gobierno y empresarios.
¿Qué nos trajo aquí? Un vistazo a la normativa
Para entender la magnitud de este tema, primero debemos contextualizar. Recientemente, el Gobierno español promulgó un Real Decreto que exige a las agencias de viajes, hoteles y otros sectores del turismo, recopilar información detallada sobre sus clientes. Esto incluye datos que van desde la identidad del viajero hasta información financiera. Sinceramente, ¿quién pensó que dar más datos sería lo que nos haría sentir más seguros a la hora de viajar?
El decreto estaba previsto para entrar en vigor el 1 de octubre, pero, debido a las protestas y la oposición unánime de las empresas en el sector, decidieron postergar su aplicación al 2 de diciembre. ¡Qué semana! No sé tú, pero a mí me gustaría tener tal capacidad de negociación cuando se trata de entregar la tarea. Aunque alas fechas de entrega me siguen aterrando.
El sector turístico bajo el microscopio
La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) no tardó en expresar su descontento. En un contexto ya delicado por la pandemia, las agencias de viajes, que en su mayoría son pymes, se sienten presionadas ante lo que consideran una carga de trabajo excesiva. Claro que, justo cuando la vida comienza a volver a la normalidad, ¡pam! Un
