El pasado 17 de septiembre, el Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó el Plan de Acción por la Democracia, anteriormente conocido como Plan de Regeneración. Presentado por el presidente Pedro Sánchez, este ambicioso proyecto suena prometedor a primera vista. Sin embargo, algunos críticos ya están alzando la voz, alegando que en su intento de mejorar la democracia, el gobierno podría estar dando un giro inesperado hacia la censura y el control de los medios de comunicación. Pero, ¿realmente estamos ante un plan de regeneración que protegerá a la ciudadanía, o es más bien una medida que amenaza la libertad de prensa? Vamos a desglosar las implicaciones detrás de este plan.

Un resumen del Plan de Acción por la Democracia

El Plan de Acción por la Democracia incluye 31 medidas que se irán implementando a lo largo de la legislatura. Hasta ahora, solo se han aprobado cuatro, y al parecer, el verdadero trabajo pesado comenzará en este año. Si hay algo que deberíamos tener claro es que la libertad de información debería ser el pilar central de cualquier democracia. Después de todo, ¿quién no quiere estar bien informado? Sería como intentar preparar una receta siguiendo solo los pasos de la abuela, pero sin saber qué ingredientes lleva.

Sin embargo, aquí es donde la cosa se complica. El gobierno ha dejado claro que lamentablemente no ve a todos los medios de comunicación como aliados en su misión. De hecho, la forma en que se refiere a aquellos que critican sus acciones es bastante reveladora, describiéndolos como «pseudomedios» o la «máquina del fango». ¡Vaya forma de ponerle un título a la prensa, no? Pero, ¿quién define qué es un “pseudomedio”? Me pregunto si eso incluirá a los blogs de cocina que critiquen su receta de tortilla de patatas.

La propiedad y financiación de los medios: entre transparencia y control

Una de las medidas más controvertidas del plan es la creación de un registro de medios de comunicación, donde se deberá proporcionar información pública sobre su propiedad, accionarado e inversión publicitaria. Esta idea podría sonar muy a favor de la transparencia, y, de hecho, lo es. Sin embargo, también plantea importantes interrogantes: ¿hasta qué punto se convertirá esto en un mecanismo de control? Imagine por un momento a los altos funcionarios del gobierno con una lista en mano, decidiendo quién se merece un espacio en las pantallas o páginas de los “medios respetables”.

Además, se quiere otorgar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) poderes para regular los medios. Aunque la idea de tener un ente que vigile la calidad y la ética periodística suena bien, la ejecución de tal poder en las manos del gobierno es un arma de doble filo. ¿Estamos seguros de que el gobierno no se convertiría en un titiritero, manipulando a los medios para que hablen de lo que a ellos les conviene?

La independencia de la prensa: ¿es el gobierno el nuevo sheriff?

Un dato curioso es que, hasta ahora, el gobierno no ha presentado ninguna medida que proteja a los medios públicos de posibles injerencias políticas. Esto es irónico, considerando que están llamados a ser el modelo de independencia que otros medios deben emular. ¿Qué pasaría si el mismo gobierno que aboga por la independencia de la prensa se convirtiera en su mayor enemigo? En la reciente tragedia de la DANA en Valencia, el “bloque de investidura” modificó rápidamente el sistema de elección del consejo de administración de RTVE para incluir a consejeros afines al quirófano político del momento. ¿Coincidencia? No lo creo.

Medidas políticas y su efecto en la libertad de expresión

La última tanda de medidas del Plan de Acción por la Democracia también incluye restricciones análogas a las empresas encuestadoras durante los períodos electorales. Mientras tanto, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ampliamente criticado por la falta de precisión en sus encuestas, permanece intacto. A medida que miramos el panorama, queda claro que algunas medidas parecen balances políticos más que un esfuerzo genuino por lograr transparencia y equidad.

¿No sería mejor centrarse en mejorar la calidad de los datos recogidos en lugar de penalizar a quienes no juegan a favor del gobierno?

Las redes sociales y la asignación de publicidad institucional

Uno de los puntos más llamativos es cómo las nuevas reglas se extenderán a las redes sociales y su tratamiento de fake news o bulos. Se ha mencionado que el gobierno quiere tomar medidas sobre las violaciones de información en estas plataformas. Sin embargo, no está claro qué sucederá con las páginas no registradas que difunden información errónea.

¿Eres un apasionado usuario de Twitter, por casualidad? Imagínate que empiezas a ver anuncios de tu panadería local milagrosamente disparados, pero el tweet donde pusiste que el pan de esa semana era más seco que el Sahara, resulta que lo censuran mientras el anuncio sabroso se mantiene a flote. Hablando de presiones, no quiero ser alarmista, pero eso suena un poco descabellado, ¿a que sí?

El derecho de rectificación vs. derecho a la información

Entre las medidas que se han esbozado, el derecho de rectificación se ampliará incluso a las redes sociales. Pero aquí viene la trampa: sin obligar a las plataformas digitales a ejecutar esas rectificaciones. Esto podría abrir un campo de batalla, donde los altos funcionarios del gobierno podrían hacer uso de esta herramienta para silenciar críticas, alargando una cadena de rectificaciones que solo dejaría un rastro de confusión y desconfianza.

Además, si restringe el secreto profesional, estaremos dejando a los periodistas con una mano atada a la espalda. Las fuentes comenzarán a temer si confirman un dato porque, ¿quién va a querer complicaciones legales por simplemente hablar? Cada vez que un periodista necesite investigar, primero tendrá que pensar en si le espera una puerta cerrada en vez de una libreta llena de historias.

Mediación gubernamental: peligroso juego de poder

Y aquí viene la primavera que arrebata el aire fresco en este asunto. Según el gobierno, esta legislatura será la que finalmente termine con la «impunidad» de los pseudomedios. Pero ¿de verdad queremos que el gobierno sea el que determine qué es un medio de comunicación legítimo? Las implicaciones son preocupantes, poco éticas y bastante peligrosas. Que el gobierno controle la narrativa de los medios no es otra cosa que una ruta directa a un mundo de propaganda.

Sólo imaginemos por un momento que un gobierno vecino adopta una política similar. ¡Es el tipo de escenario digno de una novela distópica!

Reflexión final: ¿es este realmente el camino hacia la democracia?

Así que, mientras miramos el Plan de Acción por la Democracia, es fundamental preguntarnos: ¿realmente está promoviendo la democratización, o está creando una estructura que amenazará la crítica esencial que todo sistema democrático necesita? La historia nos ha enseñado que la libertad de expresión no es un regalo, sino un derecho. Si ese derecho se ve comprometido bajo el paraguas de la ‘regeneración’, entonces, algo va muy mal.

A medida que navegamos por esta intrincada red de políticas, es vital permanecer vigilantes y críticos. Después de todo, la democracia no se defiende a sí misma. En este mundo de rápidas transformaciones, la ciudadanía debe asumir un papel activo, asegurándose de que se escuchen todas las voces, incluso aquellas que a algunos les gustaría silenciar. Así que la próxima vez que alguien pregunte: “¿Hay un pseudomedia por aquí?”, simplemente sonríe y responde: “No, solo los medios que defienden la libertad”. ¿No es hermoso ver cómo un simple gesto puede convertir la indignación en acción colectiva?

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