La reciente designación de Isabel Perelló como la primera mujer al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo es un hito que, sin duda, marca un antes y un después en la historia judicial de España. Pero no todo es color de rosa en su mandato. Desde su llegada, ha tenido que enfrentarse a una serie de desafíos que van desde la necesidad de defender la separación de poderes, hasta el acoso y las críticas que han caído sobre la judicatura. Acompáñame en este recorrido donde analizaremos los retos y las anécdotas que han definido este periodo.

El papel del CGPJ y la llegada de Perelló: más que un cambio de liderazgo

Claro, todos hemos escuchado que «cualquier cambio puede dar lugar a nuevas oportunidades». Sin embargo, en el caso de Isabel Perelló, ese cambio ha implicado más que simplemente poner un rostro nuevo al CGPJ; ha significado enfrentarse a un clima de tensión y oposición en un momento muy delicado para el sistema judicial español.

Imaginen que un día, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llega a la vida pública afirmando que hay un «lawfare» en contra de su partido, y que el Partido Popular (PP) tiene el apoyo de jueces en su labor de oposición. En ese momento, Perelló se ve obligada a recordar que la independencia judicial es una piedra angular del Estado de Derecho. Y como bien dicen, «quien mucho habla, mucho errará»; pero aquí, la responsabilidad recae de manera muy pesada sobre sus hombros.

Primeros días y la defensa de la justicia

Isabel Perelló comenzó su mandato en septiembre, momento en el que se hizo evidente que su trabajo no sería fácil. A los pocos meses, ya había tenido que salir en repetidas ocasiones a intervenir en pro de la separación de poderes y la independencia de la judicatura.

Esto me recuerda a aquellos días cuando uno empieza un nuevo trabajo; siempre sientes la presión de dejar una buena impresión, pero, a veces, te encuentras en medio de un incendio. En este caso, Perelló no solo necesitaba apagar fuegos, sino que también debía construir un nuevo enfoque sobre lo que significa ser una mujer en una posición de poder en España.

La lucha por la renovación y los vacíos en el sistema

Uno de los aspectos más complicados de su papel es la renovación del Consejo, que quedó atascada debido a la ley que impidió los nombramientos. Si te cuento que hay más de un centenar de plazas vacantes en la judicatura –y que casi una de cada tres en el Tribunal Supremo está sin cubrir– te darás cuenta de la magnitud del desafío. Perelló ha manifestado su deseo de llenar estas plazas lo antes posible, pero, como bien sabemos, las promesas políticas son como ese delicioso pastel que siempre parece una buena idea, pero a veces no acabas disfrutándolo.

La necesidad de nombrar a nuevos jueces se vuelve aún más urgente cuando observamos que casos de corrupción salpican al gobierno actual. En este contexto, la figura del CGPJ se vuelve crucial para reforzar la credibilidad de la justicia.

El papel del Ejecutivo y los desafíos que se avecinan

Otro de los puntos álgidos en el mandato de Perelló ha sido su relación con el Ejecutivo. Cuando el ministro Óscar Puente lanzó acusaciones sobre el Alto Tribunal, fue otro recordatorio de que el acoso al Poder Judicial sigue en aumento. La independencia de la justicia no es solo una cuestión de principios, sino esencial para la confianza pública en las instituciones. ¿Y acaso no hemos aprendido en los últimos años que lo que se pierde en confianza es difícil de recuperar?

Las palabras de Perelló resaltan la importancia de un CGPJ al que se le permita operar sin interferencias externas. Sin embargo, aquí es donde se presenta la dificultad: la fragmentación política en España ha llevado a una polarización que, en lugar de consolidar, obstaculiza procesos esenciales.

El futuro de la justicia: reto de las mujeres en la judicatura

El tema de la cuota femenina en la judicatura ha sido motivo de fricciones entre los grupos progresistas y conservadores. En medio de esta polémica, las aspirantes a presidir las dos salas críticas del Tribunal Supremo –la Sala Penal y la Sala de lo Contencioso-Administrativo– van a tener que navegar en aguas turbulentas.

Hay un dilema evidente aquí: ¿deberían ser contratadas las mujeres porque son mujeres o porque son las más capacitadas para el puesto? La respuesta, aunque asombrosamente simple, parece enredarse en las entrañas del debate político. Como alguien que ha trabajado en diversas organizaciones, me he enfrentado algunas veces a esa misma pregunta: ¿promocionar un ambiente diverso en el que todos tengan voz, o me quedo con el enfoque tradicional? La respuesta es, sin duda, encontrar un equilibrio.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sus implicaciones

NGalera con un cambio sustancial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde la iniciativa presentada por el CGPJ ha sido aplaudida, pero con una advertencia: no se puede implementar sin un blindaje para la Fiscalía. Esto es un punto crucial que no debe pasarse por alto. En un momento donde la credibilidad de la institución está en juego, la necesidad de proteger a los fiscales se vuelve cada vez más evidente.

Y cómo no, siempre en medio de una tormenta política, surgen otros debates más delicados, como el de “los límites a la acusación popular”. En este aspecto, la situación se vuelve un poco como un mal día en el gimnasio: piensas que vas a lograr hacer todas tus repeticiones, pero acabas con una serie de excusas en su lugar.

Acusaciones populares: ¿quién controla el quién?

Esa es una buena pregunta, ¿no? Las acusaciones populares a menudo son vistas como un «mal necesario» en una democracia, pero ahora se han convertido en una herramienta que muchos asocian con la política más que con la justicia. Desde el Gobierno se habla de que organizaciones que presentan acusaciones son identificadas como «ultraderechistas», lo que provoca un inmenso debate y conflictos de intereses.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habla sobre los efectos perturbadores de la figura de la acusación popular. En un país donde las balas pueden volar de un lado a otro, es vital encontrar un espacio donde la justicia prevalezca sobre la política.

La conclusión: el camino por delante para Perelló

La vida de Isabel Perelló como presidenta del CGPJ se enfrenta a un viaje incierto. Cada movimiento que haga será evaluado y cada decisión cuestionada. La mirada del público es constante. Pero, como siempre se ha dicho, las crisis pueden traer consigo cambios positivos, y quizás, justo quizás, esta sea una oportunidad para fortalecer la independencia judicial en España.

La historia de Isabel Perelló y su lucha por un sistema judicial eficiente y libre de interferencias políticas es un relato que se está escribiendo día a día. Pero, como en cualquier buena novela, habrá capítulos difíciles y giros inesperados. Lo que queda es preguntarse: ¿será capaz de navegar este laberinto y salir victoriosa? La respuesta, como en la vida real, se encuentra en el futuro y en la voluntad del pueblo español de apoyar a una justicia verdaderamente independiente.

¿Y tú, querido lector, qué opinas sobre el camino que ha emprendido Isabel Perelló?