Cuando se habla de la Fundación SAMU, es difícil no pensar en sus esfuerzos por ayudar a una de las poblaciones más vulnerables: los menores migrantes. Sin embargo, recientes acontecimientos han puesto a esta organización en una posición muy controvertida. Sí, amigos, no todo es lo que parece en el mundo de las ONG y fundaciones. ¿Es posible que la pobre imagen de la desprotección infantil se vea ampliada por el manejo irresponsable de sus recursos humanos? Acompáñenme en este análisis que es tan necesario como un café a las ocho de la mañana.

El contexto del escándalo

La Fundación SAMU se ha ganado su lugar en el ámbito de la atención a menores migrantes, discapacitados y otros servicios sociales en regiones como Andalucía, Canarias y la Comunidad de Madrid. Pero lo que tendría que ser motivo de orgullo y admiración se ha convertido en un tema de controversia debido a la aplicación de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que ha sido calificado de fraudulento. A raíz de diversas denuncias y un conflicto colectivo, finalmente se ha hecho público que cerca de 300 trabajadores se vieron afectados por un procedimiento que la Inspección de Trabajo ya había calificado como irregular.

¿Qué es un ERTE y por qué es importante?

Para aquellos que no estén familiarizados, un ERTE es una figura legal en España que permite a las empresas suspender temporalmente contratos de trabajo o reducir jornada laboral por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Hasta aquí, todo parece sensato, ¿verdad? Sin embargo, cuando se convierte en un instrumento de abuso, como en el caso de la Fundación SAMU, las cosas toman un giro dramático.

Y aquí es donde entra en juego la pregunta del millón: ¿Cómo es posible que una fundación dedicada al bienestar social decida aplicar un ERTE de forma unilateral a sus trabajadores, cuando estos ya estaban luchando por ayudar a los más necesitados? Puede que los directivos de Fundación SAMU necesiten un curso intensivo de ética empresarial.

La historia detrás del ERTE fraudulento

El origen del conflicto data de abril de este año, cuando la Fundación SAMU anunció la suspensión de contratos para un 56% de su plantilla, que contaba con alrededor de 2,500 empleados. El pretexto eran supuestas “razones económicas”, pero ¿quién no ha escuchado a un jefe decir que “no hay presupuesto” justo antes de darse una vuelta por la oficina en un auto de lujo? La falta de transparencia en el proceso fue evidente: la fundación no presentó la documentación requerida que pudiera justificar tales acciones. Pero eso no es todo. ¿Qué hizo la Inspección de Trabajo al respecto?

Al detectar irregularidades, la Inspección no tardó en advertir a la Fundación SAMU que las decisiones tomadas podían ser consideradas como temerarias, lo cual podría conllevar sanciones económicas. Las palabras de Pedro Ocaña, secretario de CCOO, el sindicato que vigorosamente ha defendido a los afectados, revelan la gravedad de la situación: “Era un absoluto despropósito”.

Un acuerdo que no resuelve el problema

Tras varias rondas de negociaciones entre los sindicatos y la fundación, se llegó a un acuerdo de conciliación el 26 de septiembre. La Fundación terminó por reconocer que el ERTE era “injustificado”. Personalmente, no puedo evitar preguntarme: ¿cómo es posible que una entidad con una larga trayectoria en el servicio social no pueda prever las consecuencias de sus acciones?

Los trabajadores recibirán sus salarios atrasados más intereses por demora, y se les devolverán las condiciones de trabajo como si nunca hubiera existido el famoso ERTE. ¿Pero es que realmente se soluciona así el problema? ¿Acaso no queda una sombra de desconfianza que podría tardar en disiparse?

Irregularidades que ponen en riesgo la atención social

Los efectos de este tipo de irregularidades no solo afectan a los trabajadores, sino que también tienen repercusiones directas en el servicio que se les brinda a los menores migrantes y a quienes más lo necesitan. La fundación ha sido blanco de críticas no solo por la ejecución fraudulenta del ERTE, sino también por otros incumplimientos laborales, como la falta de pagos de nómina y el incumplimiento de subidas salariales pactadas.

Peor aún, se han recibido denuncias sobre el estado de las instalaciones de atención infantil, algunas en condiciones deplorables. Me viene a la mente la imagen de un niño con una mirada de desesperanza esperando ser atendido en un lugar que debería ser su refugio. ¿Cómo pueden los directores de esta fundación dormir por la noche? Tal vez se olviden de que su trabajo es crucial para estos menores.

La responsabilidad de las administraciones públicas

Por si esto no fuese suficiente, las voces de los sindicatos han alertado sobre la falta de control en la adjudicación de contratos públicos a entidades como Fundación SAMU. Las licitaciones se hacen bajo condiciones de emergencia —prácticamente un «todo vale»—, y esto da lugar a que se den menos controles y mayor opacidad.

En un mundo ideal, las administraciones públicas deberían exigir transparencia y cumplimiento normativo de las empresas y organizaciones que gestionan fondos públicos. Si no se establece un marco sólido, terminarán haciéndose responsables no solo del manejo de recursos, sino también del bienestar de aquellos que necesitan protección. ¿Se debe permitir que fundaciones con historias de irregularidades sigan recibiendo contratos públicos? La respuesta parece obvia.

Conclusiones y necesidades de cambio

Hemos examinado un caso que revela la complejidad y las dificultades inherentes a la gestión del tercer sector en España. La Fundación SAMU ha estado en el ojo del huracán, y mientras intenta solventar su situación, otras organizaciones deben aprender de sus errores.

No es suficiente aplicar un parche o un acuerdo de conciliación una vez que la situación ha estallado. Debe haber un compromiso sólido desde la dirección hasta el último trabajador para garantizar que su misión social no se vea empañada por prácticas laborales abusivas.

Como ciudadanos, tenemos el deber de exigir responsabilidad a estas organizaciones, buscando una transparencia que no solo beneficie a sus trabajadores, sino también a aquellos que dependen de sus servicios. Tal vez, y solo tal vez, con los ojos bien abiertos y un liderazgo más ético, podamos comenzar a transformar el sector y dejar un impacto positivo duradero.

Así que la próxima vez que leas sobre fundaciones y ONGs, recuerda: no todo el que hace el bien es necesariamente bueno en su interior. A veces, el verdadero trabajo comienza cuando la luz sale a la superficie y todos vemos la realidad tal como es. ¿Estás listo para ser parte del cambio?