La justicia en cualquier nación debe ser un pilar de confianza y equidad. En España, este principio ha estado en el ojo del huracán debido a recientes decisiones del Tribunal Supremo relacionadas con las condenas por los ERE en Andalucía. Con el telón de fondo de un sistema que a menudo parece politizado y tecnificado, ¿qué está sucediendo realmente y qué significa para la democracia española?

¿Qué está pasando con los ERE en Andalucía?

Para aquellos que no estén familiarizados, el escándalo de los ERE se refiere a un caso de corrupción masivo donde se acusó a varios miembros del Gobierno Andaluz de desviar fondos destinados a ayudas para trabajadores en situación de desempleo. La magnitud del escándalo no solo devoró la reputación de muchos políticos, sino que también dejó una marca indeleble en la percepción pública sobre la política en general.

Recientemente, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emitido dos autos clave en este prolongado escándalo, en el que se plantea la posibilidad de enjuiciar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) si se encontraran pruebas de prevaricación. Ahora, permíteme detenerme un momento aquí. ¿Cuántas veces pensamos que nuestros jueces deberían ser intocables e inmortales? Es como el héroe de acción que nunca muere en las películas, pero en la vida real, la corrección y la justicia deberían prevalecer, ¿no crees?

La inadmisión de querellas: un análisis

En sus autos, los ponentes, Andrés Palomo del Arco y Vicente Magro Servet, inadmitieron las querellas presentadas por diferentes entidades. Bullen preguntas fundamentales. ¿Es realmente posible que nuestros magistrados no sean responsables de sus decisiones? Mientras escuchaba las noticias, me recordé de una vez en la que me perdí en una conversación sobre responsabilidad en una cena. Un amigo, muy seguro de lo que decía, insistía en que los políticos podrían jurar sobre un libro que nunca leerían. Vaya manera de ver la vida.

A pesar de la inadmisión, es importante señalar que el Tribunal Supremo dejó claro que esto no equivale a una inviolabilidad absoluta. Es como decir, “no te preocupes, puedes hacer lo que quieras, pero no te olvides de que hay cámaras.” La Sala advirtió que los magistrados del TC podrían ser enjuiciados, pero solo si se demostrara que actuaron de manera arbitraria. La naturaleza compleja y técnica del derecho a veces puede sonar como los verbos que usamos en la vida cotidiana: llenos de matices, pero ¿realmente comunicativos?

El dilema de la impunidad judicial

La polémica no solo radica en la decisión sobre los magistrados, sino también en cómo interpretamos la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). No cabe duda de que los magistrados tienen una enorme responsabilidad. La independencia judicial no puede ser solo una frase de un libro de texto, sino una práctica tangible. Sin embargo, su carta de privilegios parece más bien un escudo que permite a algunos sentirse a salvo. ¿Acaso es más fácil no hacer nada que afrontar la posibilidad de un error?

Como bien dijo el antiguo ministro de Justicia Eugenio Montero Ríos, “Sois inamovibles en vuestros cargos porque sois responsables de vuestros actos.” Es un recordatorio pertinente en tiempos donde la falta de responsabilidad parece ser la regla, no la excepción. La última vez que me topé con un recordatorio de este tipo, fue en una tienda donde el dueño se quejaba de que algunos empleados pensaban que sus responsabilidades eran solo un título para incluir en su currículo.

La cuestión de la interpretación jurídica

Aquí es donde la situación se vuelve más enrevesada. La interpretación de la ley puede ser a menudo tan subjetiva como una discusión sobre el sabor de un vino. Dos jueces pueden tomar decisiones diametralmente opuestas sobre un caso que implique los mismos hechos. Está claro que lo que puede parecer “justo” para uno, puede no serlo para otro. Esto añade una capa de confusión a un sistema que debería ser, en la teoría, recto y transparente.

La advertencia del Tribunal Supremo nos recuerda que los magistrados no están por encima de la ley, pero la percepción pública es un problema más amplio. En muchas culturas, el concepto de justicia es casi sagrado, pero cuando los propios guardianes de esa justicia son percibidos como corruptos o incompetentes, la confianza se erosiona.

La acción popular y su supresión

Aprovechando la oportunidad, un nuevo proyecto de ley en el Congreso propone suprimir la acción popular, un mecanismo que permite a los ciudadanos presentar querellas. Aunque inicialmentela idea puede sonar razonable, como muchos cambios legales, tiene sus retos. Si se suprime la acción popular, ¿acaso estamos dando el control total a las instituciones para actuar a su antojo?

Imagínate un juego de Monopoly donde el banco es siempre el mismo jugador. Bueno, esa es la sensación que muchos podrían tener si esta ley se aprueba. La posibilidad de que la Fiscalía General del Estado y el poder político puedan manipular la justicia para su propio beneficio no es algo que deba tomarse a la ligera. A menudo, las decisiones políticas se entrelazan con el ámbito judicial y eso forma un brete donde la ética y la moralidad a menudo terminan sacrificadas.

La responsabilidad de los magistrados: ¿solo un papel o un compromiso real?

La historia del Derecho está llena de citas memorables que se convierten en lemas. La de Jerónimo Castillo de Bobadilla que advertía a los jueces debería resonar en cada tribunal de justicia en el mundo: “procedan con mucho tiento y consideración”. Pero nos lleva a la siguiente pregunta: ¿realmente están actuando con “tiento” los que dictan la ley? La convicción que se siente al ver cómo la justicia se puede manipular trae a la mente una frase de un mentor que una vez me dijo: “A veces, la gente que debería ser más responsable termina jugando con fuego”.

Vivir en un sistema donde los magistrados pueden ser considerados responsables de sus decisiones es una necesidad para garantizar que la justicia funcione en beneficio de todos y no solo de unos pocos. Las palabras de los sabios deben ser el norte, pero la interpretación moderna de esas palabras debe ser más que retórica vacía.

Conclusión: un llamado a la conciencia colectiva

El sistema judicial en España enfrenta una prueba de fuego, y es responsabilidad de cada uno de nosotros estar atentos a estos cambios. Al final, la justicia es un derecho que afecta a todos. La toma de conciencia sobre cómo funciona nuestro sistema legal puede ser nuestra mejor opción para evitar que se resquebraje.

Es importante preguntarse. ¿Estamos dispuestos a permitir que el poder permanezca en manos de aquellos que podrían no tener el mejor interés del pueblo en mente? Como ciudadanos, tenemos el potencial de ser defensores de ese sistema, pero la lucha no es fácil. Sin embargo, es crucial que todos estemos atentos y listos para asumir un papel activo; después de todo, en una democracia, la justicia no es sólo tarea de los jueces, sino del pueblo que se pone en pie por sus derechos.

Así que, ¿qué opinas de esta situación? ¿Te sientes satisfecho con el estado de la justicia en tu país? Como siempre, la verdad suele ser una búsqueda diaria, no un destino. ¡Sigamos preguntando y manteniendo viva esta conversación crucial!