La situación de los menores inmigrantes no acompañados en Canarias es un tema que ha estado en el centro del debate social y político en España. Recientemente, Candelaria Delgado, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, alzó su voz en la Conferencia Sectorial de Infancia, pidiendo al Ministerio de Juventud e Infancia que asuma una responsabilidad directa en la tutela de estos jóvenes. Esta situación, una mezcla de urgencia y administración pública, nos lleva a reflexionar sobre un problema que no es únicamente insular o nacional, sino de toda Europa.
¿Por qué es importante la tutela de los menores no acompañados?
Imagina una tarde tranquila donde tu mayor preocupación es qué cenar. Ahora, cambia esa imagen por un menor que llega a un país extranjero sin la compañía de un adulto o una familia que lo respalde. Para estos jóvenes, el futuro puede parecer tan incierto como una película de terror. Pero en lugar de asustarse, lo que realmente necesitan es un sistema de apoyo que les permita integrarse en su nuevo entorno y garantizar sus derechos fundamentales.
La falta de respuesta del Gobierno de España a las demandas de la consejera canaria ha creado una sensación de desesperación. La solicitud de más de 500 menores que fueron declarados asilados y que deben estar bajo la tutela del Estado es, de hecho, una exigencia legal. Sin embargo, la burocracia puede ser más enrevesada que un laberinto, y muchas veces los derechos de estos jóvenes parecen ser los primeros sacrificados en el altar de la indiferencia política.
La crisis de Canarias: más de mil en un mes
La llegada de jóvenes migrantes a Canarias ha aumentado de manera alarmante. En el último mes, la comunidad canaria ha visto la llegada de más de mil menores no acompañados. Este fenómeno no solo eleva las cifras, sino que también aumenta la presión sobre un sistema que, en muchos casos, ya está al límite. ¿Por qué las autoridades tardan tanto en responder? Bueno, eso parece ser un enigma que ni el mejor detective podría resolver.
Lo que es indiscutible es que las islas han empezado a sufrir lo que Delgado describe como una presión del 300% superior a su capacidad en los centros de acogida. En este punto, uno no puede evitar sentir un profundo sentido de empatía hacia estos menores, quienes no solo enfrentan una nueva vida en un entorno desconocido, sino que también lidian con la desconexión del sistema que se supone debe protegerlos.
El papel del Ministerio de Inclusión y la falta de respuestas
Para los que no están familiarizados, el Ministerio de Inclusión tiene la responsabilidad de atender a los solicitantes de asilo, pero la demora en su respuesta ha sido motivo de críticas. Según Candelaria Delgado, ha pasado más de un mes sin contestar a una solicitud crucial. Esto plantea una pregunta clara: ¿es aceptable que los derechos de estos jóvenes dependan de la burocracia? La respuesta debería ser un rotundo «no», pero la realidad a menudo cuenta una historia diferente.
El llamamiento a fundar un contencioso legal para proteger los derechos de estos jóvenes refleja una desesperación crítica. ¿De verdad debemos llegar a ese punto para que se escuche la voz de los vulnerables? La lucha de Canarias no es solo sobre los recursos que necesita, sino sobre la dignidad y el futuro de estos jóvenes.
Fondos europeos y la necesidad de acción inmediata
Uno de los aspectos más perturbadores de esta crisis es la cuestión del financiamiento. Delgado ha pedido a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que lidere una petición de fondos europeos para establecer centros de acogida. Si bien se han prometido 50 millones de euros, la consejera ha dejado claro que esto no es más que un parche en una herida profunda.
La idea de que el Estado debe «tomar las riendas» de las ayudas económicas y que se necesita modificar la Ley de Extranjería podría parecer un discurso político común. Sin embargo, es un llamado a la acción que refleja una necesidad urgente. La ayuda Europa podría marcar la diferencia, pero también plantea interrogantes: ¿deberíamos depender siempre de fondos externos en lugar de establecernos como comunidad responsable?
Costos reales de la atención a menores no acompañados
Cuando se trata de cubrir las necesidades de estos jóvenes, no se puede ignorar el costo real de su atención. Según los cálculos de Delgado, el Estado necesitará una inversión de 160 millones de euros para poder ofrecer alojamiento, manutención y otros servicios esenciales. Uno podría pensar que el bienestar de la juventud es una prioridad, ¡pero a veces parece que el dinero habla más alto que los derechos humanos!
No obstante, esos primeros 50 millones, aunque muy necesarios, parecen ser simplemente una gota en el océano. La pregunta que surge aquí es: ¿cómo es que el bienestar de los jóvenes desamparados no está en la agenda de financiación como otras prioridades más visibles y menos urgentes?
Reflexiones finales: responsabilidad compartida
La crisis de los menores no acompañados en Canarias nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad. Si estos jóvenes son el futuro de nuestras comunidades, ¿qué tipo de futuro estamos construyendo cuando los sistemas que deberían protegerlos fallan?
A medida que el mundo se enfrenta a retos cada vez mayores en términos de migración y derechos humanos, recordemos que cada joven es más que una estadística; es un ser humano lleno de potencial, gritándole al mundo en busca de oportunidades. La política puede ser fría, pero en el caso de los menores no acompañados, las decisiones que tomen hoy definirán el mañana, no solo de estos jóvenes, sino de todos nosotros.
Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? La elocuente frase de Martin Luther King siempre me resuena: «La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes.» Si no tomamos acción ahora, corremos el riesgo de convertirnos en cómplices de la indiferencia y la deshumanización. La solución no está en las palabras vacías, sino en la acción concreta, en la defensa de aquellos cuyos derechos son demasiado a menudo ignorados.
La crisis de los menores no acompañados en Canarias es solo la punta del iceberg. Debemos presionar a las autoridades, informar y ser la voz de aquellos que no pueden hablar. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que significa ser parte de una comunidad?