Cuando se habla de urbanismo en España, uno podría pensar que la trama es bastante sencilla, pero, como todo en la vida, la realidad a menudo resulta más compleja (y a veces, más divertida). Uno de los últimos episodios que nos deja boquiabiertos es la situación del alcalde de Finestrat, Juan Francisco Pérez Llorca, quien se ha visto envuelto en acusaciones sobre la construcción de una piscina en suelo no urbanizable. Pero, ¿qué significa esto realmente? Antes de tirarnos a la piscina (perdón por el juego de palabras), hagamos un repaso por esta historia.

Una piscina en el lugar equivocado

¿Alguna vez considerando “construir” una piscina en el patio de tu casa —ya sea en un suelo urbanizable o no— has sentido que podrías estar cruzando la línea? La historia de Pérez Llorca no es más que un ejemplo de las complejas y a veces murky waters de la legalidad en el sector inmobiliario. Según un abogado especializado en urbanismo, «hay varias condenas por construir piscinas en suelo no urbanizable», y parece que el alcalde puede estar en la línea de fuego.

Según se ha reportado, Pérez Llorca obtuvo licencias municipales para realizar reformas en su vivienda familiar, pero también se asegura que la construcción de esta piscina en su propiedad es ilegal. ¡Vaya paradoja! Un alcalde, custodiando los cimientos de la ley, construyendo una piscina que a su vez podría ser considerado un derribador de leyes.

Sin embargo, el hechizo de la «manga ancha» de ciertos ayuntamientos comienza a desenredarse. En la comunidad Valenciana, se suelen permitir pequeñas edificaciones en parcelas destinadas a aperos de labranza, pero ¿dónde trazar la línea entre lo permisible y lo prohibido? Esta historia es un festín de preguntas sin respuesta y, a medida que se van desvelando más detalles, uno empieza a preguntarse si el fútbol político español es, quizás, una buena analogía. Es un juego donde a veces hasta el árbitro parece estar en el lado equivocado.

La historia de la vivienda y los servicios básicos

La vivienda de Pérez Llorca, con sus lujosos 822 metros cuadrados, no solo ha levantado suspicacias por la piscina, sino que también ha abierto un debate sobre cómo regularizar viviendas construidas en suelo no urbanizable. ¿Acaso Finestrat se sentó en la mesa negociadora de la legalidad y la imposición de sanciones o se limitó a alzar el pulgar hacia arriba y dejar que los edificios emergieran?

El Ayuntamiento, del cual Pérez Llorca es alcalde desde 2015, ha presentado un plan para regularizar un centenar de viviendas construidas sin las devidas licencias en un intento por dotarlas de servicios básicos. Pero, aquí viene el meollo — a preguntas realizadas por el diario que ha revelado la historia, se ha eludido esclarecer si la casa del propio alcalde estaría incluida en este proceso de regularización. ¿Coincidencia, o podría ser simplemente un giro desafiante del destino?

La insaciable sed de información

Es evidente que los ciudadanos tienen derecho a la información, y este caso en particular ha suscitado mucho interés. Las montañas de dinero que se mueven en el sector inmobiliario español son impresionantes, e incluso asustan a más de uno, ¿no? A medida que se explora el círculo de propiedades del político, la sombra de una aparente falta de transparencia comienza a crecer. Algunos reportes sugieren que Pérez Llorca -a pesar de ser copropietario de dos empresas que poseen ocho inmuebles—no ha declarado ningún bien en su declaración ante las Corts Valencianes. Esto no solo es curioso, ¡es absolutamente intrigante!

Las nociones de propiedad

¿Sabías que el inmueble familiar de Pérez Llorca se encuentra a escasos 165 metros del paraje protegido de Puig Campana? Esto eleva las apuestas, ya que estar tan cerca de una zona protegida debería ser motivo suficiente para tener cuidado. ¿Pero quiénes son los verdaderos responsables aquí? Y es que, mientras algunos creen que estas irregularidades son el resultado de un sistema complejo que premia a quienes se arriesgan, otros se preguntan si hay una falta de seguimiento y aplicación de sanciones por parte de las autoridades.

La ortofotografía del Instituto Cartográfico Valenciano revela que la propiedad ha cambiado notoriamente en el tiempo, transformando lo que alguna vez fue una modesta piscina inflable en un complejo de lujo. ¿Ha sido todo esto parte de un plan maestro o solo una serie de afortunadas coincidencias para el alcalde?

Las leyes son para todos, ¿o no?

Quizás uno de los aspectos más cómicos de esta situación es que, en realidad, las leyes que deberían asegurar el cumplimiento de las normativas urbanísticas parecen ser más flexibles para algunos que para otros. En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana impuso varias sentencias que reafirman que “no puede un propietario ampararse en una licencia concedida para legalizar la construcción de un garaje, una piscina o un porche”. Entonces, querido lector, ¿qué nos dice esto realmente sobre el poder de un alcalde frente a la ley?

Una arquitecta especializada en urbanismo plantea que en cualquier intento de regularizar estas construcciones, se tendría que someter a una evaluación ambiental estratégica. En términos más simples, a cada acción debe corresponderle una reacción, y puede que la piscina de Pérez Llorca no resista la prueba. Si se opta por modificar algún plano, la situación de legalidad urbanística no podría ser más arbitraria.

Reflexionando en la piscina

Y así volvemos al inicio, a esa refrescante piscina que asociaremos cada vez que pensemos en las complicadas interacciones entre ambición política y la ley. En un momento donde el escepticismo sobre la política parece estar más en auge que nunca, casos como este ayudan a solidificar la impresión de que puede haber un doble rasero. ¿Estamos realmente dispuestos a permitir que las irregularidades continúen y que aquellos que están al mando se salten las reglas?

Por otro lado, al hablar de urbanismo, debemos abordar otra cuestión igualmente importante: la responsabilidad ciudadana en el entorno actual. Quizás no podamos cambiar cómo operan algunos sectores dentro del gobierno. Pero cuando somos conscientes de las acciones de nuestros líderes, podemos actuar. ¿No es esa la verdadera esencia de la democracia?

En conclusión, el caso de Juan Francisco Pérez Llorca es un recordatorio de que el poder y la responsabilidad deben ir de la mano, y que cada acción tiene consecuencias, sean en forma de 40.000 litros de agua en una piscina desmedida o como la comunidad se une para exigir transparencia.

Al final del día, esta historia no se trata de una piscina más o de un alcalde complicado; se trata de nosotros, como ciudadanos, y de las normas que debemos exigir. Así que, la próxima vez que pienses en construir algo, ¡asegúrate de que es legal, ya que nunca se sabe a dónde puede llevarte un chapuzón!