La reciente aprobación de ciertas disposiciones en la Generalitat Valenciana ha reavivado un debate que parece no tener fin: el de los salarios de los altos cargos en un momento de crisis. En medio de las graves inundaciones provocadas por la DANA, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha decidido que es el momento perfecto para cambiar las reglas del juego. ¿Eliminar el tope salarial del 15% para consellers y secretarios autonómicos es realmente una medida necesaria? O más bien, ¿un privilegio que despierta la indignación de la población? En este artículo, exploraremos todos los ángulos de esta controvertida decisión.

Un decreto extraordinario en tiempos extraordinarios

Primero, pongámonos en contexto. Al mismo tiempo que los valencianos lidiaban con los efectos devastadores de las inundaciones, Mazón introdujo un decreto que, entre otras cosas, busca optimizar la gestión y organización del personal en la administración pública. Pero, ¡sorpresa! En este contexto se incluyó la eliminación del tope salarial de un 15% que limitaba los sueldos de los altos funcionarios a la cifra que percibe el propio presidente del Consell.

Quizás pienses: «¿Really? ¿Ahora es el momento para hablar de salarios?». A mí me parece una mezcla de desastrosos timing y un poco de humor negro, como cuando intentas contar un chiste en un funeral. Pero, más allá del momento, necesitamos entender la lógica detrás de esta decisión aparentemente descabellada.

¿Por qué eliminar el tope salarial?

Mazón y su gobierno sostienen que para poder enfrentar la reconstrucción tras desastres como el de la DANA, se necesita incorporar talento de alto nivel. Según ellos, esto implica que aquellos que tengan experiencia en administración pública y que vengan de otros puestos más remunerados puedan mantener su salario. ¿Te imaginas que un médico con más de 20 años de experiencia en medicina tenga que aceptar un salario inferior al anterior solo porque tiene que adaptarse a un nuevo entorno? Suena a una mala broma, ¿verdad?

De acuerdo con lo que han declarado fuentes del gobierno autonómico, esta disposición adicional es «excepcional para afrontar una situación excepcional». Pero, ¿realmente es tan excepcional? O, dicho de otra manera, ¿hemos estado en un estado de excepción por tanto tiempo que ya parece la norma?

¿Cuál es el impacto real de esta decisión?

La realidad es que, al permitir que altos funcionarios mantengan salarios que podrían superar los 80,173 euros (que es el salario base de Mazón), se está abriendo la puerta a que una decena de altos cargos puedan beneficiarse significativamente. Y aquí, además, está en juego una cuestión moral: mientras muchos ciudadanos valencianos están lidiando con las consecuencias de la inundación y necesitando asistencia, los altos funcionarios se están sentando en la mesa de negociaciones con un sueldo que, honestamente, podría cambiar el destino de muchas familias.

La reacción política: ¿indignación o justicia?

Naturalmente, la medida no ha pasado desapercibida. La reacción de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha sido contundente. ¿Una «inmoralidad»? Así lo ha calificado. Para Morant, que la prioridad de la nueva administración sea aumentarse el sueldo en lugar de centrarse en las necesidades de los ciudadanos es una falta de respeto palpable.

Pero aquí se plantea una pregunta interesante: ¿los altos funcionarios no deben ser bien remunerados? En términos generales, creo que todos podemos coincidir en que el talento y la experiencia deberían ser compensados de forma justa. Sin embargo, hay un tiempo y un lugar para todo, y quizás con una crisis inminente no sea el momento de enfocar la atención en los sueldos.

Más sombras que luces

Hablemos de personajes clave. Uno de los nuevos altos cargos es Francisco Gan Pampols, un teniente general del Ejército de Tierra, ahora bajo la sombrilla de la Generalitat. Su sueldo anterior podría ser un tema delicado, y aún no hay confirmación sobre cuánto percibirá en su nuevo cargo. Aguardo con ansias la próxima entrega de «¿Quién se lleva más?», donde las preguntas más jugosas giran entorno a cuánto ganan realmente los que están en el poder.

Otro que también aparece en esta danza salarial es Juan Carlos Valderrama, catedrático de la Universidad de Valencia designado como conseller de Emergencias. Confío en que, con su experiencia académica, pueda encontrar maneras creativas de abordar la crisis, pero, sinceramente, espero que no use su tiempo para hacer cálculos sobre su sueldo.

El dilema del talento: ¿contratación ética en tiempos de crisis?

Es comprensible que se busquen perfiles con altas capacidades para gestionar crisis. En efecto, la incorporación de talento es vital para la reconstrucción de una comunidad que ha sufrido tanto. Pero, ¿es esta la única forma de hacerlo? ¿Puede la gestión pública buscar maneras más éticas y sostenibles de atraer a especialistas, en lugar de abrir la puerta a salarios opulentos?

Imaginemos, por un momento, que los funcionarios que tengan efectivo en la cartera puedan ayudar a su comunidad y también renunciar a parte de sus salarios, creando un fondo para los afectados. Sería un gesto digno de un guion de película, y quizás en un futuro deberíamos considerar esa opción. ¡Quien sabe! Hasta podríamos ver un «Reality Show de solidaridad» donde el objetivo sea ayudar a la comunidad. ¡Me apunto!

Mira hacia el futuro

Carlos Mazón y su equipo tienen un reto monumental por delante. Será interesante observar cómo navegarán esta serie de decisiones difíciles en tiempos de crisis. Puede que el bienestar público entre en conflicto con el confort personal de unos pocos. El equilibrio entre compensación y sentido común nunca ha sido fácil de alcanzar, y el tiempo dirá si esta estrategia tiene éxito o solo lleva a una mayor indignación pública.

Finalmente, la intersección entre política y ética puede convertirse en un verdadero enigma en el futuro. La sociedad está mirando; los decisores están advertidos. Las decisiones que hoy puedan parecer necesarias, tal vez no se vean con los mismos ojos mañana. En este tira y afloja, solo espero que la humanidad prevalezca sobre la avaricia.

En resumen, el nuevo decreto de la Generalitat ha traído consigo no solo matices de talento requeridos para la reconstrucción, sino también una serie de preguntas incómodas que nos recuerdan lo frágil que puede ser la relación entre servirse uno mismo y servir al público. ¿Qué opinas de todo esto? A mí me parece que, después de estos tiempos complicados, un enfoque renovado hacia la ética en el liderazgo podría ser lo que los valencianos realmente necesitan. ¿Estamos listos para llevar esas conversaciones a la mesa?