Galicia, con su belleza singular y su profunda cultura, a menudo se halla en el epicentro de debates candentes, y la reciente reforma de dependencia no es la excepción. La Xunta de Galicia ha lanzado un plan –Plan de Agilización y Simplificación de los Trámites de Dependencia y Discapacidad– que promete cambiar las reglas del juego para aquellos que necesitan atención. Pero, ¿realmente estamos ante un avance o un retroceso encubierto hacia la privatización de un sistema que se supone debe ser público y accesible?

Un bombardeo de promesas y críticas

Imagina que entras a una sala llena de gente muy emocionada, todos anticipando un cambio que promete mejorar vidas. Así se presentó el plan a bombo y platillo por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García. Con una inversión de 90 millones de euros, el objetivo es garantizar que ninguna persona que solicita servicios de dependencia espere más de seis meses –cuando hoy la espera es de 388 días. Suena genial, ¿verdad?

Pero aquí comienza la colisión entre dos mundos: la visión de la Xunta contra la perspectiva del Colexio Oficial de Traballo Social (COTS). Para este último, algunas medidas parecen «perversas», abriendo las compuertas a una privatización que podría comprometer la atención de los más vulnerables.

El dilema del informe social

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la desaparición del informe social, una especie de brújula que guía la evaluación de las necesidades de las personas dependientes. Según Miriam Rodríguez, presidenta del COTS, esta decisión despoja a las personas de un seguimiento adecuado y el asesoramiento necesario. ¿Te imaginas tener que navegar por un mar de burocracia sin una guía que te indique por dónde ir? Eso es exactamente lo que puede pasar con esta reforma.

El informe social no solo tiene un papel administrativo, sino que, a menudo, es la clave para entender qué tipo de apoyos necesita una persona y cómo se puede acceder a ellos. Sin este documento, la solicitud de dependencia se convierte en un mero trámite administrativo, dejando a muchos en un limbo incierto. Aprovecho para mencionar que mi madre se enfrentó a un proceso similar hace un par de años. La burocracia era tal que sentí que necesitaba un mapa del tesoro para salir del laberinto.

La reacción de los enfermeros y el clamor por atención 24/7

En medio de este torbellino, los sindicatos de enfermería han levantado la voz, exigiendo que las residencias cuenten con atención presencial 24 horas al día. ¡Y con razón! La atención continua es fundamental para garantizar el bienestar de las personas que requieren asistencia constante.

Imagina que te encuentras en una residencia y, de repente, te das cuenta de que no hay nadie disponible en caso de una emergencia médica. Un susto, ¿verdad? La salud y la vida de las personas no deberían depende de horarios. Es casi como si te dijeran que el médico solo está disponible de 9 a 5, y si te encuentras mal, ¡buena suerte!

Una puerta a la privatización

A medida que profundizamos en el análisis de la reforma, se hace evidente que algunas interpretaciones la ven como una puerta abierta a la privatización de los servicios de dependencia. Sin el informe social, las gestorías y empresas privadas están listas para ofrecer sus servicios a cambio de un pago. Hay más de un anuncio en Internet llamando a «evaluadores a domicilio» que utilizan cuestionarios preestablecidos. No queremos sonar negativos, pero… ¿realmente necesitamos un intermediario que cobra por algo que debería ser accesible y transparente?

Miriam Rodríguez advierte que esta situación deja a las personas en manos de “intereses privados” en lugar de gestionar sus necesidades a través de un sistema público sólido. Aquí es donde las cosas se ponen serias. La idea de que las personas dependientes puedan ser “guiadas” por empresas privadas en lugar de trabajadores sociales capacitados es preocupante. ¿Dejaremos tan fácilmente la atención a nuestras personas mayores en manos de un formulario electrónico?

Beneficios económicos dudosos

La Xunta argumenta que se facilitan prestaciones económicas como una alternativa si no se logra acceso inmediato al servicio solicitado. Hasta ahora, se ofrece una prestación de 5,000 euros anuales para quienes quieren que un familiar o allegado les ayude en casa. Sin embargo, con pensiones que frecuentemente no superan un tercio del costo de una residencia privada, ¿es realmente útil esta ayuda?

Pienso en mi abuelo, quien siempre decía que el dinero no es todo en la vida. Y es verdad, porque, ¿por qué deberíamos enfrentarnos a decisiones que comprometen la calidad de vida solo por una cifra en una hoja de papel? La calidad del cuidado es más que un simple arreglo financiero.

La voz de la Xunta: un lamento por las cargas burocráticas

Desde el Gobierno gallego, se defienden y repiten que el objetivo del plan es reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso a los servicios. Se menciona que la “carga burocrática” impide la atención directa a las personas. Aquí es donde entra el famoso concepto de «menos es más». ¿Realmente hay que tirar el bebé con el agua del baño para conseguir mejorar un sistema que claramente necesita atención?

Aunque la Xunta asegura que no se anula la figura del trabajador social, muchos no pueden evitar sentir que la eliminación de un informe preceptivo no hace más que desdibujar su papel en el proceso de atención. La retórica del “deseo de centrarse en las personas” suena muy bien, pero puede que sea solo eso: palabras.

La respuesta de los profesionales y el sentido de la comunidad

Como en toda situación complicada, siempre hay voces de oposición que claman por la justicia. Los trabajadores sociales gallegos, junto a los sindicatos CCOO y SLG, se manifestarán para defender un sistema público robusto. Es un hecho: la comunidad debe hacerse escuchar. A menudo, las reformas se realizan sin tener en cuenta las voces de quienes están en la trinchera, trabajando para ayudar a los más vulnerables.

En este escenario, cabría preguntarse: ¿qué pasará con todas esas personas que dependían de una estructura bien establecida, cuando la nueva propuesta no parece ofrecer respuestas claras? Hay que señalar que escuchar estas voces es vital, porque los cambios que se implementen afectarán, y lo harán de manera directa, a la calidad del soporte que recibirán los ciudadanos en el futuro.

¿Y ahora qué?

La reforma en Galicia es un claro ejemplo de cómo un cambio bien intencionado puede convertirse, sin quererlo, en un caldo de cultivo para la privatización y la mala práctica. Muchos temen que, si no se establecen estructuras sólidas y recursos suficientes, acabaremos relegando la atención a servicios de lucro que solo buscan maximizar el beneficio. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿realmente queremos un sistema que coloca el dinero por encima de la calidad y compasión en el cuidado de nuestros seres queridos?

Mientras las discusiones continúan y las voces se alzan, es esencial que cada uno de nosotros esté atento a estos cambios. Ya sea que tengas un familiar que requiere atención, que trabajes en el sector o que simplemente te preocupes por el bienestar de tu comunidad, este es un momento en el que cada voz cuenta. La salud y el bienestar de muchos dependen de una lucha continua por defender un sistema de dependencia justo, accesible y de calidad.

Así que, a los que habitan en Galicia y están viendo esta situación de cerca, ¡no se queden callados! Se trata de un esfuerzo colectivo que necesita ser realzado para asegurar que, al final del día, todos recibamos el apoyo necesario, no importa cuánto tiempo tome llegar allí. Después de todo, la dependencia no es solo un asunto de papel, sino una cuestión de vida.