La situación en el Gobierno andaluz se asemeja a una novela de misterio. Dos tribunales, uno en Sevilla y otro en Cádiz, están investigando las contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que, hasta ahora, han levantado más de una ceja. Estamos hablando de cientos de millones de euros en contratos que, según las acusaciones, podrían haber sido otorgados de manera indiscriminada y menos que transparente. Pero, ¿realmente es esto un mero error administrativo como afirma el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, o hay algo más siniestro acechando entre las sombras?

Un juego de espejos: la investigación del SAS

La primera causa de esta inquietante historia gira en torno a posibles delitos de prevaricación. Los contratos de emergencia, firmados entre 2020 y 2024, están bajo el microscopio. Aquí es donde las cosas se complican. La gerente del SAS y sus dos predecesores están en el centro de la tormenta, tratando de evitar que su barco se hunda. En medio de este alboroto, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha decidido no personarse en la causa judicial, casi como un niño que cierra los ojos en un juego de escondite, esperando que nadie lo encuentre. Sin embargo, es un hecho que el juego ha tomado un rumbo inesperado y algo más serio de lo que él querría.

En su defensa, el presidente y su equipo insisten en que no hay ilícitos penales. Pero, ¿quién no ha utilizado alguna vez un excusado “error administrativo” cuando las cosas no salieron como se planearon? Puede ser posible que ellos realmente crean que todo esto no va a ninguna parte. Sin embargo, la presión aumenta y la segunda causa, que investiga el “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos, ha puesto al gobierno en una situación incómoda.

El fenómeno del “fraccionamiento” de contratos

El término “fraccionamiento” puede sonar como algo tomado de un libro de matemáticas aburrido, pero en este contexto es bastante emocionante… si te gusta el drama, claro. Se refiere a la práctica de dividir contratos grandes en innumerables contratos menores para omitir las regulaciones que requieren mayor transparencia y competencia. Imagina que compras una pizza grande y decides pagarla en pequeños trozos de un solo trozo cada vez, para no atraer la atención de los que venden la pizza.

El escándalo recién comenzó a gestarse cuando la exinterventora general de la Junta de Andalucía presentó un informe advirtiendo sobre posibles indicios delictivos en las contrataciones del SAS en 2022. Y aunque esto puede parecer un problema administrativo menor, la magnitud de los contratos —234,5 millones de euros en partidas menores— es de todo menos trivial.

La denuncia de Podemos

Aquí es donde Podemos entra al juego, lanzando una denuncia a diversos juzgados en Cádiz, Huelva, Córdoba y Granada. Hasta ahora, solo la primera denuncia ha dado lugar a la apertura de diligencias. La ironía no se pierde: mientras el Gobierno andaluz sostiene que no hay nada que investigar, todos esos informes provinciales, revelados por elDiario.es, han generado suficiente ruido para que los letrados del SAS en Cádiz soliciten su personación en el proceso. ¡Que jaleo!

La actuación de la Junta: ¿errores o un “fraude de ley”?

Así que, ¿qué conclusión se puede sacar de toda esta tormenta de actividad judicial? Al parecer, la Junta ha adjudicado a dedo un total de 1.225 millones de euros en 2021 gracias a un sistema de fraccionamiento masivo e indebido. La Intervención General de la Junta ya ha ordenado que se investiguen todos esos contratos menores en las ocho provincias andaluzas. Y las conclusiones son bastante alarmantes. Informes de auditoría revelan lo que algunos llamados “errores administrativos” podrían ser descritos más acertadamente como un “fraude de ley”.

Los interventores, como unos detectives privados, advierten que los contratos menores han sido troceados para eludir la ley. La ley que, por cierto, establece que estas figuras contractuales solo deben utilizarse en situaciones excepcionales. La pregunta que viene a la mente es: ¿realmente estaba el Gobierno andaluz en una situación tan urgente todos esos días? A veces pienso que esto es como pedir pizza a medianoche; a menudo, no es una verdadera urgencia, sino simplemente un antojo.

La respuesta del Gobierno: más preguntas que respuestas

Frente a las acusaciones y la evidencia abrumadora, el comportamiento del Gobierno andaluz ha sido llamativo. Si bien, en público, han afirmado que este caso «se desinfla cada día», en la trastienda, los movimientos legales están en marcha para que el Ejecutivo de Moreno participe en la causa. El recurso de reforma presentado por la Consejería de Salud podría ofrecer a quien lo lea un momento de “tensión dramática”, pero ¿y si, finalmente, se vio obligado a responder por sus acciones?

En esta saga de tensión, el colapso de la imagen pública del Gobierno es palpante. Es difícil mantener una fachada sólida cuando la evidencia de mala conducta está flotando en el aire como confeti en una fiesta de cumpleaños.

La inminente auditoría: ¿tiene solución?

La resolución de este caso no solo es crucial para aquellos involucrados, sino también para todos los ciudadanos andaluces que exigen rendición de cuentas. La posibilidad de una auditoría más profunda está sobre la mesa, y esto bien podría ser la luz al final de un túnel oscuro. Sí, la auditoría puede ser vista como un término que promete un extenso proceso e incluso más trabajo para los presuntamente implicados. Pero es en situaciones como esta donde el verdadero carácter emerge.

Decir que se necesita una auditoría porque se están buscando respuestas es casi un eufemismo. Es un “corta y pega” de lo que cualquier responsable desearía escuchar. Pero, la sociedad también debe preguntarse: ¿será suficiente con solo auditar? ¿Qué medidas se implementarán para asegurar que esto no vuelva a ocurrir?

Conclusión: el futuro del SAS y la transparencia

Mientras tanto, el futuro de la contratación sanitaria en Andalucía se encuentra bajo un lente minucioso. Hay quienes esperan, con optimismo cauteloso, que el gobierno finalmente abra las cortinas y muestre su verdadero rostro en esta situación. Palabras como “transparencia”, “rendir cuentas” y “buena gobernanza” podrían empezar a hacer eco en los pasillos de la Junta. Después de todo, la confianza es un activo muy valioso en la administración pública.

En definitiva, este es solo el comienzo de un proceso que, de darse a conocer, podría llevar a ese ansiado cambio que muchos abogan. Y quisiéramos pensar que, en un futuro cercano, si miramos hacia atrás en esta historia, no será solo un capítulo de acusaciones rimbombantes, sino una historia contundente sobre la lucha por un sistema más justo, más claro y que realmente funcione, no solo en papel, sino para el bien de todos los andaluces.

¿Será que esta generación de líderes democráticos finalmente escuche el clamor de sus ciudadanos, o seguirán navegando entre sombras y misterios? Solo el tiempo lo dirá.