El debate sobre el uso del catalán y el castellano en el sistema educativo de Cataluña es antiguo y complejo. En este contexto, los talleres ULAE (Usos Lingüísticos en el Ámbito Educativo) han acaparado la atención del público, generando tanto apoyo como rechazo. Desde su creación en 2021, los talleres han sido vistos por algunos como una herramienta para promover el uso del catalán en la educación, mientras que otros los consideran una estrategia para marginalizar el castellano. En este artículo, exploraremos en profundidad la situación actual, las críticas y los apoyos en torno a los talleres ULAE, ofreciendo una visión equilibrada y reflexiva sobre un tema tan candente como relevante.

¿Qué son los talleres ULAE?

Los talleres ULAE surgen como parte del Plan de Promoción del Uso de la Lengua Catalana de la Generalitat. Esta iniciativa llega después de una histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2020, que obligó a impartir una asignatura más en todo el sistema educativo catalán. A pesar de que la sentencia está en un estado de «stand by» mientras el Tribunal Constitucional toma decisiones sobre su constitucionalidad, el Govern ya había decidido poner en marcha estos talleres.

La idea inicial detrás de los ULAE era proporcionar herramientas que facilitaran la gestión de la diversidad lingüística en los centros educativos. Sin embargo, la percepción desde el inicio ha estado marcada por la polémica. Defensores del bilingüismo se han expresado con contundencia, afirmando que se están utilizando estos talleres como «el brazo ejecutor del Govern» para desplazar el uso del castellano en las aulas, y convertir el catalán en la lengua predominante.

Estrategias cuestionables de los comisarios lingüísticos

Recientemente, un informe elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha revelado las tácticas empleadas por lo que han denominado «comisarios lingüísticos» en los centros ULAE. Este término quizás suene un poco drástico, pero lo cierto es que los documentos filtrados muestran que, bajo ciertas directrices, algunos centros han realizado encuestas anónimas a alumnos y profesores para «delatar» a aquellos que no utilizan el catalán.

Imagínate en el aula, con tus compañeros de clase, y el profesor te lanza una pregunta: «¿Quién no está usando el catalán correctamente?» Pronto te das cuenta de que los dedos van a señalarte, y no necesariamente porque tú seas el único en problema. La presión social puede ser enorme. Lo que se suponía que era una forma de enriquecer el ambiente educativo se ha transformado para algunos en una especie de cacería de brujas lingüística.

Además, los inspectores han sido utilizados en algunas ocasiones para «coaccionar» a los profesores reacios, recordándoles que «no tienen libertad de cátedra». Tal vez sí tener ese tipo de control es lo que se entendía por crear un ambiente inclusivo. La pregunta aquí es: ¿realmente estamos enfocados en educar y fomentar un ambiente amigable, o estamos empujando una agenda?

La presión sobre los docentes y las familias

Los talleres ULAE no solo impactan a los alumnos, sino que también están teniendo efectos sobre los educadores. Se han observado casos documentados en los que ciertos docentes han sido presionados para ser parte del grupo impulsor o se les ha advertido sobre las posibles repercusiones si no cumplen con el mandato de utilizar el catalán en sus aulas. Algunas estrategias incluso incluyen instruir a las asociaciones de padres para que se comuniquen únicamente en catalán, enfatizando que este idioma trae «ventajas de integración».

De nuevo, la anécdota me viene a la mente cuando recuerdo mis propias clases de idiomas. Siempre supe que aprender una lengua no es solo cuestión de vocabulario y gramática, sino también de emociones e integraciones sociales. Y aquí llega otro dilema: ¿qué sucede cuando imponemos algo, incluso con la mejor de las intenciones? La respuesta parece estar en el equilibrio, pero ¿es esa una apreciación que todos comparten?

Un sistema educativo bajo presión

El informe de la AEB también revela que el compromiso de los profesores con el proyecto ULAE es bastante escaso. Con más de 1,400 centros educativos enlazados al programa, solo 30 habían recibido capacitación específica al inicio del curso. Obviamente, la falta de formación a este respecto es un problema evidente y exacerba la crisis. Si los maestros no están entrenados, ¿cómo se espera que se implementen estos cambios?

Además, el informe sugiere que la creación de estos grupos ha animado y proporcionado una coartada para aquellos directores y profesores que abogan por la exclusión total del castellano en las escuelas. Esto es inquietante considerando que la diversidad cultural y lingüística son verdaderos tesoros en nuestras sociedades contemporáneas.

¿No deberíamos estar promoviendo un entendimiento enriquecido entre diferentes idiomas, en lugar de dejar que el miedo y la presión imprima un sello de exclusión? La educación debe ser un espacio de inclusión y diversidad, no de sumisión a una sola lengua.

El dilema de los puntos y las notas

Una de las anécdotas más sorprendentes del informe es la existencia de un profesor que, aunque no enseña una asignatura lingüística, decidió hacer un seguimiento riguroso del uso del catalán en su clase. Este docente creó una aplicación con la que comunicaba a sus estudiantes la pérdida de puntos en sus evaluaciones si no utilizaban el catalán. Un «premio» camuflado como incentivo, pero en esencia, un castigo.

Imagine la escena. Alumnos en un aula, todos con sus dispositivos en la mano, tratando de no perder esos puntos que ya comienzan a parecerse más a castigos que a incentivos. ¿Es este el modelo educativo que queremos? Una educación que, en lugar de fomentar el aprendizaje y la curiosidad, opta por medir la competencia lingüística en términos de puntuaciones?

La presidenta de la AEB ha denunciado estos métodos, argumentando que enmascarar el castigo tras la idea de premiar el uso del catalán es éticamente cuestionable. Sinceramente, creo que todos podemos estar de acuerdo en que la educación debe fortalecer, no debilitar.

La controversia en torno a la exclusión del castellano

El informe también expone la existencia de prácticas en las que se prohíbe a los alumnos hablar en castellano en los patios o se les advierte que sus calificaciones podrían disminuir si lo hacen. Este tipo de acciones son inquietantes, ya que pueden percibirse como una forma de control social que atenta contra la libertad de expresión de los estudiantes.

Aumenta la inquietud cuando las altas instancias educativas parecen estar involucradas. Los inspectores educativos están siendo acusados de apoyar tales acciones en un intento de «monitorear» el uso del catalán, lo que intensifica la sensación de una especie de vigilancia en el sistema educativo. Si ya de por sí, la transición hacia un modelo más inclusivo es complexa, esta injerencia puede ser un verdadero retroceso.

Una llamada a la reflexión: el futuro del sistema educativo en Cataluña

Así llegamos a una encrucijada. La cuestión del uso del catalán y el castellano no se limita a un debate entre dos lenguas, sino que se convierte en un espejo que refleja cómo cada uno de nosotros valora la diversidad cultural y cómo deseamos que nuestros hijos se relacionen con ella.

Con una comunidad educativa caracterizada por su heterogeneidad lingüística, sería un error simplificar nuestra realidad a una dicotomía. Promover un idioma sobre otro como parte de una agenda política puede proveer ventajas momentáneas, pero a largo plazo, ¿qué enseñamos realmente a nuestras futuras generaciones?

Finalmente, los talleres ULAE requieren una profunda revisión y conversación abierta. ¿Deberíamos trabajar juntos para encontrar un equilibrio en la enseñanza de diferentes lenguas que respete la diversidad con la que convivimos? ¿Es posible aunar esfuerzos para que el aprendizaje sea una celebración, no una guerra? Tal vez la respuesta a esta pregunta marque la diferencia en el futuro del sistema educativo catalán.