Con la llegada masiva de menores migrantes no acompañados a las costas de Canarias, el panorama se vuelve cada vez más complejo. En medio de esto, el reciente acuerdo del Gobierno sobre los protocolos de atención a estos menores revela tensiones que van más allá de la política. Aquí te relato cómo se desenvuelven estas circunstancias y qué hechos relevantes se han presentado recientemente en torno a un tema que nos concierne a todos.
Un enfoque cuestionado: el protocolo del Gobierno de Canarias
Imagina por un momento a un niño, solo, en una isla desconocida, rodeado de administraciones que no logran ponerse de acuerdo sobre cómo ayudarlo. Esta imagen, aunque evoca una narrativa de ficción, refleja una realidad palpable que muchos están viviendo en este momento. La situación ha llegado al punto donde se plantea impugnar disposiciones de fuerza de ley tomadas por el Gobierno de Canarias, como un protocolo que, pese a ser comprensible en su fundamentación, no hace más que empeorar la crisis.
La lectura del reciente dictamen del Consejo de Estado es clara. A pesar de que el Gobierno canario ha planteado que las dificultades en la identificación de los menores y la saturación de recursos justifican un protocolo personalizado, el dictamen desmiente esta lógica. Según el Consejo, las justificaciones del Gobierno canario son comprensibles, pero no pueden servir para vulnerar los derechos fundamentales de estos menores.
En un momento reflexivo, me pregunto: ¿Hasta qué punto la burocracia puede ir en detrimento de la vida y bienestar de un niño?
La protección de menores y la complejidad de competencias
La política es complicada, pero cuando se trata de promover la protección y asistencia de menores, esa complejidad debe ser aún mayor. El ministro de Bienestar Social ha indicado que la obligación de cuidar a estos niños recae en las entidades autonómicas, sin embargo, el Consejo de Estado manifiesta que estos protocolos no pueden introducir requisitos adicionales no previstos en la normativa estatal.
Aquí hay un tema delicado: La legislación se superpone con la moral. ¿Deberíamos permitir que los requisitos administrativos interfieran en el bienestar inmediato de un menor? La respuesta parece obvia, pero la realidad es que cada día que pasa sin una resolución, estos niños continúan vulnerables.
La resolución del conflicto de competencias también se complica por la inconstitucionalidad de las decisiones tomadas por las autoridades canarias. Las voces críticas han resaltado que al demorar la atención adecuada, se está vulnerando no solo su derecho a la protección, sino también su dignidad y libre desarrollo.
¿Estamos realmente preparados para ayudar?
Según las cifras más recientes, Canarias ha sido testigo de un aumento significativo en el número de menores no acompañados. Muchos de ellos proceden de lugares en conflicto —como Siria, Afganistán o los países de la región del Sahel. Estas historias son desgarradoras y nos desafían como sociedad.
Hay algo conmovedor — y algo trágico — en pensar que, mientras estamos debatiendo protocolos y leyes, hay una vida en juego. Cuando escucho sobre casos de menores que llegan a costas españolas tras haber enfrentado peligros que ni siquiera podemos imaginar, me pregunto: ¿Qué estamos haciendo mal?
Cada vez que veo una noticia sobre menores migrantes que han dormido en centros de atención temporal (CATEs) sin recibir la atención adecuada, me indigna. Esta situación ha llevado a que el Delegado del Gobierno en Canarias pida una reforma legal urgente. Y aquí está el dilema, porque la reforma es necesaria, pero el tiempo es crucial.
Un dilema de derechos humanos
La relación entre la ley y los derechos humanos es intrínseca, y el reciente dictamen del Consejo de Estado reafirma esta verdad. Tal como señala el Consejo, las dificultades que enfrenta el Gobierno canario para manejar la situación no justifican la falta de atención y apoyo a estos menores.
Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Puede que sea el tiempo de fusionar la ética con la práctica política, de encontrar un camino donde la legislación pueda ser flexible sin perder de vista el objetivo principal: la protección del menor. Esto significa revisar no solo los protocolos de actuación, sino también las leyes que los regulan.
Las voces de los expertos y el camino a seguir
Los expertos coinciden en que la clave para abordar esta crisis no es solo incrementar el presupuesto estatal o autonómico, sino implementar un plan integral que no solo contemple la atención inmediata, sino también la reintegración social de estos menores. Esto incluiría el acceso a educación, salud, y, muy importante, apoyo psicológico.
Aquí entra la importancia de las ONG y organizaciones internacionales que trabajan incansablemente para ayudar. Conozco algunas que están realizando un trabajo excepcional. Pero, ¿es suficiente? Si las instituciones no llegan a un consenso claro sobre cómo manejar la situación, los esfuerzos individuales pueden no ser suficientes para abordar la magnitud del problema.
Un cambio de paradigma es lo que se necesita. La instalación de mecanismos de colaboración entre administraciones, ONG, y la sociedad civil es, quizás, la respuesta ante un problema tan complexamente humano.
Reflexiones finales: un llamado a la acción
Y así, tras el hilo de acontecimientos, el dilema se presenta claro. Cada día que pasa, los menores migrantes continúan llegando a las costas canarias, enfrentándose a un sistema que, en teoría, debería protegerlos, pero que en la práctica parece esquivar su responsabilidad.
La pregunta persiste: ¿Qué podemos hacer como individuos y como sociedad para asegurarnos de que estos jóvenes no solo sean un número más en las estadísticas? Tanto el Gobierno central como el autonómico deben recordar que detrás de cada cifra hay una vida con sueños y anhelos.
Es por eso que cada pequeño gesto cuenta: desde la defensa de sus derechos hasta la sensibilización en nuestras comunidades sobre esta problemática. Después de todo, no se trata solo de cumplir con la ley, sino de cumplir con la humanidad.
Recordemos que detrás de toda ley siempre hay un ser humano. La historia de cada menor migrante que llega a nuestras costas es un llamado a la empatía. Tengamos el valor de responder a ese llamado y trabajar juntos hacia soluciones que realmente impacten en sus vidas y aseguren su futuro.
Porque si hay algo que deberíamos aprender de esta crisis, es que mantener un diálogo abierto y constructivo es fundamental para encontrar respuestas a problemas tan complejos como este. ¿Estamos dispuestos a escuchar? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de muchos menores que buscan solo un poco de calor y protección en la fría burocracia del sistema.
En definitiva, la situación actual en Canarias es un reto colectivo que exige nuestra atención, nuestra acción y, sobre todo, nuestra humanidad.
