La justicia es un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática, y a menudo nos encontramos lidiando con la pregunta: ¿Podemos confiar realmente en los tribunales que supuestamente deben proteger nuestros derechos? Mi interés por este tema se avivó tras leer un artículo reciente sobre el Tribunal Constitucional de España, que nos sumerge en un mar de incertidumbres y controversias. ¿A quién podemos pedir cuentas cuando el sistema parece estar amañado? Hablemos sobre ello.

La neutralidad del juzgador: una expectativa necesaria

Imaginemos que vas a un juego de fútbol, pero el árbitro tiene una camiseta con el logotipo de uno de los equipos. ¿Te sentirías cómodo con su decisión? Por supuesto que no. La neutralidad del juzgador es esencial para garantizar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro que incluso las apariencias de parcialidad son suficiente motivo para cuestionar la manera en que se conforma la justicia. Pero, ¿cuán verdaderas son estas preocupaciones en la práctica?

Recientemente, el Tribunal Constitucional absolvió a once condenados en el caso de los ERE, arrojando luz sobre la posible parcialidad en estas decisiones. Las críticas no tardaron en llegar. Muchos se preguntan si algunas sentencias se tomaron “propter amicitiam”, es decir, por amistad o conveniencia política, generando un clima de desconfianza que absorbe a todos, desde los simples ciudadanos hasta los profesionales del derecho.

Un triángulo de sospechas: gobierno, magistrados y partidos políticos

La relación entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional es más complicada que un triángulo amoroso en una telenovela. Cuando la mayoría de los magistrados son designados por el Gobierno, surge la duda: ¿Están realmente haciendo su trabajo de manera independiente? Algunos de estos magistrados, aliados al partido en el poder, parecen ser rehenes de unas decisiones que no siempre están alineadas con la justicia.

Las sentencias recientes han avivado la desconfianza, particularmente aquellas que invaden la competencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, única habilitada para evaluar las pruebas. Cuando un tribunal empieza a usurpar funciones de otro, es como si un portero decidiera jugar de delatero. No suena bien, ¿verdad?

Un cambio merecido, aunque tardío

Es importante reconocer que algunas decisiones del Tribunal Constitucional han aportado cambios significativos en la configuración del derecho fundamental a la legalidad penal. Sin embargo, como diría mi abuela, “más vale tarde que nunca”, aunque también podríamos preguntarnos por qué hemos tenido que esperar tanto. Los siete cambios positivos que se han implementado son una bocanada de aire fresco, pero siempre quedan más preguntas que respuestas.

Un aspecto interesante de este tema es el principio de «in dubio libertas», que aboga por la absolución del acusado cuando hay dudas sobre la constitucionalidad de una sentencia condenatoria. Ahora bien, ¿no es esto lo que todos desearíamos escuchar cada vez que se plantea un caso controvertido?

El agravio comparativo: ¿quién está realmente a cargo?

El Tribunal ha sido acusado de arbitrariedad al denegar el amparo a demandas similares en el pasado, lo que nos lleva a cuestionar su legitimidad. ¿Es que nuestras voces no cuentan en el tablero de la justicia? Es desalentador pensar que algunos casos son considerados más relevantes que otros. Los ciudadanos han llegado a un punto de frustración, y no es para menos.

Además, la legislación que regula la composición del Tribunal Constitucional parece estar más cerca de un juego de ajedrez en el que los jugadores ya conocen las jugadas de antemano. La transparencia es un deseo que muchos albergamos, pero a menudo nos encontramos ante un laberinto.

La solución: un camino hacia la confianza

Ahora surge una cuestión esencial: ¿hay alguna forma de restaurar la confianza en el sistema? La respuesta parece estar en la modificación de la legislación que regula el Tribunal. Si los dos partidos políticos mayoritarios decidieran trabajar en conjunto, como deberían hacerlo, podríamos ver un cambio significativo hacia una mayor neutralidad y una erradicación de la desconfianza.

Como bien dijo el famoso jurista Alonso Martínez: «el legislador se eche en brazos de la lógica». Al prohibir que aquellos que han sido parte del Gobierno ocupen funciones en el Tribunal Constitucional, se daría un gran paso hacia la independencia judicial que todos deseamos.

Un epílogo que invita a reflexionar

Para cerrar este análisis, es fundamental recordar que la justicia no es sólo un concepto abstracto, sino un conjunto de principios que deben mantenerse a toda costa. El regreso de la malversación por culpa ‘in vigilando’ podría ser un paso crucial para la protección de los fondos públicos y para la rendición de cuentas que tanto anhelamos.

Quizás un día, las decisiones del Tribunal Constitucional reflejen realmente los valores constituidos que todos aspiramos a ver en un sistema democrático. Sin embargo, hasta que eso ocurra, debemos permanecer alerta, hacer preguntas incómodas y exigir progenitores responsables para una justicia que sea realmente justa.

Como podría decir un amigo, “La vida es como un partido de baloncesto; si no juegas con las reglas, ¡te puedes quedar sin puntos!” Así que no olvidemos que nuestra participación en la sociedad es fundamental para asegurar que cualquier reforma no se quede solo en palabras vacías.

¿Hay alguna esperanza para el futuro de la justicia en España? ¡Eso está en nuestras manos! Solo el tiempo dirá si tomaremos el destino en nuestras manos o seguiremos viendo cómo el sistema se tambalea entre las sombras de la parcialidad. ¿Estamos listos para ser los defensores de una justicia equitativa? La respuesta, como siempre, está en cada uno de nosotros.